Limitar las herencias a 10 millones de euros por heredero, crear un fondo generacional de la energía y garantizar la gratuidad de los comedores escolares. Son solo algunas de las «más de 1.000 medidas» que ha anunciado el Frente Amplio este lunes durante la presentación de su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre.
«Queremos garantizar el derecho constitucional de la vivienda y redistribuir la riqueza», ha explicado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de la coalición de izquierdas encabezada por Ada Colau.
Entre las propuestas figuran la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos que, en el caso de los particulares, se aplicaría a partir de la cuarta vivienda si el valor conjunto de sus propiedades supera los 800.000 euros, y la expropiación progresiva de viviendas a grandes propietarios corporativos.
La coalición propone también un impuesto del 3 % anual sobre los patrimonios netos individuales superiores a 50 millones de euros.
«Presentamos un programa de más de 1.000 medidas, cada una de las cuales acompañada de su memoria económica». La primera de las tres medidas que ha destacado Bustinduy es el límite a las herencias. El ministro ha defendido que «nadie en España debería heredar más de lo que pueda gastar en una vida» y que, a partir de los 10 millones de euros —«¿Qué apellido vale más que eso?», se ha preguntado—, el dinero debería destinarse a los servicios públicos, «patrimonio de todos los demás». El programa precisa que el tipo marginal del 100 % se aplicaría solo a la parte que supere ese umbral.
«¿Cómo lo vamos a hacer? Con un tipo marginal del 100 % que se aplicará en herencia de más de 10 millones. Antes, hay un 75 % para herencias entre 5 y 10 millones y del 50 % de entre 800.000 y 5 millones. Al mismo tiempo, vamos a bajar los impuestos sobre las herencias de hasta 120.000. Heredar fortunas para vivir de las rentas una vida entera es algo que se va a acabar. No estarán permitidas bonificaciones autonómicas ni herencias en vida».
Con esa figura, ha asegurado Bustinduy, se podrían duplicar las políticas sociales de vivienda y de becas de educación. Según las cifras que ha dado, 10.000 personas tienen un patrimonio superior a los 6 millones de euros y 900 (el 0,002 %) superan los 30 millones.
Con esa figura, ha asegurado Bustinduy, se podría duplicar el gasto en políticas sociales de vivienda y en becas de educación. Según las cifras que ha ofrecido, 10.000 personas tienen un patrimonio superior a los 6 millones de euros y 900 (el 0,002 %) superan los 30 millones.
La segunda medida consiste en crear un fondo generacional de la energía, un fondo soberano «para hacer con nuestro sol lo que Noruega hizo con su petróleo», con el que la coalición aspira a conseguir «ahorro, impulso a la transición ecológica justa y soberanía». La propuesta prevé una participación pública del 30 % en las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento pequeñas y medianas. La mitad de los beneficios se reinvertiría en el fondo y la otra mitad se destinaría a vivienda pública, rehabilitación y pensiones. Con ello, ha sostenido Bustinduy, podrían ahorrarse «30.000 millones de euros importando gas y petróleo de plutocracias del planeta».
Cuando Noruega puso en marcha su fondo, «otros países, como el Reino Unido de Margaret Thatcher, tomaron otras medidas». Según Bustinduy, el fondo soberano noruego acumula activos equivalentes a 300.000 euros por ciudadano y sostiene uno de los Estados del bienestar más avanzados del mundo. «Eso da soberanía porque no dependemos de las veleidades geopolíticas de un demente», ha dicho, en referencia a Donald Trump.
En tercer lugar, los representantes del Frente Amplio han defendido la gratuidad de los comedores escolares para el alumnado de Infantil y Primaria de la red pública y una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años a cargo.
En materia de vivienda, la coalición propone prohibir de forma permanente los desahucios de personas y familias vulnerables «sin alternativas habitacionales» y ampliar el parque público de alquiler asequible. El programa prevé incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años.
«Tenemos que conseguir una sanidad pública más robusta con un blindaje del gasto sanitario público, un refuerzo de la atención primaria e inversión finalista en salud mental, que es uno de los retos de este país. Y en cuanto a la educación pública la igualdad de oportunidades sea tarea de la administración, lo que se consigue con propuestas como un suelo legal de inversión educativa, más plazas públicas en todas las educativas, especialmente de 0 a 3 años, reducir las ratios, un plan de inclusión y un apoyo a las lenguas cooficiales».
Durante la presentación, Carlos Sánchez Mato ha reivindicado a José Luis Sampedro y ha defendido que «el salario mínimo interprofesional debe quedar blindado, que nunca esté por debajo del 60% de la renta neta» y que cuente con «una garantía normativa para que la revalorización no esté al albur de circunstancias políticas».
El programa fija ese suelo en el 60 % del salario medio neto y propone reducir progresivamente la jornada laboral a 32 horas semanales sin merma salarial y devolver la edad de jubilación a los 65 años.
En política exterior, el Frente Amplio propone aprobar por ley un embargo de armas a Israel sin excepciones mientras persista la ocupación ilegal o el riesgo de genocidio.
La norma prohibiría también el tránsito militar israelí por puertos, aeropuertos, bases y espacio aéreo españoles, así como la contratación pública y la cooperación con la industria de defensa israelí. Otra ley prohibiría mantener relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, económicas y culturales con los actores implicados en violaciones graves del derecho internacional, como el genocidio o el apartheid.
La coalición plantea asimismo retirar el apoyo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y defender un referéndum supervisado por la ONU que incluya la opción de la independencia. En defensa, propone rechazar el objetivo de destinar el 5 % del PIB fijado en el marco de la OTAN y reducir las partidas militares.
Aunque no queda especificado en el programa, durante la entrevista con Jordi Wild la semana pasada, Ada Colau insistió en la necesidad de cerrar las bases militares de Estados Unidos en España, al menos hasta que Trump abandonase la presidencia.