El PSOE hizo público el domingo su programa electoral para las generales del 29 de noviembre, un documento de 500 compromisos que sitúa la vivienda como principal prioridad de la legislatura y propone movilizar cada año recursos equivalentes al 1% del PIB para garantizar el acceso a casas asequibles. Pedro Sánchez adelantó varias medidas en un mitin en Alcorcón (Madrid), al que asistieron más de 5.500 personas.
En vivienda, el plan prevé constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y adquisición, que se sumaría a las que promuevan comunidades autónomas y entidades locales. También propone destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo de compra de vivienda protegida y asequible, crear un banco estatal de suelo público y movilizar más de 25.000 millones de euros a través del ICO para avales, préstamos y financiación. A ello suma 4.700 millones del Plan Social del Clima y 400 millones anuales del Fondo de Vivienda de Impacto Social. El objetivo, según el programa, es alcanzar la media de los países del entorno en vivienda pública y protegida.
El nuevo impuesto «contra la especulación» gravaría de forma progresiva la posesión de viviendas de fondos de inversión y grandes propietarios que no se destinen al alquiler residencial asequible. El programa indica que se aplicaría a las dedicadas a fines turísticos, las vacías y las que se alquilen a un precio abusivo. Fuentes de Ferraz recalcan que la medida no iría contra los pequeños propietarios. «A los grandes fondos de inversión y grandes propietarios les vamos a poner más impuestos», proclamó Sánchez en el mitin. El PSOE plantea además un registro de fondos de inversión y Socimi y otro de precios de los contratos de alquiler.
En materia de alquiler, el programa propone ampliar por ley la duración de los contratos, sin especificar plazo, y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en las zonas tensionadas. El texto no recoge la prórroga indefinida de los contratos que impulsó Sumar y que el Congreso rechazó en dos ocasiones. Para los usos turísticos, los municipios podrían establecer un impuesto sobre las pernoctaciones y aplicar recargos a las estancias. El PSOE se compromete también a un marco estable de protección frente a los desahucios de personas vulnerables, cuyo coste asumirían las administraciones y no el pequeño propietario, y propone reformar la Constitución para que la vivienda sea un derecho fundamental.
En el terreno laboral, el partido plantea completar la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales e incentivar la negociación colectiva hacia las 35. Esa reducción decayó en el Congreso en esta legislatura cuando Sumar intentó sacarla adelante. El programa incluye un registro horario digital y el refuerzo de la Inspección de Trabajo contra las horas extra ilegales y no remuneradas. Propone también blindar por ley un salario mínimo superior al 60% del salario medio y una Ley de Salarios Justos que eleve la tributación de las cotizadas cuando la retribución de su primer ejecutivo supere en 100 veces la mediana de la plantilla, con un tramo superior a partir de 200 a 1.
En cuidados, Sánchez anunció una prestación de la Seguridad Social de cuatro semanas, al 100% de la base reguladora, para el cuidado de hijos menores de ocho años, y el programa contempla una prestación estatal por crianza. Entre otras propuestas figuran la «unión de amistad» en el Código Civil para personas sin vínculo familiar o de pareja que convivan, una cuenta pública de 1.000 euros para cada recién nacido y la gratuidad de la matrícula del primer curso de grado en las universidades públicas.
En fiscalidad, el PSOE plantea un tipo máximo del 35% para las rentas del capital superiores a 300.000 euros y más impuestos a los «tecnooligarcas», que complementarían la actual tasa Google. El programa duplicaría la tasa Tobin, del 0,2% al 0,4%, para determinadas compras de acciones de empresas cotizadas, y recoge una reforma del despido improcedente. El texto incluye además una tasa específica para los viajes de lujo con fuerte huella de carbono.
El programa compromete unos 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para conservar y mantener la red ferroviaria, tras los accidentes de Adamuz y Urda. Prevé la doble verificación de las órdenes de circulación, la puesta en servicio del sistema ERTMS de nivel 2 en la línea Madrid-Sevilla y un calendario público para extenderlo al resto de la red. Propone un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, que se negociaría con las asociaciones de víctimas, los trabajadores del sector y las fuerzas políticas. El documento plantea hasta cinco pactos de Estado. Otros compromisos son reformar la Constitución para proteger el derecho al aborto y la revalorización de las pensiones según el IPC, y crear un «escaño ciudadano» sin voto para que la sociedad civil pueda formular preguntas al Gobierno.
El País interpreta que Sánchez ha asumido medidas que defendía Sumar, como la prestación por crianza y el 1% del PIB para vivienda, y que busca concentrar el voto progresivo en torno al PSOE. El mismo diario señala que todas las casas de encuestas, salvo el CIS, apuntan a una mayoría absoluta de PP y Vox. En Alcorcón, Sánchez pidió una «movilización histórica» que lleve la participación al 75% y permita una «remontada épica» como la de 2023.
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