Sigma Dos sitúa en el 19,1% a quienes secundarán la huelga del 11-N
La encuesta señala que el 58% no parará y que el 53,7% ve motivos políticos en la convocatoria. Transportes ha fijado los mínimos de trenes y vuelos para este miércoles.
La encuesta señala que el 58% no parará y que el 53,7% ve motivos políticos en la convocatoria. Transportes ha fijado los mínimos de trenes y vuelos para este miércoles.

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La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre cuenta con la intención de apoyo del 19,1% de los encuestados por Sigma Dos para El Mundo. El 58% afirma que no la secundará y un 6,7% todavía duda, aunque se inclina por no hacerlo. Además, el 53,7% interpreta que el paro pretende influir en la campaña de las elecciones del 29 de noviembre, mientras que el 42,7% lo relaciona con los problemas de empleo y vivienda. La encuesta se llevó a cabo entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre con 4.172 entrevistas a mayores de edad.
SocioMétrica, en otro sondeo publicado por El Español, calcula que el 22,2% de las personas ocupadas prevé sumarse a la huelga y que el 75% no tiene intención de hacerlo. El 73,4% de los encuestados cree que la protesta se dirige contra la oposición. Las cifras proceden de estudios diferentes y no miden exactamente lo mismo: el dato de SocioMétrica se refiere a trabajadores en activo, mientras que el de Sigma Dos corresponde a sus encuestados en conjunto.
La convocatoria también ha enfrentado a los partidos. Pedro Sánchez difundió un vídeo en el que recordó que los derechos laborales y sociales se lograron mediante acciones colectivas y advirtió de que «lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante». Alberto Núñez Feijóo consideró «un disparate» celebrar el paro y sostuvo que se dirige contra la oposición. Miguel Tellado, secretario general y director de campaña del PP, la calificó de «electoral» y «preventiva» ante un posible Gobierno popular y acusó al Ejecutivo de «azuzarla». Desde Vox, Jorge Buxadé criticó a los «sindicatos come gambas». El ministro Pablo Bustinduy defendió la huelga por la falta de subidas salariales.
Las organizaciones convocantes —CCOO, UGT, CGT, CNT y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, entre otras— reclaman mejoras en los salarios y el acceso a la vivienda. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, anticipó una elevada participación en Cataluña, donde, afirmó, existe un «consenso social amplísimo» sobre la protesta. CCOO ha habilitado un canal para atender las incidencias laborales de la jornada. Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, advirtió de que el paro supondrá para las pequeñas y medianas empresas «un perjuicio serio económico» y que probablemente tendrán pérdidas.
En Cercanías circulará el 75% de los trenes en los periodos de mayor demanda —de 6.00 a 9.00, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30— y el 50% en las demás franjas. Renfe mantendrá el 65% de los servicios de Media Distancia, el 73% de los de alta velocidad y larga distancia y el 26% de los de mercancías. En los vuelos entre la península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como en las rutas con obligación de servicio público, operará entre el 52% y el 85% de los vuelos; Transportes calcula que se protegerá al 90% del pasaje. Para conexiones internacionales y rutas peninsulares con alternativas de más de cinco horas, los mínimos serán del 39% al 64%, con el objetivo de reubicar al 65% de los viajeros. En las demás rutas peninsulares oscilarán entre el 18% y el 37%, y en la mayoría de los aeropuertos serán del 32%. Más de 663.000 pasajeros podrían verse afectados.
Los servicios mínimos también alcanzan al transporte urbano y otros sectores: serán del 80% en hora punta y del 50% en horas valle en el metro de Madrid; del 25% en el metro y Rodalies de Cataluña, y del 30% en el metro vasco. Deberán abrir dos de cada diez gasolineras y trabajará la mitad de la plantilla de Correos para garantizar el voto por correo. En materia de vivienda, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas plantea, entre otras medidas, incorporar viviendas vacías al mercado y aumentar la oferta pública. Su plan prevé obtener unos 20.000 millones de euros al año con tributos a las grandes fortunas y al capital para levantar un millón de viviendas públicas destinadas al alquiler.
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