El SMI endosa ya 6.000 millones en sobrecostes a empresas que trabajan para el Estado
La falta de actualización de los contratos públicos elevará en otros 938 millones el coste empresarial con la subida del 5,3% del salario más bajo
La falta de actualización de los contratos públicos elevará en otros 938 millones el coste empresarial con la subida del 5,3% del salario más bajo

Publicado: 07/11/2026 · 04:45 CET
Una persona lleva un carro de limpieza | Europa Press
Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) han generado un sobrecoste de 6.000 millones de euros para las empresas que prestan servicios esenciales al Estado. El nuevo incremento previsto para 2027 elevará en otros 938 millones de euros los costes de estas compañías, que prestan servicios como la limpieza, el mantenimiento, la restauración colectiva, la atención a la dependencia o los servicios de contacto de la Administración, según las estimaciones proporcionadas por la patronal de servicios esenciales, Alianzass, a este medio. En conjunto, estos sectores emplean a más de 1,5 millones de trabajadores.
El impacto de las revalorizaciones del salario mínimo es especialmente relevante para las empresas que trabajan a través de contratos públicos de larga duración. Estos contratos se adjudican por un precio cerrado y durante un periodo determinado, que suele ser de tres, cuatro o cinco años. Las compañías deben aplicar las subidas del salario mínimo desde su entrada en vigor, aunque los precios que reciben de la Administración no se actualicen. De esta forma, tienen que asumir unos costes laborales superiores a los que habían previsto cuando consiguieron la adjudicación.
Las organizaciones empresariales llevan advirtiendo de este sobrecoste desde hace años. El origen está en la Ley de Desindexación, que desde 2015 impide actualizar automáticamente los precios de los contratos. Una situación que se ha agravado con las sucesivas revalorizaciones del salario mínimo. Desde 2018, el SMI ha pasado de 735,90 euros mensuales a los 1.286 euros previstos para 2027, lo que supone un incremento del 75%. En los últimos tres años, la subida ha sido del 13%, según los cálculos de las empresas del sector, que denuncian que los precios de los contratos permanecen congelados durante ese periodo.
Las actividades más expuestas son aquellas en las que los salarios tienen un mayor peso en los costes empresariales. Es el caso de la limpieza profesional, el mantenimiento, la restauración colectiva o los servicios de ayuda a domicilio, entre otros. En estas actividades, donde buena parte de la plantilla percibe remuneraciones próximas al salario mínimo, cada incremento del SMI tiene un impacto directo sobre la factura salarial que deben asumir las compañías.
“Vas a un concurso con los números hechos y a mitad del partido te cambian las reglas”, explica el presidente de la patronal Alianzas, Javier Sigüenza, en conversación con este periódico. La patronal considera que esta situación resulta especialmente difícil de asumir en unas actividades con márgenes empresariales muy reducidos y sometidas a una elevada competencia. La principal queja de la organización empresarial es que el Gobierno impone las subidas salariales, pero no aumenta lo que paga por los servicios que contrata. Una situación que no se produce en el sector privado, donde las empresas pueden trasladar a sus precios los aumentos de los costes laborales.
Por su parte, el presidente de la patronal de atención a la dependencia a domicilio, Ignacio Gamboa, asegura que la desindexación tampoco supone un ahorro a largo plazo para la Administración, según los cálculos de la organización empresarial. "Cuando el contrato se acaba, el precio para el Estado sube", resume. Ahora bien, las consecuencias no se limitan a las cuentas de las empresas. El encarecimiento de los salarios también está condicionando la negociación colectiva en estas actividades.
Gamboa explica que las compañías están inmersas en la negociación del noveno convenio marco, un proceso que se está viendo dificultado por el aumento de los costes laborales. Aunque no todos los trabajadores cobran el SMI, las subidas del mínimo reducen el margen disponible para pactar mejoras salariales en otras categorías profesionales. En algunos casos, incluso, las empresas renuncian a plantear incrementos retributivos porque no tienen capacidad para asumirlos mientras sigan vigentes los contratos actuales. “Es insostenible que los costes crezcan y la Administración mantenga los precios”, sostiene.
El malestar en el sector ha llevado a la patronal a aliarse con CCOO y UGT para reclamar una revisión urgente de los precios de los contratos públicos. Las tres organizaciones consideran que la legislación actual no ofrece mecanismos adecuados para incorporar los incrementos de costes sobrevenidos por cambios normativos o por acuerdos alcanzados en la negociación colectiva. Por ello, reclaman una reforma que permita adaptar las condiciones económicas de los contratos y garantizar tanto su viabilidad como la mejora de las condiciones laborales.
Sigüenza asegura que formaciones como Sumar, Junts y el PNV han apoyado la necesidad de modificar el marco actual, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el diputado Juan Bravo también se han comprometido a revisar la Ley de Desindexación. La patronal reclama una reforma global de la contratación pública y confía en que pueda abordarse con un eventual cambio de Gobierno.
La reivindicación cobra especial relevancia ante el nuevo proyecto de real decreto que el Ministerio de Trabajo ha sometido a audiencia pública. El texto plantea elevar el SMI un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas (18.004 euros anuales), y obliga a adaptar los salarios de convenio que queden por debajo de esa cuantía. Sin embargo, no incorpora ninguna previsión sobre la revisión de los precios de los contratos públicos para compensar el incremento de los costes laborales.
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Texto de Vozpópuli tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en vozpopuli.com · Volver a la noticia de El Autómata