En 1997, el Ayuntamiento de A Coruña concedió una licencia ilegal para realizar obras en la antigua sede de Fenosa en la calle Fernando Macías, y, casi treinta años después, el asunto sigue en los tribunales. El arquitecto Valentín Souto y su esposa pleitearon durante años contra diferentes Gobiernos municipales, en un proceso en el que los tribunales le dieron reiteradamente la razón: había que derribar y reconstruir parcialmente el edificio,actualmente ocupado casi completamente por viviendas, para retrotraerlo a lo establecido en la normativa, además de abonar el realojo de vecinos e indemnizaciones.
La obra tendría un coste inmenso, que se aproximaría a los 60 millones de euros, y, finalmente, el Concello llegó en 2019 a acuerdos con los denunciantes y los vecinos para evitarla. Pero parte de los acuerdos no se han cumplido: el edificio de 50 viviendas que el Concello debía levantar en Xuxán aún no está terminado, y la declaración de la antigua sede de Fenosa como edificio singular sigue sin concretarse. El Tribunal Supremo ha decretado que la Justicia debe revisar el cumplimiento.
Puntos cerrados
Parte de las condiciones ya se cumplieron. El acuerdo, al que se llegó con el Gobierno local de Marea Atlántica, incluía un "reconocimiento público" por parte del Ayuntamiento de que, entre otros puntos, era responsable de la ilegalidad urbanística, y que los recurrentes actuaron "en defensa de la legalidad y los intereses generales", por lo que sufrieron "daños y perjuicios".
Por estos "daños morales de carácter personal", el Concello acordó compensarlos con cerca de tres millones, que se les pagaron poco después; Souto insiste en que no reciben el dinero a cambio de no instar a la ejecución de la sentencia que obligaría a la demolición, sino por los perjuicios padecidos durante el proceso. El Gobierno municipal también aceptó adoptar un Protocolo de Buenas Prácticas Urbanísticas: se publicó en marzo de 2019, aún con Marea Atlántica.
Un edificio que tardará más de una década
Ese año llegó a la Alcaldía la socialista Inés Rey, y el nuevo Ejecutivo municipal quedó pendiente del cumplimiento del último, y principal, punto del acuerdo: la construcción de un edificio de viviendas de protección oficial en una parcela municipal de Xuxán. El inicio del concurso debería haberse producido "con carácter inmediatamente posterior a la homologación" del acuerdo en sede judicial, pero pasaron los años sin noticia. El Gobierno local no contrató la redacción del proyecto hasta diciembre de 2020, este no se presentó hasta febrero de 2022, y la adjudicación no llegó hasta finales de 2024. La fecha de finalización del edificio, que incluirá 50 viviendas de alquiler social, está prevista para otoño de 2027, más de una década después del acuerdo.
En 2024, según adelantó este diario, Souto interpuso una demanda para que se ejecutase el acuerdo. Según explica a este diario, "era una evidencia constatable in situ que no se había construido el edificio de 50 viviendas sociales", y "ni siquiera se había aprobado el proyecto arquitectónico, ni se habían contratado las obras y mucho menos se habían iniciado". El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó la demanda, pero el arquitecto recurrió y el Tribunal Supremo ha determinado que el Superior debe controlar judicialmente el cumplimiento del acuerdo. Además, Souto recuerda que para el edificio se consiguieron fondos europeos de cerca de 2,5 millones de euros que tenían un plazo de finalización. Como "es una evidencia" que el 30 de junio de 2026 la obra no estaba acabada, considera que se perderán ayudas de la UE.
Cambio normativo pendiente
Y hubo otro acuerdo con los vecinos del edificio. Incluía mantener el edificio y bases para la compensación a los vecinos, y se aprobó el procedimiento para abonar 880.000 euros a 94 de ellos. También un protocolo de buenas prácticas y el reconocimiento público por parte del Ayuntamiento de que los habitantes del inmueble fueron "víctimas directas y grandes perjudicados" por las consecuencias de la ilegalidad. También la modificación del planeamiento urbanístico para incluir el inmueble como "edificio singular" y darles a los residentes "tranquilidad y seguridad jurídica". Es decir, el Concello debía impulsar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Coruña en tres meses para blindar el edificio.
Este diario no ha podido obtener la versión de los vecinos, que no han querido hacer declaraciones sobre las acciones emprendidas tras la firma de los acuerdos de mediación, pero la modificación del plan general nunca se llevó a cabo. El Concello envió a la Xunta una propuesta que incluía cambios para cumplir el pacto, y la Consellería de Medio Ambiente dio vía libre al Ayuntamiento para la modificación, aunque indicó al Concello que revisase el catálogo de bienes protegidos incluido en el propio plan general con el fin de “identificar todos los bienes culturales que puedan verse afectados" por el cambio urbanístico. Fuentes del Gobierno local indican que la modificación "lleva bastante tiempo en marcha" y que, aunque no se haya aprobado ningún "nuevo paso administrativo", se está "trabajando" en el asunto, que "lleva tiempo".
"Ni el edificio de 50 viviendas sociales ni la modificación puntual del PGOM necesaria para poder legalizar el antiguo edificio Fenosa se han finalizado, cuando han transcurrido 7 años y 9 meses desde la firma de los acuerdos de mediación", protesta Souto, que reivindica que el Supremo certifica que "al no haberse cumplido los acuerdos de mediación", la sentencia sobre el edificio aún no se ha ejecutado.