El Gobierno de Pedro Sánchez pretende salvar este jueves in extremis uno de los dos decretos de vivienda cuyo rechazo parlamentario precipitó el adelanto electoral. Lo hará en la Diputación Permanente del Congreso, donde la aritmética parlamentaria le resulta favorable tras la disolución de las Cortes.
Sin depender del respaldo de Junts, cuyo voto en contra fue decisivo para tumbar el texto original, el Ejecutivo podrá sacar adelante una nueva versión del primer decreto gracias al apoyo del PNV. Sin embargo, la formación vasca mantiene su negativa a respaldar el segundo de los textos.
La maniobra ha sido posible después de que el Ejecutivo volviera a aprobar el pasado 6 de octubre ambos decretos, con pequeñas modificaciones respecto a las versiones rechazadas apenas cuatro días antes. Desde entonces, el primero permanece en vigor, aunque necesita el aval del Congreso para mantener su vigencia.
Al estar disueltas las Cortes, esta responsabilidad recae sobre la Diputación Permanente, integrada por 69 diputados. De ellos, 34 pertenecen al bloque formado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, mientras que otros 34 corresponden a PP, Vox y Junts. El escaño restante, en manos del PNV, resulta determinante para decantar la votación.
El primer decreto contempla una batería de medidas destinadas a contener el encarecimiento de la vivienda y facilitar el acceso al alquiler y a la compra. Entre ellas, amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, limita determinadas subidas del alquiler al 2% y permite prorrogar hasta dos años los contratos que venzan antes de que termine 2028.
También endurece las restricciones a las compras especulativas de grandes fondos, regula los alquileres de temporada e introduce incentivos fiscales para propietarios e inquilinos.
Distinta suerte correrá previsiblemente el segundo decreto, que plantea renovaciones sucesivas de los contratos de alquiler por periodos de cinco años, o siete cuando el propietario sea una persona jurídica, e indemnizaciones para los inquilinos cuando el arrendador decida no renovarlos, salvo las excepciones previstas.
Su entrada en vigor está fijada para el próximo 15 de noviembre, por lo que el rechazo parlamentario impediría siquiera que llegara a aplicarse.
La fórmula elegida por el Ejecutivo ha suscitado las críticas del PP, que cuestiona que el Gobierno haya recuperado unas medidas sustancialmente similares a las que ya fueron tumbadas por el Pleno. La sesión de este jueves incluirá también la comparecencia de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para explicar la planificación de la red eléctrica hasta 2030.