El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, vetó el viernes 13 de noviembre la ley que otorgaba a las autoridades nuevas facultades para bloquear contenidos dañinos en internet. La norma formaba parte de la adaptación del país a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea y había sido aprobada por el Parlamento en octubre. El veto deja sin aprobar esas herramientas, aunque Nawrocki firmó en septiembre otra parte de la reforma que designó a la Oficina de Comunicaciones Electrónicas (UKE) como coordinadora nacional de los servicios digitales.
El texto permitía a responsables de la UKE y del Consejo Nacional de Radiodifusión ordenar la retirada de contenidos con violencia o amenazas por motivos de raza, nacionalidad, etnia, religión o afiliación política. También contemplaba el bloqueo inmediato, a petición de la Fiscalía o de la policía, de contenidos relacionados con la aceptación de un encargo para cometer un asesinato o con la incitación o ayuda al suicidio o a las autolesiones.
Nawrocki sostuvo que las facultades eran demasiado amplias y podían abrir la puerta a la censura. El Gobierno, por su parte, ha afirmado que el veto deja a los jóvenes más expuestos a contenidos peligrosos. El primer ministro, Donald Tusk, criticó la decisión y el Ejecutivo anunció que preparará una nueva ley sobre seguridad en internet. El ministro de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, defendió que el Estado necesita herramientas para responder con rapidez a amenazas graves.
Krzysztof Bosak, vicepresidente del Sejm y uno de los dirigentes de Confederación, partido situado a la derecha de Ley y Justicia (PiS), centró sus críticas en los derechos de autor. En una entrevista en Polsat News, afirmó que las grandes corporaciones podrían beneficiarse de la gestión de esas reclamaciones mediante funcionarios de la UKE y reducir así los costes de acudir a los tribunales. También sostuvo que los contenidos pedófilos y terroristas ya son ilegales y que la policía los retira eficazmente. Son argumentos de Bosak sobre los posibles efectos de la normativa; no describen casos de aplicación de la ley vetada.
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