El Gobierno aprobará este martes otro de sus 'decretos sociales' y materializará un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3%, a 1.286 euros brutos al mes a partir de enero de 2027, según ha confirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a 'La Sexta', apenas unas horas después de retirar su candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta es la primera vez que el aumento no cuenta con el respaldo de los sindicatos, que le exigían que la subida fuera acompañada de un decreto que impidiese que las empresas recortaran o eliminaran los pluses salariales que vinieran cobrando los trabajadores para amortiguar el impacto del SMI.Esta cifra supone un incremento de 65 euros al mes en términos brutos, que solo se verá reducida por las aportaciones a Seguridad Social, dado que el Ejecutivo ha garantizado que este nivel salarial se mantendrá exento de pagar IRPF, como han garantizado a lo largo de la última legislatura. "Será una subida íntegra" ha defendido la también vicepresidenta del Gobierno, que no ha hecho mención al compromiso que había adquirido en años anteriores con los representantes de CCOO y UGT y que han impedido que esta vez pudiera darse la ya tradicional foto de firma de la subida del SMI. En 2026 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también participó en la escenificación de este acuerdo.
Todo el proceso de actualización del SMI difiere del seguido en los años previos. En primer lugar, el Gobierno ha decidido acelerar los plazos con el objetivo de dejar aprobado el incremento antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, algo que ha sido criticado por las patronales CEOE y Cepyme que demandaron recientemente en un comunicado que el Ejecutivo no hiciera uso del SMI como medida electoral y que dejara el aumento en manos del próximo Gobierno, que según apuntan las principales demoscópicas estaría encabezado por el Partido Popular. Tampoco se ha dado una mesa de negociación como tal, Trabajo se limitó a hacer la consulta obligatoria a los dos principales sindicatos y las dos organizaciones empresariales, sin llegar a concretar su propuesta. De hecho, los agentes sociales ni siquiera han llegado a presentar formalmente sus demandas para el próximo SMI.
Los secretarios de CCOO y UGT trasladaron en una rueda de prensa convocada por la huelga general por la vivienda que creían que debería subir un 7%, pero no detallaron los cálculos que les hacían abogar por esta subida, como es habitual. Las organizaciones empresariales, por su parte, ni siquiera llegaron a poner sobre la mesa una cifra, al entender que el Gobierno esta forzando los plazos para acudir a las urnas con la subida aprobada y sin una verdadera intención de diálogo. Todos los agentes sociales criticaron conocer la cifra de incremento a través de la prensa. El Gobierno sí encargó el informe habitual al grupo de 'expertos', no obstante, no ha llegado a hacer ninguna presentación del documento elaborado por esta comisión que componen académicos, representantes de los sindicatos y de los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo.
El motivo es que Trabajo sometió directamente a audiencia pública una propuesta que ignoraba el porcentaje sugerido por este comité. Si el documento apostaba por incrementar el SMI un 4,9%, Díaz decidió elevar este porcentaje en cuatro décimas adicionales para compensar la diferencia entre el alza aplicado a inicios de 2026 y la evolución que habían tenido los precios hasta el mes de octubre. Trabajo forzó así una revisión extraordinaria del SMI, recogida por el Estatuto de los Trabajadores para los escenarios en los que los precios aumenten más de lo previsto al inicio de año -algo que había pasado por el incremento de precios asociado a la guerra en Irán- para llevar el sueldo más bajo en términos anuales por encima de los 18.000 euros, al aplicar un incremento de 910 euros anuales. Los académicos habían considerado suficiente un 4,9% al igualar el dato interanual de inflación, ya que el objetivo de igualar el SMI al 60% del SMI ya se conseguía con un porcentaje inferior.
Si bien, Trabajo incorpora la variable de precios por segunda vez para aumentarlo en cinco euros más al mes.