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Las claves
Repsol demanda judicialmente a Iberdrola, Naturgy, Endesa y Red Eléctrica (REE) por el cero eléctrico del pasado 28 de abril.
La compañía energética reclama de forma conjunta un total de 120 millones de euros por los daños causados en sus complejos industriales.
La petrolera ha individualizado las acciones judiciales según la distribuidora que opera en cada refinería, imputando la responsabilidad solidaria a REE.
La demanda se formaliza tras no alcanzar un acuerdo extrajudicial previo a través de los burofaxes enviados por la empresa en abril.
Preguntas
Repsol alega que el apagón interrumpió el suministro y obligó a detener la actividad de sus complejos industriales, causándole daños que reclama a las distribuidoras responsables del suministro en cada centro. La demanda busca atribuir responsabilidad por esos perjuicios y cuantifica los daños en 120 millones de euros.
Repsol incluye a REE porque es el operador del sistema eléctrico y la compañía considera que su actuación en la gestión del sistema puede haber influido en el apagón generalizado. La empresa ha presentado las demandas contra las distribuidoras y contra REE en todas las reclamaciones.
Repsol reclama daños por 120 millones de euros en total y ha individualizado las reclamaciones según la distribuidora que suministra cada complejo: Naturgy-Fenosa en A Coruña, Iberdrola en Bilbao y Cartagena, y Endesa en Tarragona y Puertollano; en todos los casos, también incluye a REE.
Antes de demandar, Repsol envió notificaciones formales (burofaxes) a REE y a las distribuidoras para ofrecer un intento de acuerdo extrajudicial, tal y como exige la legislación española, y anunció que interpondría acciones legales si ese intento no fructificaba.
Una demanda de este tipo puede tardar entre tres y seis años en alcanzar una resolución judicial firme y puede alargarse más si hay recursos ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.
Repsol ha presentado demandas judiciales contra Iberdrola, Naturgy y Endesa por el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, que afectó a sus complejos industriales, y ha reclamado también responsabilidades, de forma solidaria, a Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico español.
La compañía presidida por Antonio Brufau ya había advertido de su intención de acudir a los tribunales para exigir responsabilidades por las consecuencias del cero eléctrico sobre sus instalaciones industriales.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, anunció esta decisión el pasado 30 de abril, durante la presentación de los resultados del primer trimestre, cuando aseguró que la empresa estaba "plenamente comprometida con exigir responsabilidades legales a los responsables de estos acontecimientos".
Las demandas se han dirigido contra las distribuidoras correspondientes (Naturgy-Fenosa en A Coruña, Iberdrola en Bilbao y Cartagena, Endesa en Tarragona y Puertollano) y solidariamente contra REE en todas ellas y suman una reclamación de daños de 120 millones de euros.
"Será el juez quien decida de qué manera y cómo se reparten las responsabilidades económicas", señalan fuentes cercanas a la energética española.
De esta manera, la petrolera ha optado por individualizar las reclamaciones en función de las empresas distribuidoras que prestan servicio a cada uno de sus centros industriales, pero incluyendo en todas ellas al operador del sistema eléctrico.
Una demanda como ésta puede tardar entre 3 y 6 años en tener una resolución judicial firme, e incluso más si hay recursos ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.
Aviso en abril
La decisión judicial culmina el proceso que la compañía anunció apenas dos días después del apagón. Durante la conferencia con analistas del 30 de abril pasado, Imaz explicó que Repsol ya había iniciado los trámites legales para reclamar por los daños y las consecuencias del incidente.
"Estamos plenamente comprometidos a exigir responsabilidad legal a los responsables de estos hechos", afirmó el consejero delegado, que precisó que la compañía había iniciado el procedimiento legal la semana anterior.
En concreto, explicó que, antes de presentar una demanda, la legislación española exige ofrecer a la parte contraria la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial.
Para cumplir con este requisito, Repsol había enviado notificaciones formales, conocidas como burofaxes, tanto a Red Eléctrica como a las distribuidoras con las que sus centros industriales tienen contratos de suministro.
"Y si este intento previo no resulta satisfactorio, Repsol interpondrá formalmente las demandas correspondientes contra todas estas empresas.", advirtió entonces Imaz.
El directivo también manifestó su confianza en el sistema judicial español y en la solidez de las reclamaciones de la compañía: "Confío en el sistema judicial español. Creo que contamos con un sistema judicial sólido y fiable.".
Con la presentación de las demandas en octubre, Repsol ha dado finalmente ese paso, al considerar que debe exigirse responsabilidad a las empresas implicadas en el suministro y la operación del sistema eléctrico por las consecuencias del apagón sobre sus instalaciones.
El incidente del 28 de abril provocó la interrupción del suministro eléctrico en toda la Península Ibérica y obligó a detener la actividad de los complejos industriales de Repsol.
La compañía busca ahora que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes por los perjuicios ocasionados.