Yolanda Díaz ha retirado su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) horas antes de una votación que era muy difícil que ganase.
"Hasta ahora, Yolanda tenía limitaciones para la campaña y es una baza clave", según relatan fuentes de la formación.
Aseguran que "va a estar" en campaña, pero reconocen que se retire la candidatura de Díaz "es una pena para la OIT".
Además, a las pocas horas de hacerse público el anuncio, Frente Amplio ha presentado su programa electoral para el 29-N en Madrid.
Uno de los puntos clave de la coalición está centrado en limitar las herencias "de los ultrarricos" a un máximo de 10 millones de euros por heredero.
Según ha relatado el portavoz de campaña, Pablo Bustinduy, esta medida "combatirá la desigualdad". Se implementará un tipo impositivo marginal del 100% sobre el tramo que supere esta cifra en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Además, se pretende introducir nuevos tramos. Para las herencias de entre 5 y 10 millones de euros, los tipos marginales serán altos, del 75%.
"Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida. A partir de los 10 millones, a los erarios públicos", ha sentenciado Bustinduy.
Esta medida afecta a las grandes fortunas y contempla todo tipo de activos como, por ejemplo, las acciones en una empresa. Lo cual afectaría a los herederos de acciones en grandes compañías como el Grupo Inditex o Mercadona.
"Hay 33 personas con más de 1000 millones, 400 con más de 100 y un 1% atesora más de 250.000 millones de patrimonio", explican. Por eso, aseguran que esta "concentración de poder económico y político" alimenta "un círculo vicioso de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza".
Sin embargo, para las herencias de menos de 120.000 euros, se reducirán los tipos que existen en la actualidad.
"La derecha siempre ha hecho de la meritocracia uno de los ejes discursivos, ¿qué mérito hay en nacer en una familia rica?", se ha preguntado Bustinduy.
Por eso, tiene claro que a partir de ahora "los ricos van a arriesgar un poquito más" y la riqueza "que generan los trabajadores", va a volver en forma "de servicios públicos, derechos e igualdad de oportunidades".
Impuesto a la acumulación
Uno de los ejes vertebradores del programa electoral de Frente Amplio gira en torno a la vivienda.
Su propuesta para que bajen los precios de los alquileres y garantizar el derecho a la vivienda "a la mayoría social" se basa en medidas como el impuesto a la acumulación de vivienda.
Esto se traduce en que se creará un gravamen del 10% sobre el valor de los pisos que afectará a las empresas y personas jurídicas desde el primer inmueble, mientras que a los particulares será a partir del cuarto. Eso sí, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros.
Ahí la formación quiere dejar claro que no es lo mismo tener "dos casas o tres en un pueblo que en ciudades como Madrid". Por eso, la medida prevé excepciones para particulares con participaciones minoritarias heredadas, inmuebles de escaso valor o circunstancias familiares acreditadas.
Eso sí, si los propietarios de estas viviendas deciden sacarlas al mercado del alquiler de forma asequible y estable, esos inmuebles estarán exentos de pagar este impuesto.
También estarán fuera las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro.
Ley de expropiación
Para conseguir que "la mayoría social no tenga que sufrir a final de mes sobre si van a poder pagar el alquiler o no", la propuesta de Frente Amplio es "rescatar la vivienda de los fondos buitre" para devolverla "a la ciudadanía que son los legítimos propietarios del derecho a la vivienda".
Así contemplan aprobar la Ley de Expropiación de Viviendas. Este proceso afectará al stock residencial de entidades que posean más de 1.000 inmuebles, la segunda fase será a los de más de 700 viviendas y la tercera a empresas propietarias de más de 50 inmuebles.
Asimismo, todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), irán a la empresa pública Casa 47.
200 euros por crianza
Una de las apuestas es aprobar la Ley de Prestación Universal por Crianza que concederá 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo.
Esta prestación se contempla como un derecho propio del menor que es inembargable y estará desvinculada a los ingresos o a la situación laboral de los progenitores.
Se realizará abonando mensualmente de forma automática como deducción reembolsable del IRPF abonada por la Agencia Tributaria desde el momento de nacimiento.
Una medida que se contempla en tres fases durante la legislatura. El primer año para los 0-6 años, el segundo para los que vayan de 7 a 12 años, y el tercero de 13 a 18 años.