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Lunes, 16 de noviembre de 2026
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El cierre de la clínica dental Oralis en Elche llega a Bruselas y la Asociación Española de Consumidores urge una salida a los tratamientos
La organización alerta de problemas para la salud de pacientes si no se resuelve el rescate de 40 millones que condiciona la venta del grupo y exige preservar los historiales clínicos .
La organización alerta de problemas para la salud de pacientes si no se resuelve el rescate de 40 millones que condiciona la venta del grupo y exige preservar los historiales clínicos Foto: vía Información
La Asociación Española de Consumidores pide celeridad a la Comisión Europea para facilitar una salida a la crisis de Vivanta y Oralis, cuyo cierre ha dejado a pacientes como los de la clínica de Elche, clausurada hace una semana, con tratamientos interrumpidos y dinero adelantado. La entidad reclama que Bruselas se pronuncie sobre las implicaciones del rescate público de 40 millones de euros concedido al grupo en 2022, una cuestión que, según explica, mantiene bloqueada la operación de venta con la que se pretendía dar continuidad a parte de su actividad.
La asociación advierte de que la incertidumbre tiene consecuencias económicas para quienes siguen pagando créditos o abonaron íntegramente sus tratamientos, pero también alertan de que puede comprometer la salud de los pacientes que necesitan continuar la atención odontológica. Por ello, pide que la respuesta europea tenga en cuenta los perjuicios que la situación está causando a consumidores y trabajadores.
El pronunciamiento, difundido este lunes, llega después del cierre de la clínica Gab-O Oralis de Elche, materializado el pasado martes, y de las aclaraciones de su antiguo propietario, el doctor Mariano Follana, quien aseguró que vendió los centros de Elche y Almoradí en 2018 y que desde entonces trabajaba como asalariado, sin facultades para decidir sobre su gestión.
Oferta de compra
La organización de consumidores recuerda que Vivanta mantiene cerradas todas sus clínicas dentales desde el pasado lunes vinculando la suspensión de la actividad a la caducidad, el 21 de octubre, de la oferta de compra de Donte Group, propietario de marcas como Vitaldent, mientras se esperaba el pronunciamiento de la Comisión Europea.
La organización señala que la empresa buscaba una solución económica para mantener la actividad, pero que, al expirar la oferta, optó por cerrar los establecimientos para preservar la liquidez disponible.
Anuncio del cierre de la clínica Gab-o Oralis de Elche por el concurso de acreedores. / AXEL ALVAREZ
El obstáculo se encuentra, de acuerdo con su explicación, en las condiciones de la ayuda de 40 millones de euros concedida en 2022 a través del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para evitar el cierre de la compañía como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
La jueza que tramita el concurso consultó a la Comisión Europea si la venta tenía implicaciones legales respecto a esa financiación pública. La asociación sostiene que se dio a Bruselas un plazo de 10 días para responder y que, a fecha del comunicado, no se había recibido contestación, lo que mantiene a la empresa, sus trabajadores y sus clientes en una situación de incertidumbre.
Liquidación
La asociación subraya que no da por concluido el concurso de acreedores ni considera que el cierre implique por sí mismo la entrada en liquidación, a la espera de conocer la resolución europea. También advierte de que una respuesta favorable no despejaría todas las incógnitas ya que una vez caducada la oferta, habría que comprobar si el inversor mantiene su interés en realizar la operación.
Atención sanitaria
Además de reclamar rapidez a las instituciones europeas, la Asociación Española de Consumidores dirige una petición a la administración concursal: garantizar la conservación y la integridad de las historias clínicas.
La entidad considera esencial que esa documentación siga disponible por si los pacientes necesitan acudir a otras consultas para completar sus tratamientos. Recuerda que disponer de ella es un derecho básico en materia sanitaria y crucial para que los profesionales puedan continuar la atención con la información adecuada.
Esta petición cobra especial relevancia para quienes se han quedado con procedimientos iniciados y necesitan revisiones, ajustes o seguimiento, sin saber todavía dónde podrán recibirlos.
Pagos y financiación
Ante el aumento de consultas que han llevado a que cientos de afectados se hayan agrupado por redes sociales, la asociación recomienda guardar toda la documentación relacionada con el tratamiento, desdecontratos, presupuestos, facturas, justificantes de pago hasta documentos de financiación y cualquier otra información disponible para creditar qué servicios se contrataron, cuáles se realizaron y cuáles siguen pendientes. La entidad recalca que serán especialmente importantes para hacer valer las reclamaciones dentro del concurso de acreedores.
Para quienes pagaron por adelantado todo o parte del tratamiento, la asociación plantea esperar a conocer si la jueza atiende la petición de prórroga presentada por la administración concursal.
En cambio, cuando exista financiación mediante un crédito vinculado al tratamiento, recomienda solicitar a la entidad financiera su paralización por estar asociado a una prestación de servicios que no se está prestando. Los afectados pueden consultar sus dudas a través del correo consultas@consumoenpositivo.es.
Recomendaciones previas
La intervención de la Asociación Española de Consumidores se suma a la realizada el pasado miércoles por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que instó a reclamar cuanto antes tras los cierres de Oralis en Elche y otras ciudades.
La OCU aconsejó presentar una reclamación por escrito a la empresa, dejar constancia del incumplimiento y solicitar tanto la finalización del tratamiento como una copia del historial clínico. Si el centro está cerrado, indicó que la comunicación debe dirigirse al domicilio social de la sociedad. También recomendó acudir a Consumo para reclamar los perjuicios económicos.
En los créditos vinculados, planteó solicitar por escrito y de forma fehaciente su liquidación y cancelación a la financiera. Si transcurre un mes sin respuesta o esta no resulta satisfactoria, señaló la posibilidad de reclamar ante el Banco de España.
Para los supuestos de presunta mala praxis, la OCU recomendó acudir a las autoridades sanitarias y, si existen daños, recabar un informe de un dentista colegiado o un perito odontólogo para fundamentar una eventual reclamación judicial, además de comunicarlo al colegio profesional.
La organización reclamó asimismo más inspecciones, una regulación que proteja a los pacientes ante los cierres y una reforma de los concursos de acreedores que dé prioridad a los créditos de los consumidores. En Elche, mientras tanto, los perjudicados han comenzado a organizarse en plataformas para compartir información y buscar una salida a los tratamientos que han quedado pendientes.
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