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Lunes, 16 de noviembre de 2026
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Loteros de Alicante y Elche llevan a los tribunales las comisiones de los décimos congeladas dos décadas: "Estamos con el agua al cuello"
Cinco administraciones de la provincia entre 200 del país participan en una demanda admitida a trámite que reclama anular cláusulas contractuales y compensaciones económicas.
"Estamos con el agua al cuello". Miguel, nombre ficticio para preservar su identidad, es un lotero de Elche que, junto a otros 200 compañeros con administraciones repartidas por todo el país, ha presentado una demanda conjunta contra la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para reclamar una revisión de las condiciones contractuales y económicas que regulan su actividad. Entre los demandantes figuran al menos cinco administraciones de la provincia de Alicante que se han sumado a una ofensiva judicial con la que el sector pretende poner fin a lo que considera una relación comercial desequilibrada, todo en una batalla de los puntos de venta por mejorar con unas comisiones prácticamente congeladas durante más de dos décadas.
La ofensiva judicial, dirigida por la abogada María Dolores Abad Rodríguez, del despacho Abad & Rodríguez Abogados, ya ha sido admitida a trámite en la plaza número 3 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, según confirma la letrada a INFORMACIÓN. El procedimiento, identificado con el número 796/2026, fue presentado la pasada primavera y actualmente está pendiente de la celebración de la audiencia previa.
La demanda solicita la nulidad de determinadas cláusulas que los administradores consideran abusivas, una compensación por los perjuicios económicos sufridos y, subsidiariamente, el reequilibrio de los contratos. La abogada explica que la reclamación va mucho más allá de actualizar las comisiones y pretende revisar las obligaciones que soportan los establecimientos frente a las posibilidades comerciales que les ofrece Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
"Estamos hablando de comisiones, inversiones, costes de personal, locales, exclusividad y riesgos que asumen los titulares", resume Abad, quien considera que el modelo contractual no se ha adaptado al incremento de los gastos ni a los cambios experimentados por el mercado.
Poner coto a los puntos mixtos
Uno de los principales frentes de la demanda civil es la proliferación de establecimientos mixtos, como papelerías, ferreterías y otros comercios que cuentan con terminales para vender juegos del Estado sin dedicarse exclusivamente a esta actividad. Sobre esta cuestión, la abogada cuestiona que estos puntos puedan comercializar productos tradicionalmente vinculados a las administraciones integrales, que deben asumir mayores obligaciones para mantener sus establecimientos, y que no haya criterios de distancias mínimas acordados.
El conflicto se ha intensificado especialmente, indica, con la Lotería de Navidad, después de que los puntos mixtos también comercialicen estos décimos impresos. A su juicio, la situación resulta especialmente perjudicial cuando estos establecimientos se encuentran próximos a administraciones tradicionales. Este tipo de negocios se han quedado excluidos de la demanda que pretende revisar las condiciones de exclusividad y competencia que afectan a los establecimientos integrales.
Paralizadas
En cualquier caso, la principal reivindicación económica sigue siendo la actualización de unas comisiones que, según denuncia el sector, apenas han mejorado desde 2004. Un administrador de lotería de Elche que participa en la reclamación, y que prefiere mantener el anonimato, asegura que numerosos compañeros atraviesan una situación límite porque sus condiciones van a peor. "Yo jamás había visto tantas administraciones de lotería a la venta como en la actualidad", advierte, mientras reivindica "algo digno, que nos suban las comisiones y dejar de ser esclavos. Que tengamos un trabajo en el que, ya que estamos echándole horas, por lo menos nos rente", expone.
Traslada que el ejemplo más representativo de la falta de ingresos viene con la Lotería de Navidad. Por cada décimo de 20 euros vendido, los establecimientos han venido percibiendo 80 céntimos, una cantidad que aumentó hasta los 90 céntimos tras la última actualización en las comisiones, que pasaron del 4 % al 4,5 %, y que los afectados consideran irrisoria en comparación a cómo ha subido el coste de la vida. Insiste en que de los ingresos que perciben deben sufragar el alquiler, la electricidad, las nóminas, las cotizaciones sociales y los seguros.
Profesionales rechazan, además, la creencia de que las administraciones sean negocios especialmente lucrativos. "La gente se piensa realmente que somos ricos, y rico puede ser el dueño de Doña Manolita y dos más. Los demás somos autónomos que tenemos un negocio y un sueldo normal", reprocha el lotero ilicitano. En los últimos tiempos se han sucedido movilizaciones y administradores de la provincia ya han alertado de que los alquileres han aumentado un 50 % en la última década y que los gastos informáticos, suministros y programas de gestión también se han encarecido considerablemente.
Indemnización
La abogada sitúa parte del origen del conflicto en la transformación del modelo contractual de las administraciones, especialmente a partir de los cambios introducidos en 2012, cuando las administraciones tradicionales pasaron de funcionar bajo un régimen concesional administrativo a mantener una relación de carácter mercantil con la sociedad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda. Considera que las nuevas condiciones mercantiles incrementaron la dependencia de los establecimientos respecto a SELAE sin garantizar una correspondencia económica adecuada.
La demanda, de unas 40 páginas, según la letrada, utiliza como documentación los propios contratos y circulares de la sociedad estatal. Además, prepara informes periciales para individualizar los posibles perjuicios de los más de 200 demandantes.
El despacho también contempla ampliar el número de administraciones participantes, mientras avanza un procedimiento que busca no solo revisar los contratos, sino reclamar cantidades por los daños que los demandantes atribuyen a sus condiciones.
La venta online y las limitaciones
Otro de los puntos de fricción es la competencia de la plataforma digital de SELAE. Administradores exponen a este diario que la sociedad estatal comercializa directamente los mismos productos mientras limita las series.
"Nos están denegando consignaciones, pero luego ellos sí que ponen esa consignación en venta en la página web", reprochan desde el sector. La abogada incorpora otra dificultad: restricciones para disponer de terminales adicionales cuando las administraciones registran una elevada demanda. Según denuncia, algunos establecimientos llevan meses solicitando nuevos equipos sin obtener autorización, una circunstancia que, a su juicio, limita su capacidad de venta y puede generar pérdidas económicas.
Una administración de loterías de Elche en imagen de archivo. / Matías Segarra
Abad también cuestiona la transparencia del sistema de facturación y sostiene que resulta difícil comprobar los importes percibidos por cada administración sin disponer de información económica suficientemente desglosada. Por ello, afirma haber solicitado documentación contable a través del Portal de Transparencia.
Seguros de 2.000 euros
La reclamación, asimismo, pone el foco en los gastos y las obligaciones que SELAE impone a los establecimientos. Entre ellos figuran los seguros vinculados a la actividad. El administrador de Elche asegura que abona unos 2.000 euros anuales por una póliza que, según explica, beneficia a la sociedad estatal en determinadas circunstancias.
La demanda se desarrolla en paralelo a otras iniciativas del sector, como la vía extrajudicial de conciliación y mediación promovida por la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL) para reclamar una actualización de las comisiones. Este diario ha intentado contactar con la asociación, así como tener una valoración de la demanda por parte de SELAE, sin éxito.