La OCU urge a los afectados por los últimos cierres de clínicas dentales como la de Elche que reclamen y cancelen créditos · Información · El Autómata
Lunes, 16 de noviembre de 2026
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La recomendación de la OCU a los afectados por el cierre de la clínica dental Oralis en Elche: que reclamen y cancelen créditos
La organización insta a acudir a Consumo y exige más inspecciones y una reforma de los concursos de acreedores para proteger a los pacientes.
La organización insta a acudir a Consumo y exige más inspecciones y una reforma de los concursos de acreedores para proteger a los pacientes Foto: vía Información
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insta a los afectados por el cierre de las clínicas dentales del Grupo Oralis, entre ellas la de Elche, a reclamar cuanto antes para defender sus derechos ante la interrupción de los tratamientos. La entidad recomienda presentar una reclamación por escrito a la empresa, acudir a los servicios de Consumo y, cuando exista un crédito vinculado a la atención contratada, solicitar a la financiera su liquidación y cancelación por no haberse prestado el servicio.
La organización difundió las recomendaciones este miércoles, después de que el cierre de la clínica ilicitana Gab-O Oralis, antigua consulta del doctor Mariano Follana, dejara a pacientes con tratamientos pendientes y cantidades pagadas por adelantado como adelantó este diario. Según la OCU, la situación afecta al menos a cinco centros en Elche, Getxo, Palencia, Pamplona y Torrejón de Ardoz, cuyos usuarios se han encontrado sin previo aviso con las puertas cerradas y la atención interrumpida.
Además de explicar los pasos para reclamar, la entidad exige una mejor regulación de estos servicios, más inspecciones y cambios legales que den prioridad a los consumidores en los concursos de acreedores. Señalan que el objetivo es evitar que los pacientes queden desprotegidos cuando una clínica cesa su actividad.
Conservar contratos
La primera recomendación de la OCU es recopilar y guardar toda la documentación que demuestre la vinculación con la clínica y el servicio contratado. Esto incluye contratos, facturas y presupuestos, pero también publicidad y folletos que puedan acreditar las condiciones ofrecidas a los pacientes.
Con esos documentos, los afectados deben ponerse en contacto con el centro y presentar una reclamación por escrito que deje constancia fehaciente del incumplimiento del contrato. La organización aconseja reclamar la finalización del tratamiento y exigir, al mismo tiempo, la entrega de toda la documentación y de una copia del historial médico.
Si la clínica está cerrada, la reclamación debe dirigirse al domicilio social de la empresa, que puede consultarse en su página web o en el Registro Mercantil.
La OCU recomienda también acudir a Consumo para reclamar los perjuicios derivados del cierre, como la falta de finalización de los tratamientos o la pérdida del dinero adelantado.
Cancelación
Uno de los puntos centrales de las recomendaciones afecta a quienes están pagando su tratamiento mediante financiación. La OCU señala que, si el crédito está vinculado al contrato del servicio firmado con la clínica, el consumidor debe dirigirse por escrito y de forma fehaciente al departamento o servicio de atención al cliente de la entidad financiera.
En esa comunicación debe solicitar la liquidación y posterior cancelación del crédito por no haberse prestado el servicio. La organización sostiene que, al incumplirse lo pactado, ese crédito deja de ser exigible.
Si transcurre un mes sin que la entidad responda, o si su contestación no es satisfactoria, la OCU indica que el afectado puede presentar una reclamación ante el Banco de España.
¿Mala praxis?
Al hilo, la organización establece una vía específica para los pacientes que consideren que han sufrido una mala praxis: presentar una reclamación ante las autoridades sanitarias de su comunidad autónoma.
Si además se han producido daños, aconseja solicitar un informe a un dentista colegiado o a un perito odontólogo para fundamentar una posterior reclamación judicial. También recomienda comunicar los hechos al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la provincia.
Entrada de la clínica de Oralis en Elche que ha cerrado. / Áxel Álvarez
De este modo, la OCU distingue entre las reclamaciones por los perjuicios económicos y contractuales del cierre y aquellas relacionadas con posibles deficiencias en la atención sanitaria recibida.
Prioridad
En caso de que la empresa presente concurso de acreedores, la entidad señala que los perjudicados deben dirigirse al administrador concursal designado por el juzgado correspondiente. No obstante, advierte de que recuperar las cantidades reclamadas puede resultar difícil por la posición que ocupan los consumidores en el orden de cobro.
Por ello, reclama una modificación urgente de los procedimientos concursales para que los créditos de los consumidores gocen de privilegio frente al resto de acreedores.
La organización considera también necesaria una regulación de la prestación de estos servicios que garantice los derechos de los usuarios ante un cierre. A ello añade la petición de campañas de inspección y mayores controles, con el fin de asegurar que los pacientes reciban un trato adecuado y profesional cuando acuden a una clínica.
El pronunciamiento llega tras la suspensión de la actividad de Oralis en varios puntos de España. En Elche, el centro comunicó el cese temporal mediante un cartel en sus instalaciones, mientras los afectados comenzaron a organizarse y a recabar información para reclamar. Hasta el momento ya hay centenares de afectados agrupados en plataformas sociales que en las últimas horas se encontraban perdidos por no saber muy bien a quién acudir ni qué protocolo seguir para que les devuelvan el dinero que adelantaron por unos tratamientos que se han quedado a medias.
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