Las candidatas de Frente Amplio y Podemos, Ada Colau e Irene Montero, han llevado a la campaña dos propuestas distintas para el sistema ferroviario: reunir Renfe y Adif en un operador público y revertir la liberalización mediante el artículo 128 de la Constitución. Colau presentó el pacto el lunes en Barcelona; Montero hizo su llamamiento tras reunirse con representantes del Sector Federal Ferroviario de CGT. Este martes, Colau ha defendido revisar el modelo tras dos accidentes ferroviarios ocurridos, según ella, en menos de un año.
Colau pidió un pacto de Estado que reúna al mayor número posible de fuerzas políticas y permita revisar la organización del ferrocarril. Propuso que las conversaciones comiencen el día después de las elecciones generales del 29 de noviembre. Su planteamiento incluye integrar Renfe y Adif en un operador público cohesionado, con protocolos comunes y liderazgo público en el mantenimiento. La candidata separó esta propuesta de la exigencia de responsabilidades políticas por el accidente de Urda (Toledo): sostuvo que, además de pedirlas, los partidos deben plantear soluciones para recuperar la confianza en el tren.
En una entrevista en Onda Cero este martes, Colau afirmó que los siniestros no responden a fallos aislados, sino que muestran problemas del modelo. Dijo que los maquinistas llevaban más de dos años advirtiendo de tramos de riesgo y señaló la externalización del mantenimiento como uno de los aspectos que deben revisarse.
La candidata de Frente Amplio también atribuyó parte de los problemas a la falta de inversión, que, según dijo, no es responsabilidad exclusiva del actual Gobierno y viene de ejecutivos anteriores. Añadió que la inversión se estaba recuperando. A su juicio, el acuerdo entre partidos debería abordar tanto esa carencia como la gestión del sistema.
Montero reclamó revertir la liberalización y aplicar el artículo 128 de la Constitución para recuperar el control público del ferrocarril. La eurodiputada, que encabeza la candidatura de Podemos, puso como referencia el caso del Reino Unido y defendió que la gestión y la seguridad del transporte, al que considera un derecho, deben quedar garantizadas desde el sector público. Sostuvo que permitir que empresas privadas hagan negocio con el servicio pone en riesgo la seguridad de los usuarios.
La dirigente afirmó que servicios de mantenimiento, prevención, control y señalización están externalizados. Aseguró que la señalización del tramo del accidente depende de Hitachi y Siemens, y citó a ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona entre las empresas que realizan tareas en el sistema. También pidió que se examine el papel de las contratas y de los cánones que pagan los operadores por utilizar las vías, que, según ella, son inferiores al coste de uso. Montero reclamó además la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.
La candidata de Podemos responsabilizó al PP y al PSOE de la liberalización ferroviaria y afirmó que ambos partidos respaldaron en 2019 su último paso. Puente tiene prevista para este martes una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde Montero pidió que se explique también la función de las empresas privadas en el sistema.
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