El PP promete convocar elecciones tras dos prórrogas consecutivas de los Presupuestos
El programa plantea reformar las reglas para que una segunda prórroga consecutiva de las cuentas provoque la disolución de las Cortes.
El programa plantea reformar las reglas para que una segunda prórroga consecutiva de las cuentas provoque la disolución de las Cortes.

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El Partido Popular se compromete en su programa electoral a impulsar las reformas necesarias para que una segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales del Estado provoque la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. La propuesta no establece que la convocatoria sea automática con las reglas actuales: el efecto dependería de los cambios que plantea aprobar. El documento reúne 249 medidas. El Ejecutivo no ha aprobado nuevos Presupuestos durante la legislatura.
En el IRPF, el PP propone elevar los mínimos personales, reducir los tipos de los tramos más bajos y deflactar la tarifa para ajustarla a la inflación. También plantea adaptar el impuesto para que quienes cobren el salario mínimo no tributen. Para los trabajadores y autónomos jóvenes, propone rebajas durante los cuatro primeros años de vida laboral: del 100% el primero, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto.
En vivienda, la formación fija el objetivo de construir un millón de casas y propone limitar a tres meses el plazo para conceder licencias urbanísticas. El programa incluye derogar la Ley de Vivienda de 2023 y facilitar la conversión de oficinas y locales en viviendas asequibles. También prevé avales públicos de hasta el 20% del valor del inmueble para cubrir la entrada de la primera vivienda habitual, especialmente para menores de 40 años.
En pensiones, el programa no plantea una reforma de calado y mantiene la vinculación de las subidas al IPC. Sí propone deducciones en el IRPF para fomentar la jubilación activa. El PP también plantea que los gestores de empresas públicas sean elegidos por experiencia, mérito y capacidad, y revisar las participaciones del Estado para vender las que no respondan a un interés público o estratégico acreditado.
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