La convalidación del decreto de vivienda no frena la incertidumbre en el mercado residencial
La convalidación del decreto de vivienda no frena la incertidumbre en el mercado residencial
La convalidación del decreto de vivienda no frena la incertidumbre en el mercado residencial

El Congreso convalidó ayer el decreto más amplio con los votos del PNV en la víspera del inicio oficial de la campaña electoral, pero el PP promete derogarlo si Feijóo llega a La Moncloa tras los comicios del 29 de noviembre.
Según lo avanzado por los grupos parlamentarios en el último mes, el Gobierno consiguió salvar ayer el primero de sus decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Al Ejecutivo no le hizo falta en esta ocasión el voto favorable de Junts, debido a la configuración del órgano encargado de cumplir las funciones del Pleno cuando las Cortes se encuentran disueltas.
“Hoy ha ganado el derecho a la vivienda”, afirmó la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, tras la convalidación del decreto que recoge el grueso de la intervención del Gobierno sobre el mercado -con la prórroga de dos años en los alquileres, la suspensión de los desahucios hasta 2031 o las limitaciones a la compra por parte de empresas dedicadas al arrendamiento-; un nuevo paquete de medidas fiscales; una línea de préstamos públicos de hasta 50.000 euros a tipo cero para la compra de la primera vivienda; y la puesta en marcha de las nuevas cuentas de ahorro e inversión europeas, entre otros puntos.
Contra lo que podría ser habitual tras la convalidación de un real decreto-ley, el sí del Congreso no servirá en esta ocasión para poner fin a la incertidumbre alrededor de la regulación de la vivienda. Después de que el Pleno de la Cámara Baja los tumbase el 2 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió utilizar la negativa de la sede de la soberanía nacional como pretexto para disolver las Cortes y volver a aprobar ambos textos, aprovechándose esta vez del diferente reparto de escaños de la Diputación Permanente para convalidar al menos uno de ellos sin necesitar a la formación de Carles Puigdemont.
La fecha elegida por el Ejecutivo para la votación tampoco fue casual. Moncloa decidió alargar al máximo el plazo legal para votar los decretos -30 días hábiles- y esperar a la jornada posterior a la huelga general, convocada bajo el principal reclamo de la crisis de vivienda, que a su vez fue la víspera al inicio oficial de la campaña electoral que arranca hoy, y en la que el Partido Socialista tratará de sacar rédito de las medidas.
Precisamente el resultado de los comicios generales es el factor de mayor incertidumbre sobre la longevidad del decreto aprobado ayer. El Partido Popular ha prometido en reiteradas ocasiones que eliminará “toda la intervención del Gobierno sobre la vivienda” si Feijóo es investido presidente tras el 29 de noviembre, presentando su propia propuesta para solucionar la crisis residencial que se ha venido agravando año tras año en la última legislatura.
En este sentido, la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó tras la votación que “lo que el Gobierno no ha hecho en ocho años quiere traerlo ahora, deprisa y corriendo” a la Diputación Permanente, con la intención de “hacer política” con los decretos en la antesala de la campaña que horas después Sánchez inauguró en Sevilla y Feijóo en Badalona.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también cargó contra “el bodrio” que, “de manera sectaria y atropellada” el Gobierno llevó al Congreso ayer, y aseguró que el Gobierno regional no aplicará las medidas “en su margen de competencias”, lo que en este caso sólo afectaría a las restricciones al alquiler por habitaciones.
Por el momento, y a la espera del resultado de las elecciones generales, la convalidación del decreto supone la confirmación temporal del grueso de las medidas con las que el Gobierno pretende contener las subidas en los precios del alquiler e impulsar la compra sin volcar los recursos en la construcción de nuevas viviendas.
Entre ellas, destacan la prórroga de dos años en los contratos del alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028; la prohibición a las empresas de adquirir viviendas por debajo del 70% del valor de tasación; la suspensión de los desahucios hasta 2031, con la obligación para la Administración de garantizar una alternativa habitacional o asumir la carga del impago; o los nuevos topes a las subidas de renta, del 2% o del 0% dependiendo de si el precio se encuentra por debajo o por encima del índice de referencia.
También incluye un amplio paquete fiscal, con deducciones para inquilinos y propietarios que rebajen la renta en los nuevos contratos -que ha sido calificado de “locura” por los asesores fiscales, que ven complicada su aplicación-, un IVA reducido para la construcción de vivienda protegida, exenciones por vender viviendas vacías al Estado, así como una línea de préstamos a tipo cero para la adquisición de la primera vivienda.
Sin embargo, lo cierto es que desde que el Gobierno decidiese obviar la decisión del Pleno del Congreso sobre los decretos y volver a aprobarlos tras disolver las Cortes, la oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado en los principales portales inmobiliarios. En el caso de Idealista, por ejemplo, los anuncios de arrendamientos de larga duración cayeron un 19% el mes pasado, con un alza en los precios del 7% interanual, según Pisos.com.
Respecto a los precios de compra, el impacto de la entrada en vigor del primer decreto de vivienda tampoco sirvió para contener las alzas ante el desajuste entre oferta y demanda: subieron un 13,7%, según Tinsa by Accumin.
La argucia del Gobierno para sacar adelante el principal decreto de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso se convirtió ayer en un nuevo vector de inseguridad sobre su vigencia, después de que la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, advirtiese de que la formación que lidera Santiago Abascal “se reservará acciones legales” y nuevos recursos.
La queja de Vox nace del hecho de que “la composición de la Diputación Permanente es distinta a la del Pleno que rechazó los decretos” el 2 de octubre, así como que el órgano de la Cámara Baja “sobrerrepresenta al PSOE”, lo que ha permitido convalidar el primer decreto sin el apoyo de Junts.
En concreto, la Diputación cuenta con 69 diputados, repartidos entre 27 miembros del PP; 24 del PSOE, a los que se suma la presidenta del Congreso, Francina Armengol; seis de Vox; seis de Sumar; uno de EH Bildu; uno del PNV; uno de Junts; uno de ERC y uno del Grupo Mixto en manos de Podemos.
Asimismo, otras voces especializadas mostraron ayer sus dudas sobre la reaprobación de los decretos mediante la fórmula del real decreto-ley, que, según el artículo 86 de la Constitución, requiere de “extraordinaria y urgente necesidad”. Algo discutible, habida cuenta de que muchas de las medidas, como las medidas fiscales o la creación de las cuentas de ahorro e inversión europeas, no estarán vigentes hasta comienzos de 2027.
Texto de Expansión tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en expansion.com · Volver a la noticia de El Autómata