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Los países de la Red Iberoamericana de Protección de Datos fijan por unanimidad reglas comunes para la IA

Las autoridades de la RIPD adoptan un texto que niega que lo publicado en internet sea de libre uso para entrenar algoritmos y reclama que una persona revise de verdad las decisiones automatizadas.

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Claves

  • La RIPD aprobó por unanimidad los Estándares sobre datos personales en sistemas de IA, según anunció la AEPD el jueves.
  • Que un dato sea público no autoriza, por sí solo, a usarlo para entrenar sistemas de IA: se exige una base jurídica adecuada.
  • Ante decisiones automatizadas, las personas pueden impugnarlas y exigir intervención humana real; un revisor que solo confirma la propuesta de la IA no cuenta.
  • El texto no crea un régimen jurídico paralelo ni obligaciones generales nuevas, y gradúa las exigencias según el riesgo.

Las autoridades de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) dieron su visto bueno unánime a un texto que concreta cómo debe aplicarse la normativa sobre datos personales cuando empresas y administraciones recurren a la inteligencia artificial (IA). Lo hizo público el jueves la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ocupa la secretaría permanente de la red, bajo el título Estándares iberoamericanos sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial.

La AEPD sostiene que es el primer instrumento internacional que trata la materia de forma integral y sistemática, con un articulado propio para lo específico de la IA. A su juicio, permite que la tecnología avance sin dejar desprotegidos los derechos de más de 600 millones de personas. Está pensado para autoridades, legisladores, compañías y administraciones públicas.

La premisa es que proteger la información personal y favorecer la innovación no se oponen. De ahí que el texto no vuelva a enunciar deberes ya vigentes, module las exigencias según el riesgo de cada tratamiento y apueste por medidas proporcionadas. Tampoco establece un régimen legal aparte ni suma obligaciones de carácter general: se limita a precisar las consecuencias de trasladar las reglas actuales a la IA, sobre tres ejes, el riesgo, la proporcionalidad y la neutralidad tecnológica.

Uno de los bloques principales trata de lo que estos sistemas deducen sobre los individuos. La IA puede perfilar rasgos, anticipar conductas y adoptar decisiones automáticas que influyen, por ejemplo, en que a alguien le concedan un crédito, lo seleccionen para un empleo o le permitan acceder a un servicio. Según los Estándares, las inferencias, las predicciones y los perfiles son datos personales cuando remiten a una persona identificada o identificable. Quien los maneje ha de considerar el margen de incertidumbre que arrastran y no presentarlos como más ciertos de lo que son. Cuando, a partir de información aparentemente neutra, el sistema llega a conclusiones sobre la salud, la ideología o la orientación sexual, entra en juego la protección reforzada que corresponde a los datos sensibles.

Otro límite afecta a lo que está disponible en la red. El que un dato personal pueda consultarse libremente no habilita, por sí mismo, para entrenar con él un sistema de IA. Se necesita una base jurídica adecuada y ponderar qué cabía esperar razonablemente de quien lo difundió.

En materia de transparencia, anunciar que se emplea IA no siempre satisface la obligación de informar. Las organizaciones tienen que contar, en términos comprensibles, con qué finalidad usan el sistema, qué función cumple y qué efectos puede acarrear, y no pueden ampararse en el secreto empresarial para negarse. Los ciudadanos deben tener la opción de averiguar si sus datos han servido a un sistema de IA. Si se toma una decisión automatizada, pueden recurrirla, reclamar que intervenga una persona de verdad y ejercer sus derechos. El texto no admite como intervención humana efectiva la del revisor que se limita a ratificar lo que la IA sugiere.

Para los modelos que ya han sido entrenados, el documento prevé que, si no se pueden eliminar del todo los datos personales, la organización lo justifique, avise al afectado y aplique medidas como dejar esa información fuera de entrenamientos posteriores. Considera además contrarios a la protección de datos los sistemas concebidos para manipular mediante engaño, aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas o clasificarlas socialmente de modo discriminatorio.

El reparto de responsabilidades también figura en el texto. Un proveedor que quiera emplear los datos personales de sus clientes para entrenar o perfeccionar sus propios modelos requiere una habilitación jurídica adecuada y debe atender las obligaciones que de ella se derivan. Por su parte, quien utiliza una IA creada por terceros responde de los tratamientos en los que decide los fines y los medios esenciales, aunque no haya desarrollado ni entrenado el modelo.

Los Estándares incorporan asimismo pautas propias para la IA generativa y agéntica, la biometría, el reconocimiento de emociones y los neurodatos. Insisten en la protección de datos desde el diseño, la gobernanza, la calidad de la información, la supervisión humana y la evaluación y gestión de riesgos, con medidas ajustadas a cada caso.

Las autoridades miembros de la RIPD elaboraron el documento mediante un proceso de consulta y debate técnico, a partir de una primera versión del consultor experto Marcos Sánchez Acevedo. La Unión Europea lo ha financiado junto con la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dentro de la Alianza Digital UE-ALC. Se suma a los Estándares de Protección de Datos para los Estados Iberoamericanos, que ya recogían avances en IA, decisiones automatizadas, prevención de sesgos y gobernanza algorítmica.

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