UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) denunciaron la difusión de audios de las comunicaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas del accidente de Urda, que causó 69 muertos. Los sindicatos piden que se depuren responsabilidades por la salida a los medios de fragmentos de conversaciones internas. La denuncia no determina quién los difundió ni si se cometió un delito.
Los cortes, publicados el 28 de octubre, incluían la comunicación de la conductora del tren de Iryo, que dijo que no podía reanudar la marcha, y una instrucción al maquinista de Renfe para circular a velocidad normal. Los fragmentos apuntaban a un posible error en el centro de control y se difundieron el mismo día en que la jueza decretó el secreto de las actuaciones.
La comparación con la dana se refiere a la difusión de comunicaciones internas vinculadas a una catástrofe y a una investigación judicial, pero los dos casos tienen marcos distintos. Durante la emergencia de 2024, Aemet trasladó a la Fiscalía la publicación de una llamada con técnicas del 112; la Fiscalía denunció la filtración por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Levante-EMV informó de que la Guardia Civil identificó como investigado a Ricardo García García, ex subsecretario de la Conselleria de Justicia, después de que acudiera al centro de emergencias y se llevara la grabación en un pendrive. Está citado a declarar el 25 de noviembre.
La legislación valenciana de Protección Civil sobre esas grabaciones no se aplica al accidente de Urda. Los juristas consultados apuntan a una posible vía procesal que exigiría esclarecer quién extrajo los audios y quién tuvo acceso a ellos. José Luis González, doctor en Derecho por la Universitat de València, señala que el Código Penal contempla la revelación de actuaciones declaradas secretas en su artículo 466 y la divulgación de información reservada por funcionarios en el 417. La aplicación de esas figuras dependería, entre otros aspectos, de si las grabaciones se habían incorporado a la causa; el artículo señala que probablemente aún no lo estaban el 28 de octubre.
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