El proyecto ha estado meses gestándose del único modo posible para los profesionales del mar embarcados en altura: la mensajería instantánea. De sus móviles, los mismos dispositivos que los mantienen amarrados de algún modo a tierra, desde la soledad o el cansancio en puentes de mando, salas de máquinas o camarotes, han salidos los hilos que tejen esta iniciativa pionera en el sector: la de la Unión de Marinos de Altura (UMA), una agrupación que aspira a ser mayoritario en la representación del personal que trabaja a bordo en aguas extranjeras, ya sea en buques mercantes o de pesca. «Queremos que nos escuchen. Nacemos para tener voz y poder mejorar las cosas», expone uno de sus promotores, José Luis Otero Santos, ex patrón de pesca del bacaladero Lodairo. UMA celebrará su asamblea constituyente el próximo viernes día 20 en el salón de plenos del Concello de Cangas, a partir de las 20 horas.
Son cuatro los pilares que han cimentado esta iniciativa, que habrá de ir cogiendo músculo con el tiempo, como prevén internamente: la fiscalidad, la seguridad a bordo, la formación y la colaboración. El primer punto, el fiscal, fue de hecho la mecha que prendió las ganas de crear UMA. «Sin duda, toda la cuestión del 7p ha sido clave y será nuestra primera reivindicación», indica Otero, en referencia al artículo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que fija exenciones fiscales hasta los primeros 60.100 euros para los trabajadores empleados por empresas no residentes y desplazados en el extranjero. La literalidad de la norma, que ningún Gobierno ha querido modificar —es una norma con más de 20 años—, deja fuera a cientos de marinos de compañías españolas, aunque solo operen en aguas de otros países, forzando un éxodo fatal de talento y la estampida de flota del censo nacional.
«Para nosotros es una prioridad, debe haber un incentivo que anime a ir al mar», abunda Otero Santos, que ya ha informado a confederaciones como la patronal Cepesca de la puesta en marcha de UMA. «Al final siempre se escucha a una parte, que es la de las empresas, y queremos tener voz. Iremos a muerte, con todo, con las empresas que lo hagan bien, pero también seremos contundentes con las que no. Debemos hacernos oír de algún modo». Por eso alude este profesional del mar a la colaboración, tanto institucional como con compañías privadas, para alcanzar la meta de «mejorar» las condiciones para los trabajadores, la vida a bordo y remar en favor de un futuro para los marinos, ya sean profesionales de la marina mercante como de pesqueros u otro tipo de buques civiles. «No nacemos para hacer confrontación, nacemos para mejorar», incide.
Seguridad y condiciones a bordo
Sin duda, la cuestión de la seguridad es capital, como también la de las condiciones de vida a bordo de un barco. UMA, por ejemplo, se incorporará a la pelea del sector pesquero, también defendida por el Ministerio de Pesca, para que los espacios donde viven los marineros no computen a efectos de capacidad o GT (Gross tonnage, arqueo bruto). «Nos enfrentamos a un sector que tiene problemas específicos según cada caladero, pero queremos hacer fuerza para que se pueda mejorar la habitabilidad y que no compute como GT». La adecuación de los protocolos de seguridad a las necesidades reales de los buques y sus trabajadores, lejos de los parámetros desfasados o inadecuados requeridos desde despachos, será otro caballo de batalla.
«Para nosotros —remacha Otero Santos— la formación es vital», por eso UMA trabajará para poder disponer de un local propio al que los afiliados puedan dirigirse y desde donde canalizar iniciativas específicas como cursos a bordo —protocolos antiincendios, por ejemplo— o teóricos. Será en la asamblea del día 20 —los promotores invitan a todas las formaciones políticas a participar del encuentro— donde habrán de ir tomando forma todas las estrategias de trabajo, de momento esbozadas muchas veces a cargo de tripulantes desde caladeros de NAFO, Malvinas o Namibia, o en medio de rutas comerciales desde el Índico o el Pacífico Sur.
A las puertas de unas elecciones generales, desde las entrañas de UMA tampoco eluden el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (Loreg), que no permite que personal embarcado en terceros países pueda emitir su voto. En Francia, por ejemplo, el Código Electoral habilita expresamente este derecho para tripulantes de buques mercantes o pesqueros de gran altura mediante la delegación por poderes al capitán de la embarcación, que queda encargado de remitir el sufragio al alcalde del municipio de empadronamiento por correo electrónico o fax. El voto por poderes existe también en Reino Unido, Bélgica o Países Bajos.
Los precedentes
La organización sindical o gremial de marinos no es nueva en otros países, aunque nunca había calado en España. Una de las referencias más conocidas, por sus indudables vínculos con la pesca española, es el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Argentina, cuyos estatutos incluyen a marineros de pesca, mercantes, remolcadores, dragas u otras embarcaciones. Beligerante y contestatario como pocos, el SOMU también participa en la negociación de convenios suprasectoriales. Estados Unidos (Seafarers International Union, SIU), Noruega (Norsk Sjømannsforbund), Indonesia (Kesatuan Pelaut Indonesia, KPI) o Portugal (Federação de Sindicatos dos Trabalhadores do Mar) cuentan con estructuras sindicales de fuerte implantación.