Hace más de un año que Alberto Núñez Feijóo encargó a su equipo elaborar "papeles" con el grueso de las medidas que pretende poner en marcha en los primeros 100 días de Gobierno, especialmente las que tienen que ver con la llamada "regeneración democrática" y las políticas económicas. El líder del PP siempre tuvo presente que, con el rosario de escándalos de corrupción que ya afectaban tanto al PSOE como al Gobierno y la profunda debilidad parlamentaria que ha marcado la última legislatura de Sánchez, el adelanto electoral podía llegar en cualquier momento. Ahora aseguran estar "preparados" para aterrizar en Moncloa tras el 29 de noviembre.
El calendario electoral escogido por el líder del PSOE y la posterior formación del nuevo Gobierno estarán marcados por el fin del desembolso de los fondos Next Generation, previsto para el 31 de diciembre de 2026. Esa circunstancia obliga al líder del PP a ejecutar ajustes presupuestarios y revisar en profundidad el gasto público para cumplir, en paralelo, con otros grandes compromisos electorales, como la rebaja generalizada de impuestos o el blindaje de la actualización de las pensiones conforme al IPC.
En este sentido, el líder del PP incluirá en su programa de las generales de 2026 —que ya tienen listo bajo la batuta de la número tres del partido, Alma Ezcurra, y que harán público en los próximos días— el compromiso de impulsar una profunda auditoría de "todo el gasto que se ha hecho estos años y del funcionamiento de la Administración, de los organismos y de las empresas del Estado", que prevé tener lista antes de que finalicen los primeros 100 días de mandato. Habrá que esperar para conocer el alcance de los ajustes, pero la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, advirtió ya de que el próximo Gobierno incumplirá con los compromisos de gasto adquiridos con la Comisión Europea. En la noche del miércoles, Feijóo abrió la puerta en un foro de La Razón a renegociar la senda con Bruselas.
En abril de este mismo año, el líder popular citó la estimación de un posible ahorro de más de 40.000 millones de euros gracias a una auditoría que le permita identificar qué partidas recortar. "Explicaremos en qué se ha gastado cada euro, para qué ha servido, qué criterios se han utilizado para la dotación de personal e inversión y el grado de mantenimiento en el que se encuentran los servicios públicos. Revisaremos las ayudas, los contratos públicos y las subvenciones otorgadas: los fraudulentos serán denunciados, y los que no estén cumpliendo su objetivo serán corregidos o eliminados", recoge el programa de los populares, según ha podido saber ElConfidencial.
Dentro de esos posibles recortes, Génova abre ya la puerta a "revisar" y reducir la dotación estatal que reciben especialmente los dos sindicatos mayoritarios, con los que Alberto Núñez Feijóo ha abierto un nuevo frente público por la convocatoria de la huelga general del próximo 11 de noviembre, y que ha experimentado un incremento del 263% durante el mandato de Sánchez respecto a lo que recibían cuando aún gobernaba Mariano Rajoy. Hace unos meses, UGT y CCOO llegaron a presentar una propuesta de ley de Diálogo Social y Negociación Colectiva para blindar su financiación, precisamente por la perspectiva de un posible Ejecutivo de PP y Vox.
Uno de los puntos incluidos en los acuerdos autonómicos que PP y Vox firmaron en la primera mitad de 2026 incluía la "reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública" al 50% si "no acreditan de forma objetiva una utilidad pública efectiva". Para Abascal es, además, una de las líneas rojas programáticas de cara a un futuro acuerdo nacional con Feijóo, que avisa además a CCOO y UGT de que la futura interlocución en caso de llegar al Gobierno será difícil si mantienen su hoja de ruta "ligada a Pedro Sánchez" con un paro nacional, el primero en 14 años, en plena campaña.
En el PP aseguran que las conclusiones de la mencionada auditoría se incluirán en el primer presupuesto que Feijóo apruebe dentro del Gobierno y contemplará "qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos". El candidato popular desveló este miércoles que su intención pasa por presentar dos Presupuestos Generales del Estado el próximo año tras una legislatura completa sin que Sánchez haya impulsado un solo proyecto de cuentas públicas, una circunstancia que, según reconoció el propio Óscar Puente en el Congreso antes de comunicar su dimisión, ha afectado al mantenimiento de Adif.