Entre 2019 y 2025, una pequeña empresa afincada en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) puso su sello a decenas de mayoristas de hidrocarburos, acreditando los requisitos de sostenibilidad de su producto. Certificadora Gallega del Noroeste (CGN) respaldó así a Villafuel -la petrolera del caso Aldama-, Biomar, Martankship, Bio-Zenite o Gaslow. En los últimos siete años, el Gobierno ha inhabilitado a una treintena de sus clientes, que han dejado tras de sí un agujero de más de 1.500 millones de euros entre deudas con Hacienda y con el fondo nacional de biocombustibles.
La firma gallega sigue presente en el listado oficial de verificadores, cuya vigilancia recae en el Ministerio de Transición Ecológica, aunque sus certificados se emiten ahora bajo el sello del coloso estadounidense AmSpec, que anuncio la adquisición de CGN en mayo de 2025.
Un análisis de EL MUNDO a partir del histórico de certificados, las órdenes de inhabilitación publicadas en el BOE y el registro de operadores de la CNMC revela que, de los 49 mayoristas expulsados definitivamente desde 2019, 31 fueron clientes de la firma gallega. Si se acota el periodo a partir de 2022, primer año con un nivel preocupante de morosidad en el fondo de bios (el agujero llegaría a rozar los 600 millones), los operadores que trabajaban con CGN suponen el 83% de los vetados: 25 de 30. Además, de los 13 mayoristas castigados específicamente por infringir la cuota de biocombustibles, 12 llevaban su sello.
No todos los operadores verificados por CGN han acabado inhabilitados, pero todos los mayoristas expulsados de forma definitiva en estos siete años bien habían pasado por la firma gallega, bien actuaban sin certificado alguno. Los registros dibujan una concentración llamativa. De las 96 compañías que figuran en los listados del Ministerio desde 2019, 57 recurrieron a CGN en algún momento y 31 de ellas fueron expulsadas; ninguna de las 39 restantes, auditadas por otras firmas de verificación, ha corrido esa suerte. Las grandes petroleras con refino -Repsol, Moeve o BP- han trabajado con Control Union en todos los ejercicios publicados, mientras que medianas como Disa o Saras han confiado estas auditorías a Bureau Veritas.
Para entender la función de CGN hay que conocer las reglas del negocio de los hidrocarburos. En España, la ley obliga a los mayoristas -empresas que compran carburante a granel y lo revenden a distribuidores o, directamente, a gasolineras- a que una parte de lo que comercializan sea bio, es decir, fabricado con aceites vegetales o residuos. Si no alcanzan la cuota, deben pagar una compensación al fondo nacional de biocombustibles, una suerte de hucha que tutela Transición Ecológica. Lo recaudado se reparte entre los operadores que sí superan el umbral, como premio por incorporar más producto limpio del exigido. Cuando un incumplidor desaparece sin saldar su deuda, el quebranto lo asumen sus competidores.
La mezcla de combustible sostenible solo computa a ojos del Ministerio cuando ha superado una auditoría externa. Ahí entran las verificadoras como CGN: entidades acreditadas que examinan cada año la trazabilidad del combustible y emiten certificados que los mayoristas esgrimen como garantía verde frente a la Administración. Su papel no es vigilar que sus clientes alcanzan la cuota de bios, sino comprobar que los litros que declaran como sostenibles realmente lo son. Sin ese sello, el producto verde no cuenta, lo que obliga a las petroleras a pagar importantes compensaciones al fondo estatal.
Lo cierto es que la hucha de bios ha sufrido enormemente la oleada de truchas, como se conoce en el sector a las sociedades que aparecen y se esfuman rápidamente sin dejar rastro y sin liquidar sus deudas. Los impagos pasaron de 95 millones a 581 entre 2022 y 2023, y casi ocho de cada diez euros de ese agujero corresponden a clientes del verificador gallego. Biomar Oil dejó sin abonar 218 millones, más de un tercio del total, seguida de Martankship (135), Medoil (30) y Omega (29). En conjunto, los operadores expulsados usuarios de CGN acumularon unos 515 millones de deuda con el fondo verde.
Desde 2019, la firma expidió 64 certificados a mayoristas luego inhabilitados, con un pico de 13 en 2023. Algunos ya presentaban signos de alarma: Nascor se pasó a la verificadora en junio de 2023, año y medio después de quedar bajo administración judicial, y Gaslow renovó su acreditación en 2022, el mismo año en que entró en concurso. Los doce clientes de CGN expulsados por saltarse la cuota de bios, empezando por Biomar, tenían su sello en el ejercicio del incumplimiento. En cuatro casos -Medoil, Bio-Zenite, Stimilon y Plamanvisa-, aún seguía en vigor el día en que Transición Ecológica las vetó.
Otro caso llamativo, que llega hasta hoy, es el de Hafesa, el operador de Alejandro Hamlyn, el empresario huido a Dubái de los audios de la 'fontanera' del PSOELeire Díez. CGN certificó a la petrolera casi todos los años desde 2019, y en marzo de 2026, ya bajo AmSpec Iberia, renovó su sello hasta 2027. El ministerio de Sara Aagesen inhabilitó temporalmente a Hafesa el pasado agosto.
La huella de muchos de estos clientes alcanza también a Hacienda, aunque la contabilidad y los impuestos de los mayoristas quedan fuera del perímetro de una verificadora. Quince de las sociedades inhabilitadas que trabajaron con CGN figuran en la última lista de morosos de la Agencia Tributaria, con 1.030 millones pendientes a cierre de 2025. Bio-Zenite encabeza la relación con 233 millones, seguida de Metaway (196) y Biomar (119).
El fraude más frecuente en el sector, que escaló al calor de la crisis energética de 2022, consiste en repercutir el IVA del combustible a los compradores sin llegar a ingresarlo nunca en las arcas públicas, lo que permite a estos operadores bajar precios más que nadie y ganar cuota a costa de sus rivales.
Este tipo de fraude se articula a través de complejas telarañas de sociedades pantalla. En la causa que instruye el juez Santiago Pedraz, la Audiencia Nacional investiga a 16 personas por un fraude de 148 millones canalizado mediante Gaslow y Nascor, dos de los operadores a los que certificó la firma pontevedresa.
Hoy, CGN ya no existe como sociedad. Firmó bajo su marca al menos hasta diciembre de 2025, meses después de su venta, y el pasado marzo AmSpec la absorbió definitivamente mediante su filial española. Pero la continuidad es evidente: su código figura en el registro a nombre de AmSpec Iberia, que certifica desde la misma dirección en Vilagarcía y con la misma persona de contacto. Al cierre de esta edición, ni AmSpec ni sus responsables habían contestado a este diario.
Transición Ecológica custodia el registro de verificadores. Fuentes próximas al departamento aseguran que han seguido de cerca a CGN: «Estamos encima». Aunque la norma no atribuye expresamente a la cartera que encabeza Sara Aagesen la eventual retirada de estas auditoras, sí le corresponde a ésta vigilarlas y, en su caso, sancionarlas. Fuentes oficiales del ministerio tampoco han hecho comentarios.