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El Gobierno aprueba subir el salario mínimo un 5,3% y el sueldo de los funcionarios un 4,5%
El Consejo de Ministros respalda la exención en el IRPF para el suelo retributivo y un paquete de medidas laborales que persigue más trasparencia salarial en las empresas
Foto: vía El País
Emilio Sánchez Hidalgo · El PaísPublicado 17 nov, 12:50Ver en elpais.com
A 12 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha aprobado de golpe en un mismo Consejo de Ministros una subida del salario mínimo interprofesional de 2027 de un 5,3% (hasta los 1.286 euros brutos en 14 pagas) y el incremento también para el año que viene del sueldo de los funcionarios de un 4,5% (al que se agregará otro medio punto durante el primer trimestre, parte de un plan plurianual ya conocido). La primera medida no exige convalidación parlamentaria, pero sí la requieren tanto la subida salarial de los empleados públicos como otras dos políticas de calado que ha discutido el Gabinete y que tendrá que refrendar la Diputación Permanente: la exención del IRPF del suelo salarial y un gran decreto ley que busca impulsar la transparencia salarial en las empresas y castigar a las incumplidoras.
El incremento del suelo retributivo aprobado por el Gobierno supera a la inflación interanual de octubre, que se situó en un 4,9%. Pese al fuerte ascenso, está lejos del 7% que exigían los sindicatos. Sumado a los estrechos plazos para esta subida, con una única reunión con los agentes sociales y la coincidencia con el entorno de la huelga general por la vivienda, esta vez el alza no tiene el respaldo formal de CC OO y UGT.
Es la primera vez que las centrales no apoyan una subida del SMI desde que Yolanda Díaz es ministra de Trabajo. En una nota conjunta distribuida este martes, UGT y CC OO dicen poner en valor el fuerte aumento del SMI en los últimos años, pero a la vez emplazan al Gobierno “a cumplir con el compromiso con los sindicatos en materia de registro horario y el compromiso de compensación y absorción del SMI”.
El segundo proyecto no se hará en lo que queda de legislatura, según trasladan fuentes gubernamentales, mientras que Trabajo sigue insistiendo con el primero, con el refuerzo del registro horario (que Economía y Trabajo prometieron que estaría en vigor en septiembre). Este lunes Díaz cargó con fuerza contra el PSOE por no tramitar el control horario, y preguntada al respecto este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha dicho: “No doy crédito a que el PSOE lleve en su programa el registro horario, como le dije esta mañana al ministro de Hacienda. Lleva un año listo para ser aprobado, si quieren este mismo viernes”, ha dicho, sentada junto a sus compañeros socialistas del Ejecutivo.
De vuelta al SMI, la patronal ni ha apoyado esta subida ni casi ninguna de las anteriores: solo respaldó la primera impulsada por Díaz. Sobre este último aumento, CEOE y Cepyme se quejan de que se haga tan pronto, sin esperar al resultado de las elecciones. Las subidas de los últimos años se vienen aprobando en torno a febrero y con efectos retroactivos, pero Trabajo alega que no quiere dejar la subida del suelo retributivo pendiente de un gabinete en funciones. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha criticado que haya “dos consejos de ministros a la semana para hacer campaña electoral”.
Con esta subida, el SMI aumenta en 65 euros y se sitúa en 1.286. Desde 2018 (cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura) el suelo retributivo ha crecido un 74%, desde los 736 euros brutos en 14 pagas. En ese periodo los precios han aumentado en torno a un 28%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo del suelo salarial superior a los 40 puntos.
El SMI tiene especial preponderancia entre mujeres, jóvenes e inmigrantes, así como en la agricultura, el empleo doméstico o la hostelería. Según las estimaciones oficiales, en torno a 2,5 millones de personas cobran el SMI. “La subida sistemática del salario mínimo en España es una historia de éxito en nuestro país. Ha merecido la pena ir en contra de la ortodoxia económica que decía que íbamos a hundir la economía española”, ha dicho Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por otro lado, el Gobierno ha adecuado una vez más (y con muchas más antelación que normalmente) el impuesto sobre la renta de las personas físicas para que los perceptores del SMI sigan sin tributar. “La subida tiene que llegar íntegra para todos estos trabajadores”, ha opinado el ministro de Hacienda, Arcadi España. Para ello, Hacienda aumenta la actual cuantía de la desgravación, de unos 590 euros hasta los 1.033,58 euros anuales, según ha precisado España. De ella se benefician principalmente los trabajadores solteros y sin hijos que no pueden acogerse a otros descuentos.
“La rebaja fiscal se extiende a los salarios inmediatamente superiores al SMI para evitar el error de salto en el IRPF. La deducción se aplica con tendencia decreciente hasta los contribuyentes con rendimientos de 23.172 euros”, ha agregado el responsable de España. Ha explicado que hasta los 18.004 euros anuales (el nuevo SMI) “la tributación es 0%” y hasta los 23.172 euros anuales se va reduciendo proporcionalmente.
A diferencia de años anteriores, según ha precisado España, los perceptores del SMI dejarán de tener una retención mensual que después se les devuelve en la declaración de la renta. “Ahora este real decreto modifica el reglamento del IRPF y garantiza que el perceptor del SMI no soporte ninguna retención mensual en su sueldo. No se le aplicarán retenciones”, ha añadido España, que ha estimado los beneficiarios de este cambio en 2,7 millones de personas.
Subida para los funcionarios
El aumento de los sueldos de los empleados públicos, en una lógica parecida a la del SMI, se adelanta a la fecha habitual en la que se venía aprobando para que no quede pendiente de un gabinete en funciones, según el Ejecutivo. El incremento es aprobado en plena campaña electoral, con una cuantía que ya era conocida porque forma parte de un plan plurianual acordado hace un año. “Hoy es un día extraordinario para más de tres millones de familias de este país, de servidores públicos. Es una subida del 4,5%, la mayor subida salarial desde 1992“, ha dicho el responsable de Función Pública, Óscar López.
“En realidad va a subir más”, ha agregado López, en referencia al 0,5% adicional correspondiente a 2026 cuando se confirme formalmente que el IPC interanual ha crecido en el año por encima del 1,5% (parte del pacto con los sindicatos de funcionarios, de un 11% de 2025 a 2028). La confirmación sobre la inflación se dará a lo largo del primer trimestre del próximo año y superará ampliamente el 1,5%, así que la subida real para las nóminas terminará siendo de un 5%. Sin embargo, a 1 de enero aplicará el 4,5%.
El departamento de Óscar López estima que la subida beneficia a unos tres millones de trabajadores públicos y que oscilará “entre los 1.440 euros brutos al año que podrá percibir un administrativo, los más de 1.900 euros adicionales para un policía nacional, más de 2.700 euros para un maestro, 3.700 euros para un médico o más de 4.000 para jueces”.
Más transparencia salarial
El Gobierno también ha aprobado un gran decreto ley impulsado por el Ministerio de Trabajo y que eleva las sanciones a las empresas que no aporten la suficiente información contractual y salarial a los trabajadores que lo pidan. “Se acabó el secreto salarial en España”, ha dicho Díaz. El proyecto refuerza la transparencia salarial en las empresas, intentando cumplir una directiva europea sobre igualdad retributiva que se debería haber traspuesto el 7 de junio: fortalece el derecho del trabajador a conocer los salarios medios de puestos equivalentes y amplía la información de los registros salariales. También se completa la trasposición de una directiva que debía haber quedado sellada en la normativa española como tarde en 2022.
Trabajo explica que este cambio también implica que, desde ahora, los empleados que hagan horas complementarias (horas adicionales a las pactadas en una jornada parcial) se deben preavisar como mínimo tres días antes. “Si no se cumple estos requisitos la persona trabajadora tendrá derecho a rechazar la tarea asignada sin que ello tenga consecuencias desfavorables”, explica el ministerio. También se endurecen las condiciones para que los contratos fijen periodos de prueba superiores a seis meses, entre otras novedades.
El departamento de Díaz también refuerza el derecho a la información salarial. En vez de mediante el comité de empresa, se reconoce “el derecho individual de información retributiva y declarando nulas las cláusulas contractuales que impidan a la persona trabajadora divulgar información sobre su propia retribución”. Trabajo destaca que también sella “una garantía de indemnidad expresa en Estatuto de los Trabajadores, incluyendo el derecho de la persona trabajadora a no sufrir ningún trato desfavorable, perjuicio o represalia como consecuencia del ejercicio o reclamación de derechos laborales”.
Además, este texto fija el derecho a recibir por escrito en el plazo máximo de dos meses información sobre retribución individual y también sobre la media de la empresa, desglosada por sexo o categorías. Además, las ofertas de empleo deben establecer la retribución inicial correspondiente al puesto de trabajo y se prohíbe solicitar a las personas candidatas información relativa a su historial retributivo. El ministerio también destaca que el derecho a la información se extiende a todas las relaciones laborales, independientemente de su duración. Ya no se limita a las que duren más de cuatro semanas.
Los sindicatos han emitido un comunicado en el que precisan que “deben conocer todavía la totalidad de los textos aprobados”, pero al mismo tiempo “celebran los avances para promover una política retributiva justa y transparente”.
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