La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda a los pacientes afectados por el cierre de Gab-O Oralis en Elche presentar una reclamación por escrito, acudir a los servicios de Consumo y pedir la cancelación de los créditos vinculados a tratamientos que no se han prestado. La clínica de Blas Valero suspendió su actividad esta semana y dejó tratamientos interrumpidos y pagos anticipados sin resolver. La organización incluye entre los centros afectados al menos cinco: los de Elche, Getxo, Palencia, Pamplona y Torrejón de Ardoz.
Para reclamar, la OCU aconseja reunir contratos, facturas, presupuestos y publicidad, y dirigirse a la empresa de forma que quede constancia. Los pacientes pueden pedir que se complete el tratamiento y que se les entregue su historial médico. Si la clínica está cerrada, la reclamación debe enviarse al domicilio social de la empresa, que puede consultarse en su web o en el Registro Mercantil. La entidad recomienda también acudir a Consumo por los perjuicios económicos o la interrupción de la atención.
A quienes financiaron el tratamiento mediante un crédito vinculado, la organización les aconseja solicitar por escrito a la entidad financiera la liquidación y cancelación del préstamo por incumplimiento del servicio. Si la financiera no responde en un mes o rechaza la petición, pueden reclamar ante el Banco de España. En el concurso de acreedores de la empresa, los afectados deben dirigirse al administrador concursal. La OCU advierte de que recuperar el dinero puede resultar difícil por la posición de los consumidores en el orden de cobro.
Las recomendaciones llegan tras las denuncias de pacientes de Elche que se quedaron sin atención pese a haber pagado por adelantado. Minerva Córdoba afirmó que su familia había desembolsado más de 6.000 euros por los tratamientos de su marido y su hija; la menor llevaba un aparato fijo y aún tenía alrededor de un año de tratamiento. Cintia Moratalla aseguró haber pagado 1.000 euros en septiembre por unos alineadores que no llegaron a entregarse. La OCU reclama cambios en la normativa concursal para dar prioridad a los consumidores, además de más inspecciones y controles.
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