En Elche, la ordenanza municipal de limpieza permite imponer multas de hasta 750 euros cuando un perro ensucia la vía pública, pero no obliga de manera general a que su responsable vierta agua sobre la orina. La sanción no es automática por una micción en la acera: el importe depende de la conducta y de la calificación de la infracción. El límite de 750 euros corresponde al máximo contemplado para estos supuestos.
La normativa local delimita los espacios donde los animales no pueden hacer sus necesidades. Las restricciones incluyen zonas de paso, de estancia o de juego, además de ciertos elementos del mobiliario urbano y de las edificaciones. Por tanto, que no haya una obligación municipal general de llevar una botella no significa que cualquier lugar sea válido ni elimina la responsabilidad por dejar sucia una zona compartida.
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales añade obligaciones estatales. Quienes se hacen cargo de un perro deben evitar que este deposite orina o excrementos en lugares de tránsito habitual, entre ellos fachadas, puertas y accesos a establecimientos. Si el animal ensucia, la ley exige retirar esos restos o limpiar la zona con productos biodegradables.
Las exigencias varían entre municipios. Una comparación de las ordenanzas de doce grandes ciudades realizada por la Guía Praluno señala que Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Alicante y Valladolid obligan a diluir o limpiar con algún líquido las micciones de los perros. En Elche, la obligación municipal específica de usar agua no existe, pero sí rigen límites sobre dónde pueden orinar los animales y deberes de limpieza establecidos por la normativa estatal.
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