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Elecciones 29-N
Programas · Retos económicos

El Gobierno que salga del 29-N heredará retos en vivienda, infraestructuras, presupuestos y pensiones

El IPC avanza un 4,9% y el Banco de España estimó un déficit de 750.000 viviendas, que podría aumentar en otras 300.000 hasta 2028.

Foto: vía El País

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El Ejecutivo que se forme tras las elecciones del 29 de noviembre heredará una economía en crecimiento, pero también dificultades de acceso a la vivienda y retos en infraestructuras, cuentas públicas y pensiones. La mayoría de los partidos aún no ha publicado sus programas. Desde 2022, España ha crecido una media del 3,7%, frente al 1,7% de la eurozona. Entre 2023 y 2025, la deuda pública bajó cinco puntos, hasta el 100,7% del PIB, y Funcas calcula que descenderá al 98% este año. El empleo alcanza los 22,8 millones de personas y el paro ronda el 10%.

El IPC se sitúa en el 4,9%. El Banco de España ha advertido de que las presiones al alza sobre los precios pueden persistir; el encarecimiento de la energía eleva los costes de las empresas. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, considera que el mayor diferencial de precios con la Unión Europea está erosionando la competitividad. El euríbor cerró octubre en el 3,2%, mientras que el rendimiento del bono español a largo plazo ha subido casi un punto en lo que va de año.

La vivienda es otro de los problemas señalados por los expertos consultados. El Banco de España estimó en su informe anual de 2025 que faltan 750.000 casas, un déficit que podría ampliarse en otras 300.000 hasta 2028. La encuesta del CIS publicada en octubre reflejó que al 80% de los ciudadanos le preocupa bastante o mucho la situación y que el 76% cree que el Estado debe intervenir para garantizar el acceso. Entre las respuestas planteadas por los especialistas figuran aumentar la vivienda protegida, facilitar la construcción y alcanzar acuerdos entre administraciones; discrepan sobre el peso que deben tener la construcción privada, la vivienda social y los límites al alquiler.

Los expertos también identifican el mantenimiento de las infraestructuras y la pérdida de inversión asociada al fin de los fondos Next Generation. El envejecimiento de la población añade presión sobre las pensiones y otros servicios sociales. El aumento de la productividad, sostienen, exigirá medidas con respaldo parlamentario amplio y la colaboración de distintas administraciones.

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