La Asociación Española de Consumidores pidió este lunes 2 de noviembre a la Comisión Europea que acelere su respuesta sobre las implicaciones para la venta de Vivanta del rescate público de 40 millones de euros concedido al grupo en 2022. La entidad sostiene que la falta de un pronunciamiento mantiene bloqueada la operación. La reclamación llega tras el cierre, el 27 de octubre, de la clínica Gab-O Oralis de Elche, que dejó tratamientos interrumpidos y pacientes con pagos anticipados.
La jueza que tramita el concurso consultó a Bruselas sobre las consecuencias de la operación para esa financiación, canalizada mediante un fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La asociación afirma que se fijó un plazo de diez días para responder y que, cuando difundió su petición, aún no había recibido contestación. La oferta de Orion Bidco, vinculada a Donte Group, propietario de Vitaldent, expiró el 21 de octubre: planteaba comprar 61 clínicas, mantener 656 empleos y dar continuidad a unos 30.000 tratamientos. Una respuesta favorable no garantiza que el inversor recupere el interés.
Follana afirmó que vendió los centros de Elche y Almoradí en 2018 y que desde entonces trabajaba como asalariado, sin capacidad para decidir sobre su gestión. El doctor también aseguró que intentó evitar el cierre y defendió la continuidad de los tratamientos pendientes. Señaló que las clínicas pertenecen a sociedades vinculadas al grupo Aestes, y describió una relación profesional con los centros de casi cuatro décadas.
La asociación vincula el cierre de las clínicas dentales de Vivanta, que dejaron de operar el 26 de octubre, con la caducidad de la oferta y la falta de una solución para sostener la actividad mientras se esperaba la respuesta europea. También reclama a la administración concursal que conserve las historias clínicas y garantice el acceso a ellas. Recomienda guardar contratos, facturas y justificantes de pago, y pedir la suspensión de las cuotas de los créditos vinculados mientras no se preste el servicio. La entidad recuerda que el cierre no implica por sí solo la liquidación y que, aunque Bruselas respondiera favorablemente, el comprador tendría que confirmar si mantiene su oferta.
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