El Ayuntamiento de Alicante defendió este lunes ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que la jefatura de sus Servicios Jurídicos podía cubrirse por libre designación y que el procedimiento se ajustó a derecho. Rafael Ramos, designado para el puesto, ejerció la defensa municipal y sostuvo que la ley permite esta fórmula y que «no existe ningún impedimento» para aplicarla.
La funcionaria que recurrió la decisión sostiene que no se justificó la eliminación del concurso de méritos, que considera el sistema prioritario y objetivo. Su abogado pidió anular tres actos: la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que cambió la forma de provisión, la convocatoria y el decreto de Alcaldía que nombró a Ramos en septiembre de 2025. Según la demandante, el cambio limitó la concurrencia al puesto.
La defensa municipal alegó que la funcionaria carece de legitimación para impugnar los actos porque trabaja en otra Administración y no ha sufrido un perjuicio directo. La demandante está en comisión de servicios, una situación que también llevó a excluir a otro aspirante. Un tercer candidato, admitido y finalmente descartado, defendió la legalidad de la elección. El funcionario excluido coincidió en que la libre designación es legal, pero cuestionó que se aparte a quienes están en comisión de servicios; ha planteado esa cuestión en otro procedimiento.
El puesto se cubrió temporalmente en mayo de 2023 con Ramos, que obtuvo 33 puntos en una selección frente a los 25 de Fernando Román y los 21 de Pablo María Núñez de Cela. En junio de 2025, el gobierno municipal modificó el sistema para que la jefatura se cubriera por libre designación y volvió a nombrar a Ramos. El juez rechazó la petición de que Ramos declarase como testigo en la vista.
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