Es perfectamente legal y hay precedentes (28 en Democracia) de decretos-ley aprobados en el periodo que va desde la convocatoria de unas elecciones generales y el día de la votación, cuando el Gobierno pasa formalmente a estar en funciones.
Sin embargo, nunca se había utilizado con tanta intensidad, centrados en asuntos que suponen incremento sustancial de gasto social y, además, desdoblados en Consejos de Ministros, dos por semana, para lograr mayor alcance propagandístico.
Pedro Sánchez ha puesto en marcha un proceso inaudito de aprobación precipitada de decretos-ley con calado que en la mayoría de los casos se refieren a asuntos que han quedado atascados en el trámite parlamentario por falta de apoyos a las leyes que los contenían.
El Gobierno aprovecha, además, que en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno del Congreso cuando las Cortes están disueltas, no necesitan el voto de Junts para aprobarlos.
Los "martes sociales" que anunció el Gobierno serán ahora "martes y viernes sociales", porque el Gobierno ha decidido desdoblar los Consejos de Ministros para celebrar al menos cinco antes de las elecciones.
Además, de este martes día 10, habrá los días 13, 17, 20 y 24 de noviembre, una parte de ellos en plena campaña. Por el momento dejan libre el día 27, viernes previo a las elecciones del 29-N. No hay razón material o procedimental para desdoblar los Consejos de Ministros a dos días a la semana, más allá del estrictamente propagandístico.
En una reunión de ese tipo pueden aprobarse cuantos decretos se quieran, sin límite. De hecho, la portavoz Elma Saiz no acertó a explicar en la rueda de prensa posterior al Consejo de este martes la razón del desdoblamiento, más allá del argumentario sobre el afán del Gobierno para mejorar la vida de los ciudadanos.
Lo hizo primero con los dos decretos de vivienda, consecuencia de la polémica por el desahucio de Maricarmen, que fueron rechazados en el Pleno del Congreso y que sirvieron de excusa para convocar elecciones. Esos decretos se votan el jueves en la Diputación Permanente y para los siguientes tendrá que haber varias reuniones de ese órgano parlamentario que sirven para que el Gobierno haga campaña incluso para afear a la oposición que se oponga a las medidas sociales que contengan los decretos.
El martes pasado se aprobaron medidas con cargo presupuestario sobre pensiones de viudedad y este martes se han aprobado decretos con medidas sociales para familias monoparentales y sobre dependencia, entre otras.
El propio ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, admitió que esas medidas estaban contenidas en proyectos de ley atascados en el Congreso por el rechazo de PP, Vox y Junts. Ahora se rescatan en decretos-ley y se seguirá haciendo hasta el día de las elecciones.
El ministro fijó en casi 2.000 millones de euros el gasto que suponen estos dos decretos, esta cifra se incrementará notablemente hasta las elecciones.
Hacer campaña con el BOE
Moncloa hizo acopio de leyes atascadas en el Congreso y decaídas con la convocatoria precipitada para ver qué se puede recuperar. Incluso, Sumar pidió aprobar por decreto la ley en trámite en el Congreso para dar la nacionalidad española a descendientes de saharauis.
Sin embargo, Moncloa consideró que la Constitución impide expresamente que se regule por decreto asuntos referidos a derechos fundamentales, en este caso el de ciudadanía y el de sufragio.
A partir del 29 de noviembre, el Gobierno en funciones sólo puede aprobar decretos sobre asuntos urgentes e imprescindibles, y así tendría que justificarlo. Ahora tiene libertad legal absoluta, más allá del pudor democrático de hacer campaña con el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Nunca antes había ocurrido y con toda seguridad este Gobierno, que ya ha aprobado 33 decretos este año batiendo todos los récords, habrá aprobado más normas de este tipo en periodo de precampaña y campaña electoral que todos los demás gobiernos en Democracia. Y en ninguno de esos casos eran decretos "sociales" o de reparto de dinero.
En 1982, antes del triunfo del PSOE de Felipe González, el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo aprobó seis decretos entre la convocatoria electoral y las elecciones. Se referían a la Orquesta Nacional, la financiación de las elecciones, medidas presupuestarias de Defensa y Seguridad Social, jubilación de maestros, fondos de garantía de depósitos y créditos extraordinarios.
En 1986, el Gobierno de González que tenía mayoría absoluta aprobó sólo uno sobre estiba y desestiba de buques. En 1993, aprobó dos sobre el trasvase Tajo-Segura y subvenciones a partidos para elecciones. En 1996 aprobó cuatro sobre créditos para gastos públicos, tasas y precios públicos, régimen fiscal de Canarias y daños por inundaciones.
El Gobierno de José María Aznar no aprobó ningún decreto en esos periodos.
En 2008, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó uno sobre el IPREM y financiación de la acogida de inmigrantes. En 2011 se aprobaron tres con créditos extraordinarios, Fondo de Garantía de Depósitos y daños del terremoto de Lorca.
En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó uno sobre reparación de daños causados por temporales.
En las generales de 2019, el Gobierno de Sánchez aprobó tres decretos sobre protección social y laboral, estiba portuaria y superávit de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Ese mismo año, en la repetición electoral, se aprobaron seis sobre insolvencia de Thomas Cook, entregas a cuenta a administraciones territoriales, seguridad pública digital, COP25, presupuesto de la Seguridad Social y retribución de las eléctricas, todas ellas urgentes y necesarias.
Y en 2023, Sánchez aprobó sólo un decreto sobre prórroga de medidas económicas y sociales por la guerra de Ucrania y ayudas a La Palma.
Este sistema se ha utilizado también desde la Moncloa en vísperas de elecciones europeas o autonómicas y municipales, pero no con decretos y con el Congreso y el Senado disueltos, por eso son casos distintos.
Quedan algunas decisiones que madura estos días el Gobierno, como la subida del salario mínimo y el indulto al exfiscal general, Álvaro García Ortíz.
La medida de gracia no irá este martes al Consejo de Ministros, el último antes de la campaña electoral.
Aunque fuentes del Gobierno entienden que es una medida apoyada por los votantes progresistas, hay tendencia en el Ejecutivo a pensar que se aprobará finalmente tras las elecciones, cuando sea ya un Gobierno en funciones. Y hay precedentes de indultos concedidos en esa fase.