El caso de la dana, precedente judicial de la filtración de los audios del accidente de Urda · Información · El Autómata
Lunes, 16 de noviembre de 2026
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El caso de la dana, precedente judicial de la filtración de los audios del accidente de Urda
La investigación a un ex alto cargo del Consell por la difusión de una llamada de Aemet durante la emergencia de 2024 permite augurar otra similar por la tragedia ferroviaria.
La misma noche tras el accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 víctimas mortales, con España aún conmocionada y mientras todavía se trabajaba en la identificación de cadáveres, el país ya estaba escuchando las conversaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los dos maquinistas, uno de ellos fallecido en el siniestro. En concreto, tres cortes en los que, por una parte, la conductora del Iryo informaba de su imposibilidad para reanudar la marcha y, por otra, el de Renfe recibía órdenes de hacerlo a marcha normal.
Los audios, que estaban recortados, señalaban un error de los operarios del centro de mando y avalaban la versión ofrecida horas antes por el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente. Se publicaron y reprodujeron en periódicos, radios y televisiones. una filtración que ha acabado en los tribunales tras una denuncia de UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), que buscan depurar responsabilidades ante la posibilidad de haber incurrido en un delito. Habida cuenta, sobre todo, que ese mismo día la jueza había decretado el secreto de las actuaciones.
La filtración ha abierto un debate jurídico y evoca por cierta similitud al caso de la dana, por el que hay un ex alto cargo del Consell investigado por presunta revelación de secretos, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV. En este caso, poco más de tres meses después de la catástrofe, varios medios de comunicación publicaron una llamada entre dos técnicas del servicio del 112 de la Generalitat y la Agencia Española de Meteorología (Aemet) el día de la catástrofe. Una grabación que, manipulada y recortada, cuestionaba el papel de la entidad estatal en la gestión de la emergencia y acabó circulando en la prensa para ser acto seguido utilizada por cargos del PP y por el entonces president Carlos Mazón para atacar el papel de la agencia estatal.
Fue la propia Aemet la que llevó el asunto a la Fiscalía, que acabó denunciando la filtración ante la justicia por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos dado que la conversación tenía "carácter reservado conforme a la legislación vigente, al haberse producido en el contexto de la gestión de una emergencia". La ley valenciana de Protección Civil fija claramente que "toda información relativa a la gestión de un incidente de la emergencia" debe ser puesta a disposición "de todos los servicios esenciales involucrados, a los estrictos fines de su gestión" pero que una vez "finalizada la gestión del incidente de emergencia, únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”.
Todo apuntaba a que la filtración procedía de la administración autonómica porque, en una emergencia, el Centro de Coordinación de Emergencias es el encargado de conservar las grabaciones, alojadas en sus instalaciones. Eso permitió abrir la investigación penal y, tras indagaciones de la Guardia Civil, se descubrió que ex subsecretario de la Conselleria de Justicia, Ricardo García García, fue al centro a reclamar esa grabación y se la llevó en un pendrive. Está citado a declarar como investigado el 25 de noviembre y una de las cuestiones por dilucidar es si seguía órdenes de algún superior y qué hizo con ese audio.
El exsubsecretario de Justicia Ricardo García, accede al juzgado de Catarroja. / Levante-EMV
El caso de Toledo guarda cierta proximidad en tanto supone la filtración de audios internos que resultan clave en investigaciones judiciales de una catástrofe pero aquó no aplica la mencionada legislación de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, circunscrita a las comunicaciones en las que participan los técnicos de Emergencias tanto con ciudadanos como con otros organismos. En ese sentido, los juristas consultados señalan que puede tener recorrido judicial en base al derecho procesal. En ese caso, obligaría a reconstruir quién extrajo los audios, quién tuvo acceso a ellos y cómo acabaron en manos de periodistas de medios próximos al Gobierno. No hay que olvidar que el ministro, en su comparecencia vespertina, admitió que ya había escuchado grabaciones de la moviola.
"Como regla general, jurídicamente todas las actuaciones están reservadas cuando la causa está en fase de investigación, por lo que no pueden ser públicas", explica José Luis González, doctor en Derecho por la Universitat de València (UV). Pero la infracción procesal podría tener consecuencias peores si "las actuaciones tienen un grado de protección mayor, si están declaradas secretas", como es este caso, dado que el artículo 466 del Código Penal castiga la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, aunque con toda probabilidad las grabaciones todavía no estaban incorporadas a la causa el mismo 28 de octubre.
Otra posibilidad es aplicar el artículo 417 del Código Penal, que sanciona a las autoridades o funcionarios públicos que divulguen secretos o informaciones conocidos por razón de su cargo y que deban mantenerse reservados. En cualquier caso, el especialista apunta que tendría mayor relevancia si esa revelación puede "conllevar daños a derechos de personas, empresas o instituciones", por ejemplo, si "perjudica a alguien en concreto, en su honor o en su intimidad, u otros derechos". Las penas que fija la ley van desde multas económicas o inhabilitación hasta prisión de hasta cinco años, dependiendo de las circunstancias y el responsable de la filtración.
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