El Constitucional abordará el próximo lunes el recurso del Concello de Pontevedra contra Ence · Diario de Pontevedra · El Autómata
Lunes, 16 de noviembre de 2026
Portada de las 21:50
Todos los periódicos y la radio, en unoEscrito por IA a partir de 16 medios · Cómo se hace
Edición Galicia
Diario de Pontevedra · texto original · Pontevedra
El Constitucional abordará el próximo lunes el recurso del Concello de Pontevedra contra Ence
La Sala Segunda del tribunal se reunirá para resolver la demanda promovida por el Gobierno local para anular el fallo del Supremo que validó la prórroga de l...
La batalla judicial contra la permanencia de Ence en Lourizán está a un paso de afrontar un nuevo capítulo decisivo. Los seis magistrados que integran la Sala Segunda del Tribunal Constitucional se reunirán el próximo lunes para decidir de qué forma resuelven el recurso de amparo presentado por el Concello de Pontevedra, una reclamación que fue admitida en mayo de 2025 y que tiene como finalidad última revocar la sentencia del Tribunal Supremo que validó la prórroga de la concesión de la pastera hasta 2073.
La magistrada que ha evaluado el caso y que será la responsable de exponer una propuesta de resolución será la actual vicepresidenta del alto tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, una jueza que está vinculada al sector progresista de la judicatura española y que accedió al Constitucional en 2021 tras ser elegida por el Congreso de los Diputados a instancias del PSOE.
Cuatro de los seis magistrados son progresistas
La Sala abordará este asunto en el séptimo punto de un orden del día que comenzará a las 10.30 horas y que evaluará las reivindicaciones del Concello capitalino dentro de los temas a resolver por sentencia y, en particular, de aquellos que se someten a una primera deliberación.
La jueza Montalbán, integrante de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia desde 2021, expondrá su borrador de sentencia para someterlo a, renglón seguido, a la deliberación de los otros cinco magistrados: los progresistas María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Laura Díez, y los dos jueces adscritos al sector conservador Enrique Arnaldo y César Tolosa.
El debate puede dar lugar a varios supuestos. Por un lado, el borrador puede aprobarse por unanimidad o por mayoría, permitiendo a los magistrados disidentes formular votos particulares. Por otro, el texto puede ser rechazado, lo que implicaría nombrar a un nuevo ponente para redactar una resolución en sentido opuesto. Asimismo, si el debate se prolonga, la Sala puede decidir aplazar la votación.
Manifestación de trabajadores de Ence tras la anulación de la prórroga por parte de la Audiencia Nacional. GONZALO GARCÍA
Un caso de "especial trascendencia constitucional"
El Constitucional abordará las reivindicaciones del Concello después de haber rechazado (en 2024) otro recurso de amparo por el mismo asunto presentado por la Abogacía del Estado. La razón es que el alto tribunal apreció una "especial trascendencia constitucional" en el recurso municipal, en el que se denunció la supuesta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva durante el proceso judicial previo.
Concretamente, Pontevedra pide que el caso se devuelva a la Audiencia Nacional, cuya sentencia de 2021 llegó a declarar nula la concesión de Ence, pero apoyándose únicamente en el artículo 32.1 de la Ley de Costas, el cual establece que el dominio público marítimo terrestre solo puede ser ocupado por "actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".
El tribunal concluyó que la pastera no probó que su fábrica debiera estar obligatoriamente pegada al mar, pero el Concello defiende que aquel fallo dejó sin examinar otros cinco argumentos. Entre ellos destaca la ausencia de un concurso público tal y como exige la directiva europea de servicios, pero también el incumplimiento de normativas ambientales (como el Plan de Ordenación del Litoral y las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia), la falta de informes municipales preceptivos y la concesión de una moratoria de 60 años por parte de un gobierno en funciones (el de Mariano Rajoy en 2016).
Una prórroga que fue anulada en primera instancia y luego validad por el Supremo
La Audiencia Nacional emitió otras dos sentencias que también concluyeron anulando la prórroga de Ence en respuesta a los recursos presentados por Greenpeace y la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Sin embargo, Celulosas recurrió con el apoyo de la Autoridad Portuaria y empresas afines ante el Tribunal Supremo, cuyos magistrados terminaron dictando otras tres sentencias que revocaron los fallos de la Audiencia Nacional y validaron la prórroga.
El Supremo argumentó que las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988 pueden ampliarse si cuentan con informes medioambientales favorables, algo que considera que cumplió Ence al obtener su primera concesión en 1958 y recabar evaluaciones favorables de la Xunta de Galicia.
El principal escollo, según el Concello, es que en estos casos el Supremo tampoco estudió los argumentos municipales que habían quedado sin responder en la primera instancia, ni devolvió el caso a la Audiencia Nacional. Razón por la que acudió al Tribunal Constitucional alegando que esa doble omisión lo dejó en situación de indefensión y sin haber obtenido respuesta a todas las alegaciones de la demanda inicial.
Tres posibles escenarios distintos
La demanda del Concello fue elaborada por el despacho CCS Abogados que coordina el letrado Francisco Caamaño, exministro de Justicia durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El recurso llegó al Constitucional en septiembre de 2023 y su admisión a trámite se produjo en mayo de 2025.
Según indicó entonces el Gobierno local, el Constitucional puede anular la sentencia del Supremo y obligarle a emitir un nuevo fallo, retrotraer el caso a la Audiencia Nacional o rechazar el recurso. Este último supuesto pondría fin al litigio en España, dado que ninguna institución nacional puede anular sus decisiones, pero sin llegar a clausurar la contienda judicial. Al menos si se materializan las previsiones del Gobierno local, que ha anunciado en diversas ocasiones su disposición a escalar un peldaño hasta recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.