El Supremo avala el trasvase Júcar-Vinalopó hasta 2032
El tribunal rechaza el último recurso de Xúquer Viu y confirma la sentencia que avala el plan para reducir la sobreexplotación de seis acuíferos.
El tribunal rechaza el último recurso de Xúquer Viu y confirma la sentencia que avala el plan para reducir la sobreexplotación de seis acuíferos.

El Tribunal Supremo da carpetazo al recurso de la asociación Xúquer Viu contra las reglas de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó, el mecanismo que permite sustituir progresivamente la extracción de agua de seis acuíferos sobreexplotados de los valles del Vinalopó en la provincia de Alicante por recursos del río Júcar.
La decisión da firmeza a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que avaló estas normas y refuerza el convenio firmado a finales 2023 entre el Estado y los regantes, respaldado también por otro pronunciamiento judicial. El Supremo ha inadmitido el recurso de casación sin tan siquiera analizar el fondo del asunto. El Supremo también impone a Xúquer Viu las costas procesales para cada una de las tres partes que se opusieron al recurso: la Abogacía del Estado, -en este caso también- la Generalitat Valenciana y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que son los principales beneficiarios del trasvase.
Agrupa a las comunidades de regantes de 52.000 hectáreas distribuidas en el Alto Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Baix Vinalopó, l' Alacantí y Albatera con un total de 20.000 usuarios.

Obras del postrasvase Júcar-Vinalopó / Alex Domínguez
La resolución no solo respalda la gestión de los regantes, también la impulsada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio para Transición Ecológica.
El sistema del trasvase Júcar-Vinalopó tiene un doble objetivo: garantizar agua para miles de hectáreas de regadío agrícola del interior de Alicante y recuperar las reservas subterráneas de las que depende el abastecimiento urbano de numerosas poblaciones del Vinalopó como Villena, Elda, Petrer o Sax, además de una parte del suministro de Alicante ciudad, San Vicente del Raspeig y El Campello a través de Aguas de Alicante.
El agua del Júcar para el trasvase agrícola del que dependen miles de regantes, es captada en el azud de la Marquesa, a escasos kilómetros de la desembocadura del río, en Cullera, no es apta para consumo humano y se destina al riego, lo que permite reducir la presión sobre los acuíferos.
La providencia del Supremo, fechada el 4 de noviembre y notificada a las partes la pasada semana, rechaza admitir el recurso de casación presentado por Xúquer Viu, un colectivo que cuenta con numerosas adhesiones de asociaciones ecologistas y agrupaciones de formaciones políticas al sur de la provincia de Valencia en defensa de la cuenca del Júcar, contra la sentencia dictada el 2 de junio por el TSJCV.
El Alto Tribunal considera que la asociación no ha justificado suficientemente los motivos para revisar aquella decisión. Contra esta resolución no cabe recurso. No es una decisión singular. Aproximadamente el 80 % de los recursos que se presentan en casación no superan ni este filtro de su admisión a trámite, como ha ocurrido en este caso.
La consecuencia es que adquiere firmeza el pronunciamiento que declaró ajustado a derecho el plan de explotación aprobado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en febrero de 2025. Se cierra así esta vía de impugnación contra las reglas que desarrollan la sustitución de bombeos y la recuperación de las masas de agua subterránea.
El origen del actual modelo se remonta a octubre de 2023, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar, la sociedad estatal Acuamed, que gestiona la infraestructura del trasvase y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja firmaron en el Teatro Wagner de Aspe el acuerdo para regular la explotación del trasvase durante una década.
El convenio, que modificaba el suscrito en 2007, estableció un calendario de suministro creciente de más de 278 hectómetros cúbicos hasta 2032, con una tarifa media prevista de 0,24 euros por metro cúbico vinculada al cumplimiento de los compromisos pactados. Este convenio consolidaba el funcionamiento del trasvase a pleno rendimiento frente a más de una década de envíos irregulares y a un precio que los regantes no podían asumir y que ahora subvencionado por el Estado.
El coste de trasvasar el agua desde Valencia al embalse de San Diego en Villena y amortizar la obra terminada en 2010 en la que se invirtieron más de 300 millones de euros -cien de fondos europeos- es muy superior al que abonan los agricultores, que como contraprestación renuncian a la extracción de agua de pozos. A esa inversión hay que sumar la llevada a cabo por la Generalitat para completar la infraestructura del postrasvase. Solo en el actual mandato más de 30 millones de euros. La empresa Acuamed tramita, además, la construcción de grandes plantas de energía solar en Valencia para reducir el coste energético del bombeo del trasvase, aunque siguen en fase de proyecto.
La programación contempla alcanzar un suministro mínimo de 34,14 hectómetros cúbicos anuales a partir de 2027, un volumen que se mantiene hasta 2032. A cambio de recibir estos recursos, los usuarios deben reducir las extracciones de agua subterránea. Ese suministro ha rozado los 40 hectómetros en los dos últimos años. Por ejemplo, en el actual están previstos más de 38 a pesar de los trabajos de reparación de varios tramos que paralizaron los envíos durante semanas.
Sin embargo, el convenio necesitaba unas reglas que determinaran cómo debía realizarse esa sustitución, qué cantidades podían seguir extrayéndose de los pozos y cómo avanzar en la recuperación de los acuíferos.

Azude la Marquesa, a escasos kilómetros de la desembocadura del Júcar en Cullera (València) y donde se capta los excendentes del río para trasvarlos a Alicante / INFORMACIÓN
La Confederación aprobó el 26 de febrero de 2025 el plan de explotación de seis masas de agua subterránea: Villena-Beneixama, Jumilla-Villena, Serral-Salinas, Sierra de Crevillente, Peñarrubia y Quibas.
El documento establece una reducción progresiva de las extracciones y su sustitución por recursos del Júcar, agua desalada y otras aportaciones alternativas. El Plan Hidrológico del Júcar calcula que se necesitan al menos 43 hectómetros cúbicos anuales de estos recursos para equilibrar el balance de las masas subterráneas.
La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, presidida por el ingeniero Ángel Urbina, señala que la aportación constante del trasvase y la sustitución de cada metro cúbico extraídos de pozos por el agua del Júcar ya se deja notar en el estado de las masas de agua subterráneas que están estabilizando su nivel -en volumen de agua total- y su calidad.

Obras del postrasvase en las inmediaciones de Novelda y Agost / Alex Domínguez
La primera resolución judicial relevante llegó el 22 de abril de 2026. La Sección Cuarta del TSJCV rechazó la pretensión de Xúquer Viu de anular el acuerdo de 2023 y confirmó la vigencia del convenio original de 2007 y su modificación posterior.
Aquella sentencia, sin embargo, dio parcialmente la razón a la asociación ecologista en otro apartado. Anuló dos autorizaciones de transferencia de agua concedidas por la Confederación en febrero de 2024 porque se habían aprobado sin disponer previamente del plan anual de explotación exigido por la normativa. Este instrumento no se aprobó hasta un año después.
El tribunal distinguió de este modo entre la validez del convenio que regula el trasvase y aquellas autorizaciones concretas de suministro, que consideró contrarias a derecho.
La segunda sentencia, como avanzó INFORMACIÓN, llegó el 2 de junio de 2026, cuando la Sección Quinta del TSJCV desestimó íntegramente otro recurso de Xúquer Viu, esta vez contra el propio plan de explotación aprobado en febrero de 2025.
La asociación cuestionaba que la Confederación pudiera regular las extracciones mediante este instrumento y defendía que debía recurrir a otros procedimientos previstos en la legislación de aguas. También rechazaba que se estableciera un calendario de suministro de diez años que superaba el periodo de vigencia del Plan Hidrológico 2022-2027.

Senda de suministro prevista del trasvase. Los 34 hectómetros son el mínimo. / INFORMACIÓN generada con IA
Los magistrados descartaron estas objeciones. Consideraron que el plan permitía desarrollar la sustitución progresiva de los bombeos prevista en la planificación hidrológica y que el calendario de suministro no había sido creado por las reglas impugnadas, sino por el acuerdo anterior de 2023.
La sentencia también admitió que se utilizaran los consumos reales de agua subterránea como referencia para calcular las reducciones de las extracciones, frente a la pretensión de Xúquer Viu de emplear exclusivamente las asignaciones previstas en el Plan Hidrológico.
Esta segunda resolución fue la que la asociación intentó llevar al Supremo. El Alto Tribunal ha rechazado ahora su recurso, al considerar que los argumentos presentados no justifican una nueva revisión judicial del caso.
El trasvase Júcar-Vinalopó es una infraestructura hidráulica de unos 95 kilómetros de longitud que permitirá transportar hasta 80 hectómetros cúbicos anuales desde el azud de la Marquesa, en Cullera (Valencia), hasta las inmediaciones de Villena, con el objetivo de sustituir extracciones de los acuíferos sobreexplotados. Su construcción costó más de 335 millones de euros, de los que 120 millones fueron financiados por la Unión Europea, sin incluir las inversiones posteriores en las redes de distribución del postrasvase. La conducción dispone de tuberías de hasta 1,9 metros de diámetro, dos túneles, cuatro estaciones de bombeo con una potencia instalada de 45 megavatios, tres balsas intermedias de regulación con una capacidad conjunta de 300.000 metros cúbicos y el embalse de San Diego, en Villena, con capacidad para almacenar 20 hectómetros cúbicos. Las pruebas de funcionamiento finalizaron en diciembre de 2010.
El proyecto contempla una superficie potencialmente beneficiaria de 52.399 hectáreas de regadío, distribuidas entre el Alto Vinalopó (18.057 hectáreas), el Vinalopó Mitjà (25.837), el Baix Vinalopó (500) y l'Alacantí (8.005), aunque esta extensión no equivale a la superficie que recibe efectivamente agua trasvasada, porque una parte relevante sigue autorizada a abastecerse de pozos. La Confederación Hidrográfica del Júcar cifra en más de 20.000 los regantes beneficiarios del convenio de explotación. El ámbito agrícola alcanza también tierras de Elche, a través de la SAT San Enrique, y de Albatera, además de los regadíos contemplados en l'Alacantí.
El trasvase tiene igualmente una repercusión sobre el abastecimiento urbano, al permitir reducir las extracciones de los acuíferos de los regantes que también se emplean para suministrar agua potable a numerosas poblaciones. Villena, Elda, Petrer y Novelda dependen exclusivamente de aguas subterráneas, mientras que Alicante, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d'Alacant y El Campello utilizan también recursos procedentes de los pozos del Alto y Medio Vinalopó, combinados con otras fuentes de suministro. Aguas de Alicante dispone para ello de una red de conducciones denominada La Traída, de unos 200 kilómetros, que transporta agua subterránea hasta el entorno de Sant Vicent y Alicante.
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