Las juntas electorales de Valencia han abierto expedientes sancionadores a la alcaldesa de la capital, María José Catalá, y al vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, por actuaciones durante el periodo electoral. Además, la Junta Electoral de Zona de Valencia ha ordenado retirar vídeos o publicidad institucional de las redes oficiales del Ayuntamiento de Quart de Poblet, tras una denuncia del PP local.
El expediente a Catalá se refiere a un vídeo publicado el 23 de octubre en sus redes personales y grabado en su despacho municipal para anunciar su candidatura del PP al Congreso por Valencia. La Junta Electoral de Zona adoptó el acuerdo el 6 de noviembre, después de que el PSPV recurriera una decisión anterior que no abrió procedimiento sancionador. El órgano considera que difundirlo desde cuentas personales no elimina la posible infracción si se emplean recursos públicos para elaborar un mensaje electoral. La alcaldesa retiró el vídeo antes de recibir un requerimiento. El expediente puede acarrear una multa de entre 300 y 3.000 euros y el acuerdo dio al PP 15 días para recurrir.
La Junta Electoral Provincial abrió un expediente a Martínez Mus por el acto del 27 de octubre en el IVAM sobre el diseño del sistema de parques inundables metropolitanos. Consideró que la presentación de un proyecto futuro, con invitación a cargos públicos y medios, y su difusión en canales oficiales vulneraron el artículo 50 de la LOREG y el principio de neutralidad institucional. También ordenó retirar los comunicados oficiales publicados desde esa fecha. La Conselleria alegó un interés general superior, pero la Junta no apreció urgencia. Martínez Mus podía recurrir en alzada y la Junta Electoral Central debe pronunciarse sobre los hechos.
En Quart de Poblet, la Junta estimó una denuncia del PP contra la alcaldesa, Cristina Mora, y ordenó retirar contenido institucional de las redes oficiales del consistorio, no de los perfiles personales. Uno de los vídeos aludía a la decisión municipal de destinar dos parcelas a 200 viviendas protegidas; la denuncia también incluía otra grabación de la alcaldesa. La resolución aplica el artículo 50.2 de la LOREG. Ninguna de estas aperturas de expediente equivale por sí sola a una sanción firme.
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