El programa electoral presentado por Alberto Núñez Feijóo en nombre del Partido Popular introduce, en su punto tercero, un compromiso que puede tener importantes consecuencias para el gobierno corporativo de las grandes empresas españolas. Bajo el epígrafe dedicado a reducir la estructura política, el PP promete que “los gestores de las empresas públicas serán elegidos por su experiencia, mérito y capacidad, no por afinidad política”. A continuación, añade otro compromiso de mayor alcance: “Revisaremos todas las participaciones empresariales del Estado y venderemos aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado”. Dos medidas que, de llegar al Gobierno, abrirían la puerta a revisar tanto los criterios de nombramiento como la propia presencia del Estado en el capital de las grandes cotizadas.
Aunque el documento no menciona expresamente a ninguna compañía ni establece un calendario de cambios en sus órganos de administración, el alcance potencial de la propuesta es motivo de comentario en el mundo de la gran empresa. Indra, Telefónica, Redeia, Enagás y Aena son algunas de las grandes empresas cotizadas en las que el Estado mantiene participaciones relevantes. En sus consejos se sientan casi una treintena de personas que, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, han sido nombradas o renovadas después de haber ocupado responsabilidades políticas o institucionales en el PSOE, el PSC o las formaciones independentistas catalanas. También hay consejeros que, sin haber tenido responsabilidades directas, cuentan con la proximidad y cercanía suficiente a los grandes dirigentes políticos como para ser propuestos para ocupar un sillón de estas grandes empresas. No todos son militantes ni representan formalmente a esos partidos, pero sus trayectorias permiten identificar una presencia política que el PP ha cuestionado reiteradamente.
En el mundo empresarial, la lectura que hacen algunos interlocutores de la propuesta es que la promesa de “derogar el sanchismo”, que Feijóo ha repetido en numerosas ocasiones, podría extenderse a los consejos de las compañías participadas por el Estado. Bajo esa interpretación, el cambio político no se limitaría a sustituir a los principales responsables ejecutivos, sino que podría abrir una revisión de los consejeros considerados próximos al partido que gobierna y a sus socios parlamentarios actuales.
En Aena, el principal cargo afectado por esa discusión sería el de su presidente, Maurici Lucena. Nombrado en julio de 2018, poco después de la llegada de Sánchez a La Moncloa, fue diputado del PSC en el Parlament entre 2012 y 2015 y portavoz del grupo socialista. La junta de accionistas de la empresa de gestión aeroportuaria volvió a reelegirlo en abril de 2026. En el consejo también figura Ramon Tremosa, antiguo eurodiputado de Convergència y exconseller de Empresa de la Generalitat durante el mandato de Quim Torra, vinculado al espacio político de Junts. Su incorporación al consejo se produjo en 2025.
En Indra, la presencia de antiguos cargos socialistas se concentra especialmente en los consejeros dominicales propuestos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de la compañía. Miguel Sebastián, ministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, forma parte del consejo junto a Antonio Cuevas, antiguo diputado socialista y presidente de la Comisión de Industria del Congreso, y Juan Moscoso del Prado, diputado del PSOE entre 2004 y 2016 y antiguo responsable de Relaciones Internacionales del partido. Los tres representan perfiles con una trayectoria política identificable. Moscoso fue reelegido en noviembre de 2025, mientras que Cuevas y Sebastián renovaron sus mandatos en junio de ese año.
La presidencia corresponde a Ángel Simón, ratificado en junio de 2026, cuyo perfil está más vinculado a la gestión empresarial y al entorno institucional catalán en el PSC. También ha sido identificado como próximo al nacionalismo catalán Josep Oriol Piña, consejero independiente que fuentes al tanto de su designación relacionan con una concesión a Junts.
En el conglomerado de Indra está la empresa de satélites Hispasat, donde también hay consejeros a los que se identifica con el entorno político y gubernamental. El caso más destacado es el de Pedro Duque, presidente de la compañía y ministro de Ciencia e Innovación entre 2018 y 2021 en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. También forman parte del consejo David Cierco, que dirigió Red.es y fue vicepresidente del Incibe entre 2018 y 2021, además de ocupar distintos puestos en el Ministerio de Industria durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero; y Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española y consejero a propuesta de la SEPI.
En Redeia, la principal referencia es Beatriz Corredor, presidenta desde 2020 y exministra de Vivienda con Zapatero, además de antigua dirigente del PSOE madrileño junto a Pedro Sánchez. Su último nombramiento data de junio de 2024. En el consejo también está Albert Castellanos, que fue secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat durante los gobiernos de Pere Aragonès, con lo que su trayectoria institucional le sitúa en el entorno de ERC. La composición del consejo incorpora tanto perfiles procedentes de los gobiernos socialistas como de la Administración catalana dirigida por los republicanos.
El consejo de la matriz de Red Eléctrica reúne otros perfiles con trayectoria en la Administración pública. Entre ellos figuran dos consejeros dominicales propuestos por la SEPI: Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores entre 2020 y 2021 con Pedro Sánchez, y José Luis Navarro, expresidente de Enresa y antiguo responsable de distintas áreas de la Junta de Extremadura durante los gobiernos socialistas de Guillermo Fernández Vara. A estos nombres se suma Natalia Fabra, consejera independiente desde junio de 2025 con ascendencia intelectual sobre el PSOE. Es catedrática de Economía y experta en el sector energético. También formó parte del consejo de Enagás entre 2021 y 2025.
En Enagás, por su parte, la relación de antiguos responsables políticos es igualmente significativa. José Montilla, expresidente de la Generalitat y exministro de Industria, ocupa un puesto de consejero independiente. José Blanco, exministro de Fomento y antiguo vicesecretario general del PSOE, también forma parte del órgano de administración. A ellos se suman Francisco Caamaño, exministro socialista de Justicia, propuesto por la SEPI, y Manuel González Ramos, antiguo diputado socialista y delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. La relación se completa con Vicenç Pedret, empresario considerado próximo a Oriol Junqueras y a ERC, y Elena Massot, vinculada al entorno empresarial catalán y considerada próxima al independentismo y a Junts.
En Telefónica, el nombramiento de Marc Murtra como presidente ejecutivo en enero de 2025 se convirtió en uno de los principales símbolos de la intervención accionarial del Estado. Antes había presidido Indra y había sido jefe de gabinete del ministro de Industria Joan Clos durante el Gobierno de Zapatero. Otro representante del Estado es Carlos Ocaña, propuesto por la SEPI en mayo de 2024 y antiguo jefe de gabinete adjunto de la Oficina Económica de Zapatero.
La presencia de antiguos cargos socialistas también alcanza a CaixaBank, donde Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación entre 2008 y 2011, y Teresa Santero, secretaria general de Industria durante el mismo Gobierno, forman parte del consejo. La entidad tiene una participación pública indirecta a través del FROB, distinta de las participaciones de la SEPI en las empresas industriales.
Fuera del Ibex, Ebro Foods cuenta con Meritxell Batet, expresidenta del Congreso y antigua primera secretaria del PSC; y Jordi Xuclà, antiguo diputado de Convergència y del PDeCAT, cuyo recorrido político pertenece al espacio convergente, aunque no debe identificarse automáticamente con Junts.
El caso más llamativo
El debate acerca del futuro de todos estos nombres tiene un origen, y prácticamente detonante, en la actual legislatura, cuando Feijóo criticó con dureza la sustitución de José María Álvarez-Pallete por Murtra en Telefónica en enero de 2025. Entonces afirmó que “ningún Gobierno puede cesar al presidente de una compañía cotizada o no cotizada en el Palacio de la Moncloa”. También reprochó al Ejecutivo que convocase consejos de administración durante el fin de semana para resolver los relevos en Telefónica e Indra. “Ningún Gobierno puede obligar a hacer un consejo de administración un sábado para una empresa cotizada, y un domingo para otra”, sostuvo. El líder popular denunció entonces que el Gobierno estaba extendiendo su influencia desde las instituciones públicas hasta las empresas privadas.
Sin embargo, una eventual revisión no sería sencilla. Los consejeros tienen mandatos estatutarios, habitualmente de cuatro años, y su cese no depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno, sobre todo aquellos que fueron nombrados como independientes. Algunos de los nombramientos y renovaciones actuales se extienden hasta 2028 o 2029, por lo que cualquier modificación tendría que pasar por los procedimientos societarios correspondientes. Además, en compañías como Indra o Telefónica existen accionistas privados con derechos e intereses propios. El PP también tendría que explicar qué criterio aplicaría a los consejeros vinculados a gobiernos anteriores del partido, algunos de los cuales continúan en órganos de administración de empresas participadas por el Estado, como Ana Palacio en Enagás o José María Abad en Redeia.
Feijóo no ha detallado públicamente qué modelo de gobernanza aplicaría, qué consejeros considera afectados ni si pretende modificar los criterios de selección, promover relevos o reducir directamente las participaciones públicas. Esa indefinición será especialmente delicada en el caso catalán. El PP tendrá que encontrar un equilibrio entre su promesa de despolitización, la presión de Vox para revertir las políticas del actual Gobierno y la necesidad de no abrir un nuevo frente con el tejido empresarial catalán, donde conviven perfiles vinculados al PSC, Junts y ERC y donde estas formaciones mantienen una presencia institucional y empresarial relevante.