Fiscalía pide 30 años y medio a Ricardo Calvo Cobas por San Lázaro II
La acusación reclama la misma pena para su esposa y atribuye distintos delitos a los otros cinco procesados. La vista comenzará el 20 de noviembre en Santiago.
La acusación reclama la misma pena para su esposa y atribuye distintos delitos a los otros cinco procesados. La vista comenzará el 20 de noviembre en Santiago.

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La Fiscalía solicita 30 años y seis meses de prisión para Ricardo Calvo Cobas y reclama la misma pena para su esposa. Les atribuye la dirección del club San Lázaro II, en San Marcos, y la gestión de la actividad investigada. El juicio contra siete acusados comenzará el viernes 20 de noviembre a las 10.00 en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.
El Ministerio Público sitúa el comienzo de los hechos en torno a 2014 y sostiene que el matrimonio seleccionaba a las mujeres, fijaba sus condiciones de trabajo y controlaba los ingresos. Según la acusación, algunas estaban en situación de vulnerabilidad económica, administrativa o personal. Debían pagar 30 euros por jornada y cinco por cada servicio; los retrasos o las ausencias podían acarrear multas de 30 euros, y salir del local con un cliente, una de 120. La Fiscalía afirma que también recibían amenazas y que algunas no podían rechazar determinadas prácticas sexuales.
La acusación atribuye a los responsables la distribución de cocaína y el blanqueo de los beneficios. En los registros del 30 de abril de 2023 se intervinieron 40.147,61 euros, que el Ministerio Público vincula a las actividades investigadas. También pide decomisar 17 terrenos, dos inmuebles en Portugal y dos vehículos, además de la clausura definitiva del club.
Para cada una de las tres mujeres reconocidas como víctimas, la Fiscalía solicita una indemnización de 15.000 euros. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha señalado que las partes podrían alcanzar un acuerdo de conformidad, con reconocimiento de los hechos y una rebaja de las penas. El club permanece cerrado provisionalmente desde el operativo policial de 2023, según La Voz; la acusación pide que el cierre sea definitivo.
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