El Tribunal Militar Central ha ratificado la resolución del Ministerio de Defensa que avaló una sanción de dos años de suspensión de empleo al guardia civil que impartía clases de artes marciales en Coirós yque cesó abruptamente en el desempeño de esta labor por los desencuentros con políticos y técnicos que llevaron al Concello a ordenar en 2023 el desalojo de esta escuela de las instalaciones municipales. La sentencia no es firme y el acusado ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo.
En su resolución, el Tribunal Militar considera acorde a derecho la sanción impuesta en marzo de 2024 por una falta muy grave, consistente en "vulnerar las normas sobre incompatibilidades". La sala no ha aceptado ninguno de los alegatos del denunciado, que apeló sin éxito que había sido víctima de una investigación prospectiva y que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.
Según detalla la sentencia, el sargento era el presidente de un club de artes marciales que impartió clases en las instalaciones deportivas del Concello de Coirós entre 2019 y 2023 y que recibió subvenciones municipales por un montante de 16.985 euros. Durante esos años, el Ayuntamiento colaboró además con la adquisición de material para esta práctica deportiva. En sus declaraciones ante el Tribunal Militar, el edil de Deportes afirmó que este agente le había manifestado "que las clases serían gratuitas" y que "`por eso se le daban más subvenciones que a otras actividades", pero que posteriormente supo que, "en función de la edad, cobraban entre 20 y 25 euros mensuales por alumno".
El denunciante alegó que desarrollaba esta actividad como monitor "en el ámbito de un club deportivo que funciona sin ánimo de lucro" y que las clases impartidas eran gratuitas. Se trataba, subrayó, de una práctica no profesional, por lo que no vulneraba la normativa de incompatibilidades.
"No se sanciona al demandante por su vinculación con esta sociedad, sino por la actividad de profesor de artes marciales que ha venido desarrollando en la escuela de artes marciales de dicho club", replican los jueces, que argumentan que, en contra de lo alegado, las clases "funcionaron de una forma onerosa mediante el cobro de una cuota mensual", por lo que la actividad de monitor debe considerarse una actividad laboral.
Un "menoscabo" a la imagen de la Guardia Civil
Los magistrados consideran además que la condición de sargento de la Guardia Civil del acusado "condicionó el trato recibido por los responsables públicos": "Sintieron temor de que una negativa a facilitar instalaciones y servicios al club de artes marciales pudiese suponer una malquerencia por parte de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que es competente en su ámbito territorial", apuntan.
El demandado, concluyen, "se valió de su condición" de guardia civil "para relacionarse con las autoridades locales" y que "menoscabó" con su conducta "la imagen de la institución al desarrollar actividades con ánimo de lucro en localidades de reducida población, donde todas las personas relacionadas con las actividades conocían su condición de guardia civil"