La Fiscalía pide cerrar San Lázaro II y 30 años para los responsables
La acusación solicita 30 años y seis meses para cada uno de los dos principales procesados. El juicio contra los siete acusados está señalado para el 20 de noviembre en Santiago.
La acusación solicita 30 años y seis meses para cada uno de los dos principales procesados. El juicio contra los siete acusados está señalado para el 20 de noviembre en Santiago.

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El club de alterne San Lázaro II, situado en San Marcos, en Santiago, permanece cerrado provisionalmente desde la operación policial de abril de 2023. La clausura definitiva todavía no se ha acordado: es una de las medidas que solicita la Fiscalía. El juicio contra los siete procesados está señalado para el viernes 20 de noviembre en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.
El Ministerio Público atribuye a siete personas la participación en una organización que, según su escrito, operaba desde 2014. Señala a un matrimonio como director del negocio: habría seleccionado a las mujeres, controlado su actividad y gestionado los beneficios. A ambos les imputa tres delitos de prostitución coactiva, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales; a los otros cinco procesados les atribuye distintos grados de participación, incluida la distribución de cocaína.
La Fiscalía sostiene que la organización se aprovechaba de la vulnerabilidad económica, administrativa y personal de algunas mujeres. Según la acusación, debían pagar 30 euros por acudir al establecimiento y otros cinco por cada servicio; también podían recibir multas por retrasos, ausencias o incumplir las normas. El escrito afirma que algunas eran obligadas a mantener relaciones sexuales y realizar prácticas que no querían, bajo amenazas y vigilancia.
En los registros realizados en el club y en varios domicilios el 30 de abril de 2023 se intervinieron 40.147,61 euros. El Ministerio Público vincula ese dinero a los delitos investigados y sostiene que parte de los beneficios se empleó en comprar fincas rústicas en el entorno de Santiago, inmuebles en Portugal y vehículos. Para las tres mujeres identificadas como víctimas en la causa, reclama indemnizaciones de 15.000 euros cada una. También pide el decomiso de bienes y el cierre permanente del local.
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