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La investigación de Adamuz coge ritmo con el análisis de las piezas de la vía rota tras diez meses de espera
La jueza Cristina Pastor autoriza a los investigadores técnicos de la AITAT a realizar pruebas no destructivas sobre los fragmentos del carril y la soldadura, cuya quiebra provocó el 18 de enero el descarrilamiento de un tren de Iryo
Foto: vía El País
Javier F. Magariño, Liliana Ochoa · El PaísPublicado 13 nov, 13:54Ver en elpais.com
Las pesquisas policiales y técnicas para esclarecer las causas de la tragedia ferroviaria ocurrida el 18 de enero en Adamuz (Córdoba) recobran el pulso. La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) ha obtenido permiso de la jueza que instruye el caso, Cristina Pastor, para medir el desgaste del carril analizando las piezas que fueron recogidas en el punto en que descarriló el tren de Iryo, el kilómetro 318,681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Contra ese convoy que ocupó la vía contraria impactó un Alvia de Renfe, dejando un total de 46 víctimas mortales. Esos fragmentos de vía y sus soldaduras permanecen desde hace diez meses bajo llave en dependencias del Ministerio de Transportes, esperando su traslado a un laboratorio especializado en ensayos metalográficos. Antes de ser sometidas a pruebas que podrían afectar a su integridad, las piezas van a poder ser revisadas por la AITAT a través de pruebas no destructivas.
La jueza de la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha puesto garantías por delante al reclamar a la autoridad independiente de investigación técnica que cualquier trabajo se lleve a cabo “bajo control y vigilancia de la Policía Judicial”. Según explica en una resolución dictada esta semana, los agentes deberán redactar una acta que “será remitida inmediatamente” al juzgado con los datos del “modelo y tipo de herramienta digital de medición de desgaste de carril utilizada, personas intervinientes, actuaciones realizadas y las incidencias que pudieran sobrevenir durante la práctica de la diligencia”. La magistrada Pastor también exige que se garantice en todo momento “la trazabilidad de los efectos y la cadena de custodia”. Durante los tests en la sede del Ministerio de Transportes deberán asistir también los peritos judiciales.
La AITAT trasladó el día 10 la petición de permiso para utilizar una herramienta recién adquirida para comprobar cuál era el estado de la vía en el punto en que se quebró completamente al paso del Iryo accidentado en Adamuz. Esa tecnología cabe en un maletín y es de la empresa Acre Surveying Solutions. “Por la presente informamos que desde la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Ferroviarios de la AITAT se ha procedido a la compra de una herramienta digital de medición de desgaste de carril”, apunta una técnica de la AITAT a través de un escrito remitido a la jueza de Montoro y a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, desde donde se dirige la investigación. Y avisa de que tiene previsto recibir dicha herramienta el 15 de noviembre. En el mismo oficio, solicitaba autorización judicial para “proceder a la realización de la medición de desgaste de carril sobre las muestras depositadas” en sus instalaciones (muestras A, B, D y F, ambos lados de la soldadura), “que en todo caso no supone alteración de las muestras”. La propia AITAT sugería la participación de los peritos judiciales en las mediciones.
Antes de conocer la compra de un equipo de análisis de carril, la Guardia Civil demandó el día 9 que los investigadores técnicos realicen un informe sobre el estado de sus pesquisas “sin perjuicio de la autonomía y régimen propio de su investigación”.
Dudas sobre la integridad de la infraestructura
El gestor de la infraestructura ferroviaria Adif ha remitido nueva información al juzgado de Montoro sobre los informes de auscultación en las vías en la zona de Adamuz, el expediente de la obra de emergencia acometida tras el siniestro para restablecer el tráfico en la línea Madrid-Sevilla y el suministro de balasto en ese punto. Esta nueva remesa de documentación ha volado desde Madrid tras las dudas abiertas por los peritos judiciales sobre el estado de la infraestructura solo nueve meses después de su reparación.
El pasado día 4 se supo que Adif había solicitado permiso a la jueza unas jornadas antes, el 20 de octubre, para acceder a la zona del siniestro con el fin de realizar trabajos de mantenimiento. Tales labores respondían a tres deformaciones detectadas en las vías de desvíos en Adamuz, ante lo que los peritos mostraron su asombro y demandaron la referida documentación. La remodelación de ese punto de la Madrid-Sevilla concluyó en diciembre de 2025, semanas antes del accidente del 18 de enero. Posteriormente, fue reconstruido en febrero de este año. Los peritos quieren determinar si un defecto en la estructura, que vuelve a aparecer ahora, tuvo relación con la tragedia.
La causa abierta acumula ya diez meses entre la avalancha de acusaciones particulares, falta de medios en el juzgado y los problemas que tuvo este para encontrar peritos. Las pruebas que deben arrojar luz sobre lo ocurrido fueron retiradas por la Guardia Civil y custodiadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF, integrada en julio en la AITAT) el día después del siniestro, siendo trasladadas hasta Madrid. En una sala del Ministerio permanecen bajo clausura las piezas del carril roto y del paralelo. La incógnita es si falló el propio raíl por un defecto de fabricación por parte de ArcelorMittal o si la rotura se originó en la soldadura hecha por la empresa Maquisaba, uniendo una pieza fabricada en 2023 con otra instalada en 1989, lo que se contempla en la normativa de Adif sobre soldaduras.
La CIAF recomendó dos laboratorios para llevar a cabo las pruebas: uno privado de la asociación empresarial gallega Aimen, en O Porriño (Pontevedra), y un segundo de titularidad pública en Madrid, dependiente del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). De momento, no se ha decidido el traslado. También se trata de comprobar si el accidente fue provocado por una rotura en diferido de la vía, consistente en que una parte estuviera fragmentada previamente. La AITAT cree que la quiebra del raíl se produjo 22 horas antes del descarrilamiento, sin que fuera detectada por la tecnología de circuito de vía, que habría advertido de una brusca y sostenida caída de tensión si la rotura hubiera sido abierta. Por allí circularon 47 trenes hasta el desenlace fatal. Este hecho ha movido a la autoridad independiente a recomendar a Adif la adopción de nuevos medios para detectar fracturas a la vista de que los sistemas de auscultación, los circuitos de vía y los avisos de los maquinistas no son elemento de alarma suficiente.
La causa secreta de Urda
Mientras la jueza de Montoro impulsa la investigación, la de Orgaz (Toledo), que indaga en el choque de dos trenes en Urda del pasado 28 de octubre —en el que murieron 69 personas―, intenta aprender de los primeros pasos de la causa de Adamuz. Desde el principio, la instructora se apresuró a blindar el lugar del accidente: prohibió que se retirara cualquier elemento de la vía sin una orden judicial para evitar la dispersión de pruebas. En el siniestro de enero, Adif retiró fragmentos de la vía, los trasladó a instalaciones propias y practicó ensayos una vez que se levantó el cerco judicial. La Guardia Civil advirtió de que esas operaciones se habían realizado “sin advertirlo ni solicitarlo”; la jueza del caso reclamó que se devolviera el material y advirtió de posibles responsabilidades penales.
A diferencia del accidente de Adamuz, en el que las claves se centran en las vías y las soldaduras en las que se produjo el descarrilamiento que desembocó en el choque de los dos convoyes, en el de Urda las primeras pesquisas dirigen el foco hacia el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif en Madrid-Puerta de Atocha. Allí trabaja el operador señalado por el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, por haber autorizado al tren AVE de Renfe continuar con “marcha normal” pese a que el Iryo estaba parado en la misma vía unos 25 kilómetros más adelante. Tras las primeras horas del accidente, la jueza ordenó a la Guardia Civil que recabara los datos de circulación y que identificara a los encargados del mando en el momento del choque. Además, declaró secreto el sumario, algo que no hizo en su momento la jueza de Adamuz, a pesar de que los investigadores del instituto armado así se lo pidieron.
La AITAT participa en ambas investigaciones. Su trabajo no es determinar si hubo o no responsabilidades penales en dichos accidentes, sino aclarar las causas de los choques para adoptar medidas correctoras. Durante los nueve meses que lleva abierto el procedimiento sobre el siniestro de enero, la autoridad ha publicado cinco notas informativas y tiene pendiente presentar su informe final. En el caso de Urda, ha emitido ya una nota con los datos recabados en las 24 horas posteriores al choque. Según estas primeras conclusiones, el tren Iryo estaba detenido ante la señal de entrada de la estación de Urda E242 cuando fue alcanzado por su cola por el AVE, una colisión que “se produjo a una velocidad que se estima entre 160 y 200 kilómetros por hora”. La embestida provocó que el coche de cabeza del AVE (coche 8) “quedase empotrado en el coche de cola del Iryo (coche 1)”. Tras el impacto, ambos segmentos de los convoyes acabaron volcados y girados al pie del terraplén de la vía, recoge la autoridad.
La Guardia Civil también forma parte de las averiguaciones. El instituto armado es el encargado de custodiar las cajas negras de los trenes involucrados en ambos choques, unos dispositivos que registran los parámetros de marcha del convoy y las operaciones que realizan los maquinistas durante la conducción.
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