Horas después de negarse a dejar en suspenso el derecho a voto de los hijos de nacionalizados por la «ley de nietos» –medida que dejaba sin derecho de sufragio a 189.000 personas–, el Tribunal Supremo (TS) ha dado veinte días de plazo a los descendientes de quienes han adquirido la nacionalidad española por esa vía para que, si así lo desean, puedan personarse como afectados en el procedimiento abierto tras el recurso de Iustitia Europa. Y es que aunque la Sala de lo Contencioso-Administrativo no haya considerado oportuno –dada la premura de los plazos electorales del 29N– suspender el derecho al voto de este colectivo, como hizo con el de los más de 162.000 nacionalizados por la «ley de nietos», los magistrados siguen tramitando el procedimiento principal para resolver el fondo del recurso.
En una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sección Cuarta de la Sala Tercera emplaza «a los hijos e hijas mayores de edad» de los nacionalizados por la «ley de nietos» –los que la adquirieron en aplicación de la presunción de inocencia de la instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 que presume la condición de exiliado a todo aquel español que abandonó nuestro país entre 1926 y 1955– a personarse en la pieza principal. Así como a presentar «si así lo consideran procedente», añaden los magistrados, «escrito de contestación a la demanda» de Iustitia Europa.
Para dar la mayor difusión posible a su decisión, el Supremo ordena a Justicia publicar esta resolución en el tablón de edictos y a la Administración del Estado publicarlo en el BOE. Del mismo modo, traslada esa orden a las oficinas consulares que han tramitado los expedientes de nacionalización de españoles al amparo de la «ley de nietos». Desde su publicación en el BOE, el plazo para que den ese paso de ser parte en el procedimiento como codemandados es de 20 días hábiles.
Voto con el DNI electrónico
Por otro lado, el Supremo ha decidido no paralizar de forma urgente el voto con el DNI electrónico el próximo 29N, como solicitó Iustitia Europa, pero sí abrirá la vía cautelar ordinaria para estudiar la posible adopción de la medida una vez haya analizado las alegaciones del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, y del resto de las partes, entre ellas la propia Junta Electoral Central (JEC).
Así lo acordó ayer la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal en respuesta a la petición de la formación que lidera Luis María Pardo, que instó al TS a corregir a la Junta Electoral Central, tras dejar esta sin efecto la suspensión que pesaba sobre esos sufragios una vez Interior certificó que las mesas electorales dispondrán de lectores de QR para poder acreditar «con todas las garantías necesarias» esas identificaciones digitales.
Eso sí, da 72 horas de plazo para que de aquí al viernes a las tres de la tarde como máximo se persone en el procedimiento, algo que todavía no ha hecho pese a su condición de condemandada por los recursos de Vox e Iustitia Europa, y presente «las alegaciones que tenga por conveniente a su derecho sobre las medidas cautelares solicitadas».
Seguridad jurídica
También otorga el mismo plazo a la JEC para que aporte sus alegaciones respecto a la petición de Iustitia Europa de que la suspensión del voto de los nacionalizados por la «ley de nietos» se extienda a quienes la adquirieron por esa vía pero ahora son residentes en España, por lo que no están incluidos en el CERA (el registro de españoles residentes en el extranjero).
La formación recurrente invocó la seguridad jurídica del procedimiento electoral para dejar en suspenso de forma cautelarísima el voto con el DNI digital mientras Interior no precise un protocolo para hacer frente a «averías, falta de conectividad, indisponibilidad de los servidores, autonomía de los terminales, caducidad de los códigos QR o sustitución de dispositivos», es decir, «cuando resulte imposible completar la identificación digital».