En las horas previas al arranque oficial de la campaña electoral se sucedieron varias decisiones judiciales y movimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En varios frentes y todos señalando al Ejecutivo y al PSOE. Una acumulación de causas que, para la Moncloa, no son casuales cuando España está inmersa en un periodo electoral, el que desembocará en las generales del 29 de noviembre. El Gobierno está visiblemente molesto y en público apela a la "prudencia" y a la "imparcialidad" y "profesionalidad" de la Justicia. A esa "norma no escrita" que operaba "siempre", hasta ahora, y que suponía que cuando hay unos comicios en marcha los juzgados evitaban resoluciones de claro impacto político para no interferir en el proceso.
El jueves 12 de noviembre, último día de la precampaña y a horas, por tanto, del arranque de la campaña oficial, se conoció que la UCO había acudido al Tribunal de Cuentas por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, por la causa que tiene abierta, y bajo secreto de sumario, sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. También la UCO se personó en el Tribunal de Cuentas y en el Ministerio de Igualdad para pedir información sobre un supuesto fraude de fondos europeos en la contratación de las pulseras antimaltrato, en el marco de unas pesquisas que la Fiscalía Europea inició el año pasado.
Trascendió asimismo un informe de la UCO en el que el empresario Cristian Corvillo, considerado como el chófer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017 —etiqueta que Ferraz niega— alardeó ante el comisionista Víctor de Aldama de que mantuvo un encuentro con el presidente del Gobierno el 20 de abril de 2023 en Córdoba. El día anterior, Corvillo envió a Aldama este mensaje: "Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo una reunión privada con él. Me ha llamado Óscar López [entonces director de Gabinete de Sánchez]". Además, la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional imputó a Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta (y dimitido el pasado 28 de septiembre) por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y lo llamó a declarar para el 18 de noviembre, en plena campaña.
Todo eso pasó en apenas unas horas, todo ayer jueves. Y por esos movimientos ordenados por la Justicia se le preguntó a la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y al titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que aprobó tanto la puesta en marcha de la maquinaria para el próximo decreto ley de revalorización de las pensiones conforme al IPC como la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados y de 200 más de fiscales.
Sobre el hipotético encuentro de Sánchez con Corvillo en 2023, Saiz apuntó lo que ya ayer adelantaban fuentes de la Moncloa: "Esta reunión no se produjo nunca y el propio presidente del Gobierno ha dicho que no tiene nada que ver con esas personas". La portavoz reproducía así lo dicho por el jefe del Ejecutivo hace una semana en la comparecencia que ponía fin a la XXX Cumbre Iberoamericana: que "ninguna" de las personas detenidas entonces por la UCO en el marco del caso Koldo tenían "nada que ver" con él.
Desde Ferraz y la Moncloa se ha venido insistiendo en que Corvillo no era el conductor de Sánchez, ni en aquel momento, 2017, ni posteriormente, que en todo caso pudo ser su chófer no regular, sino ocasional. Y respecto a la supuesta reunión de 2023 que relató el empresario a Aldama, en el Gobierno añaden que el hoy ministro Óscar López tampoco "conoce" al primero, a Corvillo, "de nada". Recuerdan que, si él era el hombre del exministro José Luis Ábalos en la provincia, no tendría sentido que el entonces director de Gabinete contactara con él, cuando Ábalos ya había salido de Transportes y del aparato federal del PSOE en julio de 2021. Ese 20 de abril de 2023 sí estuvo Sánchez en Córdoba en un acto institucional, tal y como figura en su agenda, pero para la Moncloa eso no es un dato elocuente: "Si quieres fingir, obviamente no te vas a inventar una reunión con el presidente en Córdoba un día en el que se sabe que no estuvo allí".
A Bolaños se le inquirió por la catarata de actuaciones judiciales que afectan al Ejecutivo en las horas previas al arranque de la campaña del 29-N. El ministro intentó primero ser cuidadoso: "Yo confío en que todos los órganos judiciales, la Fiscalía, la UCO, actúen con imparcialidad y con profesionalidad". Cuando se le preguntó por esa antigua costumbre que dice que en periodos electorales se evitan las decisiones judiciales de impacto político, el ministro respondió esa "norma no escrita" le parece "muy prudente". "Me parece muy razonable, me parece que se ha venido cumpliendo siempre en todos los procesos electorales y que es respetuosa con los procesos que están en curso, como estas elecciones generales", añadió.
En privado, fuentes de la Moncloa no ocultaban su malestar. "Todo el mundo tiene ojos en la cara", expresaron. Es decir, que es bastante evidente que hay operaciones que se están llevando a cabo saltándose esa "norma no escrita" de no hacerlas. "Llaman la atención los tiempos y las coincidencias. A partir de ahí, máxima colaboración con la Justicia", añaden desde el equipo más cercano al presidente. En el Gobierno recuerdan que en anteriores procesos electorales de generales no se producía esa concurrencia de actuaciones judiciales a las puertas de una campaña. "Siempre se ha respetado eso", protestan.