El modelo de negocio que ha llevado al éxito a Revolut, basado en la ausencia de oficinas físicas, la automatización y la rapidez para abrir y gestionar cuentas por internet y operar con criptomonedas, se ha convertido en un problema para la entidad ante la Justicia italiana. Según el Tribunal de Milán, sus sistemas de control han sido incapaces de detectar y comunicar a las autoridades operaciones sospechosas de clientes, entre ellos presuntos miembros de organizaciones mafiosas, defraudadores fiscales y estafadores de fondos públicos.
Estas deficiencias habrían facilitado que determinados usuarios movieran dinero procedente de actividades ilícitas, transfirieran grandes cantidades al extranjero sin levantar sospechas, dificultaran el rastreo de los fondos y la identificación de sus verdaderos propietarios e incluso, en algunos casos, evitaran embargos y confiscaciones.
La Sección de Medidas de Prevención del Tribunal de Milán ha ordenado someter durante un año a administración judicial a la filial italiana de Revolut Bank UAB, con sede en la calle Dante de Milán, IBAN italiano y registrada en el Banco de Italia desde noviembre de 2024. La entidad depende de Revolut Group Holdings Ltd, con sede en Londres, a través de Revolut Holding Europe UAB, en Lituania, donde fue fundada hace once años por el empresario ruso nacionalizado británico Nikolay Storonsky y el ingeniero informático ucraniano Vlad Yatsenko.
Revolut, el quinto mayor banco de Italia
Revolut es actualmente el principal banco extranjero que opera en Italia y el quinto más grande del país, con más de cinco millones de clientes italianos que utilizan sus servicios por internet, frente a los 80 millones que tiene en todo el mundo.
El año pasado, la entidad obtuvo unos ingresos de 6.000 millones de dólares y unos beneficios antes de impuestos de 2.300 millones. Además, en la última ronda internacional de financiación, cerrada hace un mes, el valor de sus acciones alcanzó una valoración de 115.000 millones de dólares.
Qué ha decidido el tribunal y qué consecuencias tendrá para los clientes
La decisión judicial se fundamenta en la ausencia de comunicaciones de operaciones sospechosas por parte de Revolut, pese a que otras entidades financieras habían remitido cientos de alertas sobre los mismos casos. El tribunal también señala deficiencias en la identificación de los clientes, la falta de consultas a fuentes de información públicas sobre usuarios implicados en procedimientos penales, la apertura o utilización de cuentas poco antes de embargos y confiscaciones, los frecuentes saldos a cero y las importantes transferencias de dinero a cuentas extranjeras.
También se han detectado movimientos incompatibles con la actividad declarada de los titulares, como el uso de cuentas personales para operaciones comerciales o la recepción de ingresos de numerosas personas físicas en cuentas de sociedades.
Ante estas irregularidades, la presidenta de la Sección de Medidas de Prevención, Paola Pendino, junto a las magistradas Grazia Cucciniello y Maria Profeta, han aceptado la propuesta del fiscal Paolo Storari, que ya impulsó una medida similar contra Banca Progetto en 2024. Los administradores judiciales Ilaria Ramoni y Piero Antonio Capitini tendrán la misión de ayudar a la entidad a revisar sus controles internos e introducir los cambios necesarios para evitar que se repitan las prácticas detectadas. La primera vista para abordar el procedimiento está fijada para el próximo 25 de febrero.
La resolución no tendrá consecuencias para los depósitos de los clientes italianos ni supondrá interrupciones en la actividad habitual del banco.
Revolut Italia no está investigada: qué significa la administración judicial
El tribunal no considera que Revolut Bank UAB sea cómplice de los clientes vinculados a actividades delictivas. No existen indicios en ese sentido y la compañía no está siendo investigada. Su posición es la de una tercera entidad respecto a los posibles delitos cometidos por algunos de sus usuarios.
Sin embargo, las magistradas consideran que la organización y el funcionamiento de Revolut son reprochables por negligencia.
La administración judicial es una medida preventiva contemplada en el artículo 34 del decreto legislativo 159, de 6 de septiembre de 2011. Los jueces pueden adoptarla cuando existen indicios suficientes de que una actividad económica está sirviendo de apoyo o facilitando las operaciones de personas investigadas por delitos graves, entre ellos pertenencia a organizaciones mafiosas, blanqueo de capitales, fraude contra el Estado, explotación laboral, extorsión o usura.
Para aplicar esta medida no es necesario que la empresa haya participado directamente en los delitos. Basta con que su comportamiento pueda considerarse negligente o imprudente y haya contribuido a facilitar esas actividades ilícitas.
El objetivo de la administración judicial no es castigar a una empresa que no está siendo investigada, sino evitar que las actividades delictivas contaminen su funcionamiento. Para ello, queda sometida temporalmente a supervisión judicial con la intención de corregir las deficiencias y devolverla al mercado una vez eliminados los factores que han permitido esas prácticas.
La obligación de detectar y comunicar las operaciones sospechosas
En el caso de Revolut, el tribunal subraya que el uso de sistemas automatizados por parte de una entidad bancaria digital con presencia internacional no reduce sus obligaciones de vigilancia, sino que las hace aún más exigentes. Estos mecanismos deben recopilar información relevante, generar alertas fiables, permitir comprobaciones adicionales y detectar patrones de movimientos anómalos.
Sin embargo, la reiteración y la variedad de los casos analizados demuestran, según las magistradas, que los controles implantados por Revolut no han sido adecuados para impedir que personas vinculadas a redes delictivas utilizaran su infraestructura bancaria.
Por este motivo, consideran necesaria la administración judicial. No se trata únicamente de incorporar algún procedimiento que falte, sino de revisar toda la cadena de supervisión: desde la identificación de los clientes y la evaluación de sus riesgos hasta el seguimiento de las transacciones, la relación entre titulares y destinatarios de los fondos, la gestión de las alertas y la comunicación de las operaciones sospechosas a las autoridades.
La diferencia con otros bancos: ninguna alerta de Revolut frente a cientos de avisos
El procedimiento judicial parte de los resultados de una inspección contra el blanqueo de capitales realizada en 2025 por el GICO de la Guardia de Finanzas italiana a RT Digital Securities Cyprus Ltd, posteriormente denominada Revolut Digital Assets Europe Ltd. Esta empresa opera con criptomonedas y utiliza los datos, la documentación y los procedimientos de prevención del blanqueo proporcionados por Revolut Bank UAB. En la práctica, todos sus clientes también lo son del banco digital.
La Fiscalía examinó una muestra de usuarios residentes en su demarcación y detectó que 24 de ellos estaban implicados en procedimientos penales por delitos graves. Al revisar sus movimientos bancarios entre enero de 2023 y julio de 2024, descubrió que otras entidades financieras habían enviado 112 comunicaciones de operaciones sospechosas relacionadas con esas personas. Revolut, sin embargo, no había remitido ninguna.
Además, según la investigación, la entidad podría haber conocido a través de fuentes públicas, como periódicos, televisiones, páginas web y bases de datos, que algunos de sus clientes habían sido detenidos, investigados o habían sufrido embargos. Esa información debería haber activado comprobaciones adicionales sobre sus operaciones y su perfil de riesgo.
Paradójicamente, durante las investigaciones policiales tampoco se había informado a los agentes de que algunos de los sospechosos tenían cuentas en Revolut.
En uno de los casos, esta falta de información permitió que cuatro personas afectadas por un embargo judicial preventivo consiguieran retirar 3,8 millones de euros el 7 de noviembre de 2023. La circunstancia salió a la luz en junio de 2025, cuando se descubrió que los cuatro condenados habían sido titulares de cuentas en Revolut.
La Fiscalía revisó también la documentación de otro procedimiento penal contra 22 investigados. En este caso, comprobó que Revolut tampoco había comunicado ninguna anomalía relacionada con 16 cuentas bancarias de sociedades vinculadas a los sospechosos, mientras que el resto de las entidades financieras habían generado 107 alertas por operaciones sospechosas.
El último caso llegó hace un mes, a raíz de una investigación de los fiscales milaneses Addesso y Colacicco que se saldó con una veintena de detenciones. Entre los arrestados figuraba un empleado de la oficina judicial del juez de instrucción de Milán que había filtrado a miembros de organizaciones criminales una copia del registro secreto de personas investigadas.
La trama estaba vinculada a una empresa de Pero, en la provincia de Milán, que ofrecía servicios para evadir impuestos y blanquear dinero procedente, entre otras actividades, del tráfico de drogas. También habría canalizado fondos para financiar a grupos criminales relacionados con la 'Ndrangheta calabresa y clanes mafiosos de Foggia.
En uno de los casos analizados, una cuenta de Revolut registró ingresos por valor de 17,227 millones de euros y salidas de 17,127 millones. Los movimientos incluían transferencias a sociedades instrumentales, operaciones con contrapartes cuya actividad no guardaba relación con las cantidades recibidas, conceptos genéricos y ausencia de gastos empresariales ordinarios. Pese a estos indicios, Revolut no comunicó ninguna operación sospechosa. El resto de las entidades financieras implicadas, en cambio, remitieron 273 alertas.
La respuesta de Revolut
En un comunicado, Revolut aseguró que ha tomado nota de la decisión del Tribunal de Milán y que colaborará plenamente con las autoridades italianas.
"Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones normativas y los controles contra el blanqueo de capitales. Invertimos constantemente en reforzar nuestros sistemas de prevención de delitos financieros, nuestros modelos de supervisión de transacciones y los equipos especializados en cumplimiento normativo en todos los mercados en los que operamos", señaló la entidad.
La compañía añadió que, aunque no puede pronunciarse sobre cuentas concretas ni sobre procedimientos judiciales o administrativos en curso, sus servicios bancarios para particulares y empresas en Italia siguen funcionando con normalidad y sin interrupciones para sus clientes.