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Las claves
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordena a la Policía Nacional investigar de forma específica las cargas policiales ocurridas durante la huelga general y pide prescindir del uso de gas lacrimógeno.
Socios de Gobierno e independentistas como Sumar, Compromís, Podemos y ERC exigen la dimisión de Marlaska por la actuación y brutalidad policial contra los manifestantes.
Los sindicatos policiales tachan de inadmisible la investigación y la retirada del gas lacrimógeno, denunciando falta de respaldo del Ejecutivo tras el asesinato de un agente en Oviedo.
La jornada de protestas y altercados se salda con más de un centenar de detenidos en toda España, incluyendo 52 detenciones en Barcelona y 20 en Madrid.
La jornada de huelga general de ayer dejó muchas imágenes de violencia contra los manifestantes por parte de la Policía Nacional. Los piquetes informativos de la mañana vandalizaron múltiples locales y dieron paso a las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en varios puntos de España.
Tras las movilizaciones se vieron cargas policiales que ya se habían producido durante la mañana y han sido denunciadas por sindicatos, manifestantes y partidos políticos.
Ahora, el Ministerio del Interior ha anunciado que investigará dichas cargas policiales. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, ha instado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, la apertura de "investigaciones específicas" por las actuaciones policiales, según fuentes del departamento.
Imágenes actualizadas de la huelga general en numerosas ciudades de España.
"Estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes", señalan las mismas fuentes.
Paralelamente, Marlaska ha pedido que se prescinda del gas lacrimógeno como medida de control de las manifestaciones, tras verse imágenes de manifestantes afectados por el alcance de aerosol directamente a los ojos.
Los principales sindicatos de Policía han expresado un rechazo unánime tanto a esta medida como a la investigación abierta, la cual consideran "inadmisible" porque dicen que se "pone bajo sospecha a los agentes y restringe sus medios de intervención", lo que redundará en "más lesiones".
Las organizaciones han denunciado que se tache de "abuso policial cualquier uso de la fuerza" y han pedido que les den respuestas alternativas cuando los agentes "reciben pedradas, agresiones o artefactos incendiarios".
Asimismo, han reseñado que no haya "un respaldo público contundente" al cuerpo en relación a la muerte de un policía por la detonación de una mochila bomba en Oviedo.
"Resulta inadmisible que el ministro haya decidido abrir una investigación sobre las intervenciones policiales durante la huelga general y ordenar la retirada del gas lacrimógeno como medio de intervención en manifestaciones, mientras ni siquiera ha sido capaz de trasladar públicamente su pésame a la familia del compañero asesinado en Oviedo ni de comparecer para condenar este terrible crimen", ha puntualizado Jupol en un comunicado.
Agentes cargando contra manifestantes en la huelga general.
Reuters
En este texto han pedido la "dimisión inmediata" del titular del departamento.
El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que agrupa a escalas de subinspección, ejecutiva y superior, ha argumentado en un comunicado que la retirada de herramientas como el gas lacrimógeno de los antidisturbios "no es modernizar, ni es progresista: es dejar a los agentes vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz".
Además, apuntan que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional "no es arbitrario", sino que "es legítimo, es legal y está guiado en todo momento por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad".
"Pretender hacer creer que la violencia se combate sin medios es una irresponsabilidad absoluta que pone en riesgo directo la vida de nuestros policías", sostiene el SPP.
Desde la Unión Federal de Policía (UFP) también han solicitado la dimisión de Marlaska, a quien acusan de "aparecer para señalar a los policías", "no para defenderlos y no para garantizar su seguridad".
"La Policía Nacional no puede convertirse en el escudo político de un ministro" que, a juicio de esta organización sindical, "ha demostrado una preocupante falta de respaldo institucional a sus propios funcionarios", ha argumentado.
La dimisión de Marlaska
Tras el visionado de las imágenes, varias formaciones han pedido la dimisión del ministro responsable de dichos cuerpos. Entre ellos, los propios socios de Gobierno, Sumar, han sentenciado que Marlaska no puede seguir en el cargo tras
"No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo. ¡Cómo puede actuar así con personas que se manifiestan pacíficamente!", ha aseverado la portavoz de la formación en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, justo antes de entrar en la votación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente.
También desde las filas de Frente Amplio (nueva confluencia política que aglutina a los ministros de Sumar), el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se ha remitido al número dos por Madrid del partido, Emilio Delgado, quien ha pedido de forma explícita el cese del titular.
Compromís, en boca de su portavoz en el Congreso, Alberto Ibañez, también ha exigido su salida del Ejecutivo. "Si no puede controlar a la policía es evidente que no puede ser ministro", ha aseverado.
Desde el independentismo catalán, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha afirmado que se trata de "una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como las de la ultraderecha".
Ha declarado que su formación es "la primera" en pedir su dimisión, pero más allá de la brutalidad policial, por no derogar la 'ley mordaza' y por las muertes en la frontera sur del país.
Rufián ha ido más allá y ha especulado sobre que hay una parte del poder policial, al igual que del judicial, "que va en contra del Gobierno", sin eximir de culpa al Ejecutivo.
Por su parte, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Marlaska "asumir su responsabilidad" y ha ido más allá al espetar que "nunca tuvo que ser ministro, a la luz de su trayectoria”.
Belarra ha denunciado el gas pimienta o "las identificaciones masivas a personas que participaban en movilizaciones pacíficas" y ha insistido en que las huelgas "se hacen así, con piquetes y movilizaciones que consiguen los derechos que hoy se disfrutan" en España.
La propia Belarra publicó un vídeo en redes sociales en el que se le pedía la identificación por parte de la Policía y ella respondía que quería saber el número de placa del agente.
Por parte del Gobierno, su portavoz, Elma Saiz, ha descartado la destitución y ha elogiado la diligencia con la que se ha actuado al abrir una investigación. Al ser preguntada en múltiples ocasiones por esta cuestión ha cargado contra la derecha por sus "insultos" a los sindicatos, en relación a las declaraciones de dirigentes como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusando de mafiosas a las organizaciones.
Saiz ha defendido la "total transparencia" de su Ejecutivo, así como la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De la misma forma, ha condenado las imágenes y ha aseverado que derechos fundamentales como la huelga y la manifestación deben estar garantizados.
En relación a la actuación policial, el ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido que "algunas imágenes no me han gustado".
"Los mandos tendrán que determinar si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en alguna actuación concreta". Al igual que su compañera ha garantizado que el cargo de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, no corre peligro.
El Partido Popular, por otro lado, ha calificado la huelga de fracaso y ha denunciado el "uso de la violencia" por parte de los manifestantes contra aquellos que querían ir a trabajar.
Detenidos
En las movilizaciones de ayer, según informa la Policía Nacional y la Guardia Civil, hubo 1.144 incidencias que se están investigando y se realizaron 47 detenciones (sin contar con las del País Vasco y Cataluña).
En total, la cifra ascendería a más de un centenar de detenidos en todo el territorio, ya que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha elevado hasta las 52 personas el número de detenidos esta noche.
Se distribuyen de la siguiente manera: 20 detenidos en Madrid; 6 detenidos en Valencia; 4, en Málaga; otros 4 en Almería; 3, en Granada; 2, en Zamora; 3 detenidos en Castellón; 1 en Navarra; otro en Valladolid, La Rioja, Alicante y La Coruña.