La victoria judicial de los inquilinos de la calle Tarragona: “Mi casa no será un piso turístico”
Dos sentencias avalan la revocación por parte del Ayuntamiento de las licencias que la propiedad del edificio tramitó sin avisar a los vecinos
Dos sentencias avalan la revocación por parte del Ayuntamiento de las licencias que la propiedad del edificio tramitó sin avisar a los vecinos

“El día que entré en el buscador del Ayuntamiento y constaté que mi casa era un piso turístico sentí un vértigo terrible, me vi en la calle”. Habla en el sofá de su casa Eduard Malynovskyy, de 31 años: “Ahora tenemos la sentencia que dice que se revoca la licencia, y sé que no será un piso turístico, pero el susto fue tan grande que a ratos todavía tengo miedo”. Eduard es uno de los dos inquilinos del edificio de la calle Tarragona de Barcelona que tiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que da la razón al consistorio barcelonés y revoca la licencia de piso turístico que la propiedad tramitó sin avisar a los vecinos. Y no son pocos: el edificio tiene 120 vivendas, todas de alquiler.
Hay que remontarse a 2019. En un vacío legal entre dos versiones del plan urbanístico del Ayuntamiento sobre alojamientos turísticos del gobierno de la ex alcaldesa Ada Colau, la familia Gallardo, propietaria de los laboratorios Almirall, solicitó las licencias y se las otorgaron. Desde entonces, al finalizar los contratos, no se renovaban, los vecinos se marchaban en silencio y sin saber nada de las licencias, la propiedad reformaba los pisos y se convertían en turísticos. Hasta que en 2023 estalló la noticia: todas las viviendas de la finca se habían convertido en pisos turísticos. Los vecinos ataron cabos: entendieron a qué venía el frenesí de vecinos que se marchaban, obras en las viviendas que quedaban vacías y el jaleo de turistas en los pisos reformados. En total, los que se vaciaron son 33. Preguntada la empresa por su versión en el conflicto, la respuesta por teléfono es que “no hacen declaraciones”.

Costó mucho, pero poco a poco los vecinos vieron que no se trataba de un problema individual, comenzaron a organizarse, primero en un chat y luego con el Sindicato Socialista de Vivienda. El Ayuntamiento se dio por aludido y trató de retirar 78 de las 120 licencias (las que no eran contratos indefinidos o los 33 pisos ya con uso turístico o de temporada). Ya en este mandato, con Jaume Collboni como alcalde (y la voluntad de eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028), se decidió defender a los vecinos en los tribunales y en primera instancia algunas sentencias daban la razón al consistorio y otras a Gallardo. La propiedad recurrió en el contencioso administrativo que no le daban la razón al TSCJ. Y la sentencia de Eduard, de la semana pasada, y otra de mayo son las primeras, explican fuentes del consistorio. En los dos casos el TSCJ se fija en la Ley de Turismo de Cataluña que fija que una de las condiciones para otorgar licencias es que “una vivienda de uso turístico debe poderse poner inmediatamente a disposición de sus usuarios”. Que no era el caso de los pisos de la calle de Tarragona, con contratos en vigor.
“Las sentencias confirman el posicionamiento del Ayuntamiento de Barcelona y es favorable a los intereses de la ciudad y vecindario que vive”, celebran fuentes del consistorio, que señala: “El contenido de la sentencia es muy relevante: si una licencia de HUT no se activó dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación del comunicado, puede extinguirse si se acredita con pruebas fehacientes. Si podemos acreditar que aquella vivienda se ha destinado al alquiler de larga duración y que la licencia turística no llegó a utilizarse, ésta puede quedar sin efecto”. El consistorio entiende además que sentará jurisprudencia y “dará herramientas para proteger viviendas donde actualmente viven vecinos y evitar que regresen al mercado turístico”.
El piso de Eduard y su madre es el único en el que han vivido en Barcelona. Llevan 13 años en él, antes vivieron en una pequeña ciudad de Tarragona. “Nosotros somos migrantes ucranios, no tenemos red familiar ni herencia y nuestro contrato acaba este mes de diciembre” cuenta sobre la angustia que les entró cuando se enteraron de la licencia turística. “Nunca habíamos tenido problemas, siempre nos habían dicho que éramos inquilinos modélicos, que nunca reclamábamos nada...”. Todos los inquilinos hablan maravillas del administrador de la finca con quien hablaban hasta hace seis o siete años.
“Ahora Gallardo siempre quiere interlocutar individualmente y no colectivamente, con el sindicato”, apunta uno de sus portavoces, Oscar Boronat. “Nunca comunicaron a los vecinos que habían conseguido licencias, esperaban al vencimiento para no renovar y hacer obras para obtener más beneficios... ahora entendemos por qué no lo comunicaron”. El representante del Sindicato se alegra de victorias como conseguir en 2025 prórrogas de tres años en los contratos que vencían en 2025 y 2026, las sentencias judiciales de ahora, pero reprocha al Ayuntamiento “que tuviera una actitud reactiva: se movieron cuando vieron que nos habíamos organizado y que el Bloc Tarragona era un nuevo buque insignia de la lucha inquilina”. En las últimas semanas, los inquilinos y la organización se están acogiendo a cualquier normativa que permita prorrogar contratos. Por ejemplo, los decretos del Gobierno, que no están convalidados, pero sí vigentes. En ellos confía Eduard, porque su contrato vence en pocas semanas. De hecho, las sentencias del TSJC son recurribles al Supremo, pero cuesta pensar que haya recurso y pronunciamiento antes de diciembre.
Con esta victoria judicial que sienta precedente en la mano, los inquilinos de la calle de Tarragona se acuerdan de dos cosas. Primera, de los vecinos que ya no están y se hubieran podido quedar. Y segunda, de que tendrán que seguir conviviendo con turistas. Eduard tiene uno en el piso de arriba y otro en el de al lado. “Cuando se acerca el Mobile, o conciertos en el Estadio Olímpico, el Sònar o el Primavera Sound ya tiemblo... piensa que la capacidad de cada piso es de siete personas”, dice.
Melani Andrada, una de las inquilinas de la calle de Tarragona más activas desde el comienzo se acuerda también de los 24 vecinos con contrato indefinido, “que son mayores, tienen mucho miedo y no se han unido a la lucha”. “No se dan cuenta de que hemos evitado que se quedaran solos en un edificio gigante de pisos turísticos”. Y añade que si las sentencias que revocan las licencias “son buenas hacia dentro del edifcio” también lo son “hacia fuera: mandamos un mensaje a los especuladores de que no lo tendrán tan fácil”.
Texto de El País tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en elpais.com · Volver a la noticia de El Autómata