El Ministerio del Interior ha ordenado a la Dirección General de la Policía modificar el protocolo que regula el espray de defensa personal para que los agentes no lo utilicen en operaciones de orden público, incluidas las manifestaciones. La restricción afecta a dispositivos como el desplegado durante la huelga general del 11N, pero no a las tareas de seguridad ciudadana: en ellas, los policías podrán seguir llevando el espray individual y usarlo, si lo necesitan, para inmovilizar a una persona y detenerla, también durante patrullas en coches zeta, según Interior.
En las manifestaciones, los agentes podrán utilizar los artificios ATL, botes que producen una nube de humo lacrimógeno. Interior los define como una «nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo». Se lanzan a varios metros con una bocacha, un accesorio acoplado a una escopeta reglamentaria. Su uso mantiene disponible un recurso lacrimógeno en los operativos, pese a que el ministro Fernando Grande-Marlaska había anunciado el jueves que se prohibiría el gas lacrimógeno contra los manifestantes.
El protocolo que se modificará entró en vigor el 19 de octubre de 2026, menos de un mes antes de la huelga del 11N. Lo firmó el responsable de la Subdirección General de Logística e Innovación y recibió el visto bueno del director adjunto operativo de la Policía. En los dispositivos antidisturbios, las fuentes policiales consultadas por Europa Press sitúan el espray y los botes de humo en el primer escalón del uso de la fuerza. Si la situación lo requiere, el siguiente recurso previsto son las pelotas de goma y, en último lugar, la intervención cuerpo a cuerpo con la defensa reglamentaria.
Fuentes policiales conocedoras de los dispositivos antidisturbios cuestionan la eficacia de la medida. Sostienen que la nube puede afectar a más personas que un espray dirigido contra un individuo y que ambos medios tienen componentes químicos y efectos temporales parecidos. A su juicio, limitar el espray en orden público puede aumentar los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y el riesgo de lesiones para policías y manifestantes. Mandos consultados por ABC también han advertido de que retirar ese recurso puede dejar a los agentes sin una alternativa intermedia eficaz.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió el jueves una información reservada sobre la actuación de los agentes durante la huelga. Grande-Marlaska había cuestionado la proporcionalidad de algunas cargas y ordenado investigar las intervenciones policiales.
El presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía, Daniel López Gutiérrez, criticó la decisión y afirmó que se utiliza a la Policía como «moneda de cambio política». La Razón informó de que Interior había comprado al menos 790 espráis para la Policía Nacional por más de 71.600 euros el mismo día en que los sindicatos aprobaron y anunciaron la huelga general.
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