"Ley de nietos": petición para que declaren como testigos Bolaños, Llop, Albares y Sumelzo
El objetivo es aclarar, dentro de la querella a Sofía Puente, "si algunas personas pudieron actuar dentro de una estructura estable"
El objetivo es aclarar, dentro de la querella a Sofía Puente, "si algunas personas pudieron actuar dentro de una estructura estable"

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado un escrito de alegaciones que propone la declaración testifical de la exministra de Justicia Pilar Llop, del ministro Félix Bolaños y de la secretaria de Estado para Iberoamérica Susana Sumelzo en el caso de la "ley de nietos". Y en el marco de la querella presentada contra Sofía Puente en Plaza de Castilla.
Solicita asimismo la declaración del titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la difusión y ejecución de instrucciones en la red consular, según un escrito presentado ante la Sección de Instrucción, Plaza n.º 35, del Tribunal de Instancia de Madrid, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
La entonces ministra Llop no habría sido informada de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, aprobada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública a cargo de Sofía Puente, según consta en informaciones periodísticas.
La asociación interesa comprobar este extremo "mediante documentos originales y la declaración de quienes pudieron conocer el circuito de preparación, supervisión y comunicación del texto". Apunta que "aún no se ha acreditado judicialmente que la exministra desconociera la Instrucción ni que otro ministro ordenara su aprobación".
Reconciliación solicita la conservación y entrega de borradores, informes jurídicos, agendas institucionales pertinentes y comunicaciones oficiales intercambiadas entre Justicia, Presidencia y Exteriores, tanto durante la preparación de la Instrucción de 2022 como en su implementación posterior y en la modificación del 5 de noviembre de 2024.
La declaración de Pilar Llop "permitiría precisar si recibió el proyecto, qué informes se solicitaron y si se expresaron reparos jurídicos". La del actual titular de la cartera de Justicia, Félix Bolaños, "tendría por objeto aclarar las eventuales comunicaciones entre el Ministerio de la Presidencia y Justicia sobre la elaboración y alcance de las directrices".
A Susana Sumelzo se le "preguntaría por la documentación y reuniones institucionales pertinentes de su Secretaría de Estado en Iberoamérica, y a José Manuel Albares por la "transmisión de las instrucciones a la red consular".
Todas las solicitudes se someten a las garantías y modalidades de declaración previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluido su artículo 412.
La entidad considera que "la sucesión de directrices administrativas, las discrepancias sobre los requisitos legales y las informaciones sobre expedientes consulares justifican comprobar si hubo decisiones concertadas y, en su caso, si algunas personas pudieron actuar dentro de una estructura estable y con reparto de funciones". Solicita que el juzgado valore esa hipótesis "sin descartar, si aparecen indicios sólidos, la eventual relevancia del artículo 570 bis del Código Penal".
"La existencia de una organización criminal y la intervención de cualquier autoridad concreta no están acreditadas", añade.
Reconciliación subraya que su petición se diferencia de otras actuaciones judiciales, como los denominados "casos Koldo o Leire": la comparación "se refiere exclusivamente a la importancia de investigar eventuales redes de actuación, no a que exista conexión probada entre causas ni a que sus protagonistas hayan cometido delito alguno en este procedimiento".
El propósito es "esclarecer responsabilidades individuales, preservar la prueba, evitar la duplicación de diligencias ya promovidas por otras acusaciones populares y respetar los derechos de defensa, la presunción de inocencia y los derechos de los ciudadanos que obtuvieron legalmente su nacionalidad".
El juzgado admitió a trámite en octubre de 2026 la querella inicial promovida por Hazte Oír y tuvo por personada a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica como acusación popular.
Texto de La Razón tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en larazon.es · Volver a la noticia de El Autómata