El Consejo de Ministros aprobará mañana, martes, un aumento del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, según anunció este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La nueva cuantía entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y supondrá 18.004 euros brutos anuales. Díaz adelantó también que el alza irá acompañada de medidas para que no tribute por IRPF.
En una entrevista en La Sexta, la ministra aseguró que los trabajadores que perciban el SMI recibirán la subida sin pagar ese impuesto. Para ello, el Gobierno ampliará mediante una ley la deducción fiscal vigente para el salario mínimo de 2026. Díaz afirmó que el Consejo de Ministros dará luz verde también a esa medida. La exención se refiere al IRPF: la nueva cuantía seguirá sujeta a las cotizaciones a la Seguridad Social.
El incremento equivale a 65 euros brutos mensuales y, según Trabajo, busca mantener el poder adquisitivo de los perceptores del SMI. La subida supera en unas décimas la inflación interanual del 4,9% citada en la información sobre el anuncio. Aunque Díaz defendió que el aumento llegará íntegro a los trabajadores, las aportaciones a la Seguridad Social reducirán la cantidad que perciban respecto al incremento bruto.
La propuesta se aprobará sin el respaldo de los sindicatos, por primera vez en una actualización del SMI. CCOO y UGT habían defendido una subida del 7% en una rueda de prensa convocada por la huelga general por la vivienda. Trabajo consultó a los dos principales sindicatos y a las dos organizaciones empresariales, sin abrir una mesa de negociación ni presentar una propuesta concreta.
La CEOE y Cepyme han criticado el calendario y han pedido que el aumento quede en manos del próximo Gobierno, en lugar de aprobarse antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Ambas organizaciones sostienen que el Ejecutivo está acelerando el proceso con fines electorales. Sindicatos y patronales también han cuestionado que conocieran la cifra a través de la prensa. La aprobación prevista para este martes se produce, por tanto, sin un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales.
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