El Partido Popular incluye en su programa electoral para el 29-N la creación de "centros de retorno en terceros países", fuera de las fronteras de la Unión Europea, para ejecutar la expulsión de personas en situación irregular con orden firme de repatriación, o para solicitantes de asilo mientras se tramita su expediente.
La formación asume formalmente este mecanismo, recogido en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y copiado de las políticas migratorias de Giorgia Meloni en Italia, para gestionar la expulsión de migrantes en situación irregular que tengan orden firme de repatriación.
En paralelo a ese compromiso, Alberto Núñez Feijóo defiende públicamente el despliegue de buques de Frontex frente a las costas africanas, para taponar la salida de cayucos, y en aguas de Canarias.
El líder popular sitúa la contención de la "crisis migratoria" en el centro de su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto la de la reactivada ruta atlántica hacia Canarias, en forma de avalancha migratoria, como la de la mediterránea y, muy especialmente, la "invasión" de Ceuta, a finales de julio.
Génova reclama una activación permanente y reforzada de Frontex no sólo en Canarias, sino en todos los puntos críticos.
Feijóo ya exigió la intervención comunitaria para blindar Ceuta tras el asalto masivo a la frontera de julio, una demanda que este mismo lunes ha hecho extensiva a Baleares para taponar la ruta de pateras procedente de Argelia.
Colapso en El Hierro
El programa electoral de 249 medidas codifica la aplicación estricta del nuevo Reglamento Europeo para acelerar las repatriaciones.
El texto asume el modelo de externalización mediante instalaciones fuera de la UE, la ampliación de los plazos en los centros de internamiento (CIE) y la ejecución directa de órdenes dictadas por otros socios comunitarios.
En el plano diplomático, Feijóo advierte de que aplicará una "diplomacia migratoria" estricta para cortar las ayudas al desarrollo a los gobiernos de origen que "no colaboren en el control de la migración".
La dirección del PP, de momento, deja atrás debates sobre medios militares como el que sugirió Miguel Tellado en una entrevista en julio de 2024, centrando ahora toda su presión en la cobertura de Frontex y los acuerdos con terceros países.
La iniciativa de Génova llega en pleno choque institucional por el colapso migratorio en Canarias, donde los partidos autonómicos sellaban este domingo un pacto para exigir al Gobierno el auxilio inmediato de Frontex y reclamar cambios legales para juzgar a las mafias marítimas por homicidio.
La situación es crítica en puntos como El Hierro, donde la avalancha de llegadas supera en pocas semanas el 58% de la población local y desborda por completo las infraestructuras de acogida de menores.
Con la precampaña del 29-N abierta, el presidente popular ha comprometido ajustar cada año el cupo migratorio legal a la capacidad real de absorción y a las demandas laborales del país.
Programa del PP
El texto programático coordinado por Alma Ezcurra, que se presentará este martes en Madrid, concreta las reformas operativas en materia de extranjería.
En primer término, el PP prevé ejecutar las órdenes de expulsión, las de España y las dictadas por otros países de la UE a través de las alertas del Sistema de Información de Schengen (SIS II).
De este modo, los extranjeros localizados en suelo nacional con una resolución firme comunitaria serán repatriados directamente sin abrir nuevos expedientes sancionadores.
Asimismo, la formación ampliará el tiempo máximo de permanencia en los CIE, regulado actualmente en 60 días por la ley española, hasta los seis meses que permiten los márgenes de la normativa comunitaria para evitar que las demoras consulares obliguen a poner en libertad a personas con orden de expulsión.
El programa incorpora el uso de la figura del "tercer país seguro" para inadmitir solicitudes de asilo en frontera sin entrar al fondo del expediente. La administración derivará a los solicitantes a Estados extracomunitarios donde mantengan una conexión razonable y se garanticen los estándares de protección internacional y no devolución.
De igual modo, se aplicará el concepto de "primer país de asilo" para quienes ya cuenten con protección efectiva reconocida o disfruten de un estatus equivalente en un tercer Estado antes de ingresar en la Unión Europea.
En tales supuestos, la legislación comunitaria avala el rechazo formal y el retorno directo al territorio que ya les otorgaba cobijo.
La gran novedad programática radica en promover acuerdos para habilitar centros de retorno en terceros países, los llamados 'return hubs'.
Estas instalaciones exteriores alojarán a migrantes con orden firme de repatriación mientras se resuelven los trámites de retorno a sus lugares de origen, o los peticionarios de protección internacional a la espera de finalizar su expediente, con la exclusión expresa de menores no acompañados.
Por último, el plan electoral complementa las devoluciones forzosas con programas de retorno voluntario asistido junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La medida prevé incentivos económicos, cobertura de pasajes aéreos y ayudas a la reinserción sociolaboral en destino para quienes pacten su regreso voluntario.