La negativa de una vecina a abandonar su piso del barrio de San Antón en Elche bloquea la demolición y el bipartito le da un ultimátum · Información · El Autómata
Lunes, 16 de noviembre de 2026
Portada de las 21:20
Todos los periódicos y la radio, en unoEscrito por IA a partir de 8 medios y 2 radios · Cómo se hace
Edición Elche
Información · texto original · Elche
La negativa de una vecina a abandonar su piso del barrio de San Antón en Elche bloquea la demolición y el bipartito le da un ultimátum
Ruz dice que el 10% que se incrementa el coste de la construcción de 45 viviendas no repercutirá en los vecinos, y Soler lamenta la "inseguridad jurídica" con la subida de precios .
Ruz dice que el 10% que se incrementa el coste de la construcción de 45 viviendas no repercutirá en los vecinos, y Soler lamenta la "inseguridad jurídica" con la subida de precios Foto: vía Información
Nueve meses después de que las excavadoras comenzaran a derribar los edificios más deteriorados del barrio de San Antón en Elche,la negativa de una vecina a abandonar su piso mantiene bloqueada desde hace meses una parte de la regeneración urbana del barrio. La mujer reside sola en el bloque ya vacío, y declarado en ruina, como confirmó el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, pese a disponer de una vivienda nueva asignada en el barrio. Una "obcecación", como la definió el alcalde, Pablo Ruz, que lleva a lastrar el proceso, hasta el punto de que el Ayuntamiento ha terminado por lanzar un ultimátum: si no acepta trasladarse en los próximos días, recurrirá al desalojo forzoso para echar abajo los dos bloques pendientes.
Así lo expusieron este viernes desde el bipartito de PP y Vox y Pimesa durante la presentación de las cuentas de la empresa municipal para 2027. Martínez confirmó que se está preparando el acta de ocupación vinculada al procedimiento de expropiación para poder intervenir si persiste la negativa.
El conflicto afecta a los bloques 12 y 13, los dos únicos que permanecen pendientes dentro de un contrato de demolición que comprende cuatro edificios y que fue adjudicado por aproximadamente 750.000 euros. Los trabajos arrancaron el pasado febrero con el derribo del bloque 11, al que le siguió el 14, mientras los otros dos inmuebles permanecían condicionados por las situaciones de ocupación así como por trámites administrativos y judiciales.
Realojo
Desde Pimesa expusieron que el caso más complejo que impide completar la operación es el de la mujer con derecho a realojo que continúa viviendo sola en un edificio prácticamente deshabitado porque rechaza las gestiones municipales para facilitarle el traslado. Los responsables de la empresa concertaron diferentes citas para acompañarla a conocer su futura vivienda, aunque estas se han ido aplazando. Desde la empresa pública apuntaron que se dan circunstancias personales detrás de su resistencia, aunque evitaron concretarlas para preservar la intimidad de la residente.
No obstante, la situación ha agotado la paciencia del Ejecutivo local. Ruz respaldó la posibilidad de recurrir a la vía legal y reprochó que una única persona esté condicionando la actuación. "Lo que no puede ser es que supeditemos la demolición de un bloque a la voluntad absolutamente irresponsable de una persona", manifestó el regidor, quien insistió en que no se está planteando dejarla sin alternativa habitacional, sino hacer efectivo el traslado a una vivienda que ya tiene asignada.
La situación del segundo inmueble pendiente es diferente. En este caso, una persona ocupa una vivienda sin disponer de título de propiedad, aunque los responsables de Pimesa aseguran haber alcanzado un entendimiento para facilitar su salida y que el ocupante se ha comprometido a abandonar el edificio cuando vaya a ejecutarse el derribo, por lo que considera que este asunto está prácticamente encauzado.
Esta situación contrasta con la incertidumbre que rodeaba ambos inmuebles a principios de año, coincidiendo con el inicio de las demoliciones, cuando el bipartito elevó a tres los casos y varios procedimientos pendientes de resolución judicial. El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, explicaba durante aquella visita que los expedientes se encontraban muy avanzados, aunque advertía de que no se podría actuar hasta completar los trámites como la resolución de escrituras y justiprecios asociados a las expropiaciones. Ahora, a nivel municipal, consideran encauzados prácticamente todos aquellos obstáculos para transformar la fachada norte del barrio tras cerca de dos décadas de reivindicaciones.
La previsión actual es que los dos edificios restantes puedan demolerse durante el primer trimestre de 2027, siempre que se complete la salida de los últimos residentes. El gerente de Pimesa destacó, además, el trabajo de acompañamiento social desarrollado durante la regeneración de San Antón, donde se han gestionado los realojos de residentes de más de 300 viviendas. Según explicó, la mayoría de las situaciones se han resuelto mediante el traslado a los nuevos bloques, el alquiler social u otras alternativas habitacionales.
Otros 3,4 millones
El bloqueo de los derribos coincide con la presentación del programa económico de Pimesa para el próximo ejercicio, que reserva 3,4 millones de euros para continuar la regeneración. Pimesa prevé contratar durante el primer trimestre de 2027 la redacción del Programa de Actuación Integrada para reordenar los solares resultantes de la demolición de los bloques 11, 12, 13 y 14.
Parcela donde se construirá el bloque de 45 viviendas en el barrio de San Antón de Elche. / Héctor Fuentes
El objetivo es disponer de una gran parcela reorganizada urbanísticamente para impulsar las siguientes fases que continúan condicionadas a la disponibilidad de financiación pública. Hasta la fecha se han construido 328 viviendas dentro del proceso de renovación de San Antón, mientras que alrededor de otras 600 permanecen pendientes de desarrollar.
En otro orden de cosas, entre las actuaciones previstas figura la demolición del bloque 8 de la calle Palombar, desalojado en abril de 2025 por el riesgo de colapso, así como el impulso del nuevo edificio de 45 viviendas protegidas destinado a facilitar el realojo definitivo de las familias afectadas. Después de quedar desierta la licitación, y que el consejo de administración de Pimesa acordara revisar al alza un 10 % el presupuesto, Ruz aseguró que la subida no se repercutirá a las familias beneficiarias, sino que mantendrán las condiciones económicas pactadas inicialmente. Aprovechó nuevamente para cargar contra el Gobierno central por la falta de implicación.
El esquema de financiación aprobado contemplaba una aportación de 2,5 millones de euros de la Generalitat Valenciana, equivalente al 42,97% del total; otros 1,9 millones correspondientes a los vecinos, el 33,43%; y alrededor de 1,3 millones del Ayuntamiento, que aportaba el 23,59% restante.
Giro de guion
Con este giro de guion, pasando de una inversión prevista de 4,6 millones a 5,3, la inyección correrá a cuenta del Consistorio y el Consell sin quedar claro el reparto. Soler atribuyó el fracaso del concurso a la subida de los precios de la construcción e incluso lamentó la "inseguridad jurídica y económica" que genera la situación, rechazando expresamente que la ausencia de ofertas se deba a una deficiente planificación técnica o a un cálculo incorrecto del presupuesto inicial.
El vicealcalde aseguró que algunas empresas que habían mostrado interés inicialmente se encontraron con un incremento de los costes en cuestión de semanas, lo que habría desincentivado su participación.
Cuando salga adelante la construcción, se dispondrá de 74 viviendas para atender las necesidades de las familias afectadas por el bloque 8. Una veintena corresponden al edificio 4, nueve son viviendas municipales situadas en los bloques 2 y 3 y las 45 restantes se construirán en el nuevo edificio 5.