El laboratorio de ideas del PSOE, la Fundación Avanza, tiene claro desde hace meses que la vivienda iba a ser la prioridad programática de las siguientes elecciones. Luego llegaron Maricarmen, los decretos fallidos, y el adelanto electoral, pero el think tank del PSOE estrena nueva etapa con una propuesta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que busca una reforma integral del mercado de la vivienda como está concebido en España y que el partido recogerá en parte en su programa de campaña. Construir más, convirtiendo al Estado en promotor, y gravar más la propiedad ociosa y menos el trabajo del que alquila, son las dos líneas de trabajo bajo el lema “Proteger y construir”.
El informe que se presenta este jueves propone reformar el IBI, penalizar la vivienda turística y desplegar un plan de construcción masiva de alquiler asequible inspirado en los modelos de Austria, Países Bajos y Dinamarca. Se distancia de los movimientos a la izquierda del PSOE en que ve prioritario construir más y aunque entiende que la regulación, como poner topes de renta, es una herramienta de urgencia, apuesta por una visión más a largo plazo. El Estado debe construir utilizando todos los resortes de los que dispone, como el suelo de las empresas públicas, Autoridades Portuarias o de cualquier tipo que “no puede seguir siendo un activo infrautilizado. Movilizarlo es la palanca más inmediata”, dicen. El objetivo es pasar del actual 3,5% de hogares en vivienda social hasta el 10%-15% en quince años.
El informe llega a pedir “explorar la vía de una ley orgánica o de una reforma constitucional que impida descalificar cualquier vivienda construida con fondos públicos”. También pide desbloquear la Ley del Suelo y otra serie de reformas para las que básicamente el PSOE necesitaría mayorías absolutas y por eso lo ven como una propuesta integral de un new deal, o un nuevo contrato social para la vivienda que implique a todas las Administraciones y partes del sistema.
En el lado de la fiscalidad, la principal palanca sobre la que operar es el IBI que tal y como está construido, no captura más que el valor de construcción y no las mejoras de las que se beneficia la vivienda, como la mejora del distrito donde se ubica. Avanza quiere rediseñar el impuesto, que depende de la Ley de Haciendas Locales, y que grave con mayor intensidad el suelo y en menor medida la edificación, así como introducir en el IRPF una imputación de renta ligada al valor de la construcción que corrija el sesgo fiscal favorable a la propiedad frente al alquiler.
El objetivo del programa es desincentivar la acumulación de propiedades, que favorece la baja fiscalidad y la alta rentabilidad. La idea es que el modelo sea “coherente” y que desplace parte de la presión fiscal desde el trabajo y la actividad productiva hacia la renta del suelo.
El sistema fiscal español no está diseñado para capturar adecuadamente el incremento de valor del suelo en las viviendas ya construidas. A nivel estatal, la mayor parte de la recaudación procede de impuestos sobre el trabajo, el consumo y la actividad empresarial. Mientras tanto, la fiscalidad inmobiliaria se concentra en figuras vinculadas a transacciones puntuales, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), la plusvalía municipal o el impuesto de sucesiones y donaciones. Pide asimilar los impuestos de los alquileres turísticos a los de la industria hotelera, especialmente el IVA y limitar la concesión de licencias de este tipo en los municipios que sufren más tensión.
También hay espacio para la crítica sobre cómo se han utilizado las recientes leyes de vivienda y los decretos de suspensión de desahucios. En el informe reconocen que la suspensión, “ha cumplido una función de emergencia social real, pero la compensación a los propietarios, prevista desde 2020 (...) se ha ejecutado con lentitud y de forma muy desigual entre territorios”. Los autores explican que este retraso trasladó durante años la carga económica de la política social a los arrendadores privados y alimentó la narrativa de inseguridad, así que urgen a que se ponga en marcha la compensación a cargo de fondos públicos.
Otros elementos son los préstamos públicos sin intereses para que menores de 40 años compren una primera vivienda. O la creación de housing associations al estilo británico, que son organizaciones sin ánimo de lucro que tienen licencias como proveedores acreditados de vivienda social y tienen ventajas fiscales, financiación preferente, obligación de reinvertir los beneficios y alquileres regulados permanentes. También piden acortar trámites burocráticos.
En sus 136 páginas, solo hay tres menciones a los fondos buitres. Dos son indirectas, pero una es esta que resume la diferente filosofía de esta propuesta de Avanza con el discurso actual: “La derecha le ofrece esa tranquilidad [al pequeño ahorrador] prometiéndole desahucios rápidos en la televisión y haciéndole creer que las regulaciones van dirigidas contra él. Es un engaño: quien de verdad distorsiona su mercado, gentrifica su barrio y hunde el valor de su comunidad no es su inquilino, son los grandes tenedores desregulados. Un pequeño propietario no es un fondo buitre, y confundirlos es el mayor triunfo del relato conservador”.