El retraso del Ayuntamiento en el pago de facturas costará a las arcas municipales de Alicante otros 200.000 euros más: el ejecutivo local ha aprobado este martes una compensación económica a las empresas responsables de las obras de la avenida Jijona y la oficina para la rehabilitación de Virgen del Remedio. Mientras, el vicealcalde Manuel Villar ha reconocido que este tipo de pagos se producen porque "algo no se ha hecho correctamente" y asegura que se busca agilizar la tramitación de expedientes para que "esto no suceda".
En concreto, el ejecutivo local ha aprobado transferir a Grupo Bertolín, la mercantil a cargo de la remodelación del eje conformado por la avenida de Jijona y Maestro Alonso, un total de 201.181 euros, en concepto de "intereses de demora". La pasada semana, el Ayuntamiento ya aprobó poner punto final de forma oficial a las actuaciones, que han acumulado dos años de retraso y más de 700.000 euros de sobrecoste.
Por el mismo motivo, aunque en una cantidad simbólica, el Consistorio también ha aprobado el pago de 143 euros de intereses por el contrato de gestión de la Oficina de Rehabilitación del Entorno Residencial de Rehabilitación programada en el barrio Virgen del Remedio de Alicante.En este caso, el Ayuntamiento acumuló un retraso total más de 350 días en hasta cinco facturas distintas. Por otra parte, el órgano municipal ha rechazado una tercera reclamación, en este caso por las obras de Torre Sarrió, debido a que se entiende "prescrito" el derecho al reconocimiento o liquidación de dichos intereses.
Casi dos millones en sentencias
No solo los retrasos del Ayuntamiento costarán dinero a las arcas municipales, también su estrategia jurídica. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la ejecución de dos sentencias por las que el Consistorio tendrá que abonar cerca de dos millones de euros.
La primera de ellas llega por la gestión de las zonas verdes de la ciudad, después de que el TSJ diese la razón a Geamur y condenase al Ayuntamiento al pago de 600.000 euros por el tiempo en el que la empresa estuvo asumiendo el servicio con el contrato ya caducado.
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha validado el abono de 1,1 millones por imperativo judicial, tras acumular hasta 21 facturas pendientes de pago por el servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones eléctricas de baja tensión del Ayuntamiento de Alicante.
Más intereses
En julio de este mismo año, el gobierno local ya aprobó otra "remesa" de facturas atrasadas, que costó más de 744.000 euros a las arcas públicas. El ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala asumió entonces la ejecución de media decena de sentencias condenatorias, con importes que oscilaban entre los 2.000 y los 300.000 euros. Desde el Consistorio admitían ya entonces que la situación, frecuente en la capital de la provincia, "preocupa", por lo que buscan desde entonces fórmulas para que no se repita.
La primera de aquellas facturas se venía arrastrando desde el año 2022, cuando la UTE adjudicataria del contrato de Ordenación del Tráfico de Vehículo presentó un recurso contra el Ayuntamiento, reclamando el pago de 692.744,17 euros, más otros 71.684,33 en concepto de intereses de demora. Un año después, el gobierno local asumió el abono de la parte central de la deuda, pero no de los intereses, que fueron reclamados judicialmente por las mercantiles responsables. Finalmente, las arcas municipales han tenido que asumir el importe completo: otros 118.000 euros.
Otros tres pagos de intereses, de entre 2.000 y 247.000 euros, tenían que ver con servicios de transporte de la ciudad. En uno de ellos, relativo a una sentencia de 2025, se reconoce el derecho de la UTE MIA Alicante (a cargo del autobús municipal) al cobro de los intereses de demora por las facturas abonadas fuera del plazo legalmente establecido. En este caso, el importe a sufragar era de 69.155 euros.