El Gobierno de Andorra ha dado este miércoles su visto bueno a la proposición de ley de la consejera general socialdemócrata Laia Moliné para regular las cooperativas de vivienda en cesión de uso. La iniciativa propone una fórmula entre la compra y el alquiler convencional; el respaldo del Ejecutivo no implica que la norma esté aprobada. El ministro portavoz, Guillem Casal, considera que puede diversificar las vías de acceso y aliviar la tensión del mercado inmobiliario.
En este modelo, la cooperativa es propietaria del edificio y sus miembros disponen de un derecho estable de uso sobre una vivienda concreta, sin convertirse en propietarios individuales. Los residentes participan además en las decisiones sobre la gestión del inmueble. La propuesta busca ofrecer estabilidad residencial sin recurrir a la compra de un piso ni a las condiciones del alquiler tradicional.
La fórmula también pretende limitar la especulación: los socios no pueden vender individualmente la vivienda ni quedarse con las ganancias derivadas de su revalorización, ya que el inmueble sigue siendo propiedad de la cooperativa. El objetivo es priorizar el uso residencial y ampliar las opciones para quienes tienen dificultades para asumir los precios actuales de compra o alquiler.
Casal ha señalado que la proposición necesitará ajustes jurídicos y técnicos durante su tramitación parlamentaria para mantener la coherencia con la legislación vigente y evitar duplicidades. El Gobierno plantea que la regulación establezca garantías de transparencia, participación de los socios y mecanismos de gobernanza. La aplicación del modelo dependerá de que el Parlamento apruebe la ley y de que se pongan en marcha proyectos cooperativos.
Aquesta notícia l'ha redactada una intel·ligència artificial a partir de les fonts citades, amb el criteri editorial d'El Autómata (equilibri, atribució i només fets publicats). Pot contenir errors: consulta les fonts originals. Model: gpt-6-luna.